La información de que el exministro Diego Palacio Betancourt, uno de los altos exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe condenados, estaría pensando en acogerse a los beneficios de la justicia transicional acordados entre el Gobierno y las FARC generó molestias y reacciones de todo tipo en el Centro Democrático.No es para menos. El uribismo ha rechazado sistemáticamente la jurisdicción especial de paz que el Gobierno y las FARC acordaron en La Habana para sancionar los graves delitos cometidos por la guerrilla en medio siglo de conflicto.Ese acuerdo también contempla un componente diferenciado, según lo ha explicado el gobierno, que acogerá a militares y policías que hayan cometido delitos en el marco del conflicto.Sin embargo, el caso del exministro Palacio es bastante particular al tratarse de un civil que ninguna relación ha tenido con el conflicto. Su intención de acogerse a esos beneficios puede obedecer al desespero con el que, según sus cercanos, ha afrontado la privación de la libertad.Hay una información, aún no confirmada, de que el exministro Palacio habría tenido algún contacto con Álvaro Leyva y el abogado de las FARC, Enrique Santiago, quienes le habrían dibujado esa posibilidad. Se dice que podría ser una estrategia para sumar al uribismo al proceso de paz, y el exministro, pensando más en su situación, la contemplaría como una buena posibilidad.La otra que analiza el exministro Palacio proviene del uribismo. El senador Alfredo Rangel le envió el borrador de lo que sería un proyecto de reforma constitucional para crear un tribunal de paz exclusivo para civiles y militares que no hayan tenido vínculos con organizaciones terroristas.En diálogo con Sermana.com, Rangel explicó la columna vertebral de este nuevo tribunal de paz, contenido en el proyecto que está diseñando, que presentará al Congreso el próximo mes de marzo.“Lo que estamos analizando es la propuesta legal para crear un tribunal distinto al que se ha creado para la guerrilla. Este sería exclusivamente para militares y civiles, sería independiente, garantizará el debido proceso”, explica Rangel.Este tribunal contemplaría penas de hasta cinco años de prisión para civiles y militares. Y quienes sean procesados podrían quedar en libertad provisional mientras se les define su situación.Este nuevo tribunal, además, tendría la facultad de revisar sentencias ya impuestas por la justicia colombiana, o asumir procesos que estén en curso pero que aún no hayan derivado en condenas. “Sería totalmente diferente al que se acordó en La Habana. Creemos que no se deben mezclar en el mismo saco la guerrilla, los militares y los civiles”, aclaró.Para Rangel, la propuesta del Centro Democrático, que hasta el momento se desconoce en quién esté pensada, garantizará que no habrá impunidad, pues a diferencia de lo que se acordó en La Habana “no basta con reconocer un delito para que ningún criminal pise un solo día de cárcel”.Según el senador, el exministro Palacio ha hecho algunos “comentarios positivos” a la propuesta, y aclaró que esta se debe ver a la luz de las reformas contempladas para poner fin al conflicto.Es probable que el uribismo presente esta iniciativa y que llegue a acuerdos con el Gobierno en torno a ella. Por lo menos Rangel invita al Ejecutivo para que sea en el Congreso donde se discuta con garantías, y no se archive sin debates por provenir de la oposición."En el Congreso buscaremos estos acuerdos. No queremos hacer tratos detrás de las costosas cortinas de la Casa de Nariño ni comer almendras”.La propuesta parece utópica, pero podría ser una alternativa para que el uribismo se sume al proceso de paz.