Indignación nacional es lo que ha producido la reciente denuncia de un presunto abuso sexual contra 21 menores en el Centro Infantil Pequeños Exploradores, en el barrio Santa Cruz, de la Comuna 2 de Medellín, hecho que ha afectado la vida de estos niños y sus familias que claman por justicia.
De acuerdo a las evidencias de esta lamentable historia, el caso empezó con el testimonio de dos pequeños abusados. Sin embargo, tras activarse la ruta de protección, las denuncias aumentaron a 14. Y, según pudo establecer SEMANA, ya son 21.
Es así como en medio del proceso de investigación, las autoridades descubrieron las posibles irregularidades del operador Coomulsap, que presta el servicio desde 2012 y que habría callado de manera cómplice al conocer la denuncia que hizo el 19 de junio Luisa*, madre del primer menor abusado; irregularidades que María Teresa Gómez Salazar, representante de la cooperativa Comulsap, en entrevista con Blu Radio negó, al indicar que la entidad está trabajando con transparencia, y solo estaban esperando los tiempos para entregar la información a la Fiscalía.
“Estamos actuando con transparencia y celeridad. Estábamos en los tiempos para entregar toda la información a la Fiscalía”, aseguró la mujer a Blu Radio.
La principal responsable de negligencia por no hacer las denuncias, de acuerdo con la investigación, sería una profesora a quien contactaron inicialmente y que, al parecer, no hizo nada; esto teniendo en cuenta que se no prendió ninguna alarma, como obliga la ley, y se negó a dar la identidad del presunto abusador, quien según se conoció, era el encargado del manejo de alimentos en el centro infantil, un hombre mayor, con quinto grado de escolaridad, que responde al apodo de Manolo.
Por el contrario, trataron de transar de manera directa con Luisa, la madre de uno de los niños abusados, quien reprochó el intento de encubrir al presunto abusador e hizo la denuncia en un chat que comparten los padres de familia. Ahí se destapó el escándalo que hoy conmueve al país.
El mensaje señalaba: “Buenas noches, mamás. Soy la mamá de Sergio, quiero contarles que en este momento mi hijo se encuentra hospitalizado por abuso sexual y esto ocurrió en el Centro Infantil Pequeños Exploradores en el grupo de la profesora (...). La razón por la que les hago saber esto es para que indaguen si a alguno de sus hijos le sucedió algo similar. Por mi parte, estoy haciendo toda la gestión necesaria para que el caso de mi hijo no quede en la impunidad. Si desean corroborar que lo que les digo es cierto, escríbanme y le tomaré una foto de la historia clínica de mi hijo”. (Ver imagen).
La respuesta de la profesora en ese chat resultó desconcertante. Envió un mensaje diciendo que seguían las investigaciones, que se desconocía lo ocurrido, el lugar y la persona, y agregó: “Se continuará prestando el servicio con el compromiso y garantía de derechos”.
Incluso, la maestra envió un audio, en poder de SEMANA, en el que dijo: “Hubieron (sic) unos comentarios de una mamá que compartió una información que desconocemos, ¿por qué lo está haciendo? (...) Están tratando de dañar el buen nombre del centro infantil”.
La inesperada respuesta de quienes se supone deben ser los primeros en prender las alarmas y tomar cartas en el asunto para esclarecer los hechos y con ello, no poner en riesgo la integridad de más menores, dejó en evidencia la falta de compromiso por la seguridad de los niños al no solo ocultar la identidad de Manolo, sino al poner en duda la delicada denuncia y acusar a la madre del menor, de pretender afectar al centro infantil.
Lo más preocupante es que el sitio duró diez días más prestando el servicio, escondiendo la tragedia, hasta el 29 de junio que la administración municipal intervino.
El caso ha provocado repudio. El presidente Iván Duque aseguró que lo hecho por estas “bestias malnacidas no quedará impune”. La Fiscalía tomó medidas inmediatas y ya hay un investigador exclusivo para este caso. La Procuraduría constituyó una agencia especial para hacer seguimiento mediante los procuradores judiciales de familia en Medellín.
*Nombres cambiados para proteger la identidad de las víctimas