SEMANA: ¿Qué piensan ustedes después de haber escuchado en la JEP la versión de Carlos Lozada sobre el magnicidio de Álvaro Gómez?
E.G.: El señor lo que hace en general es replicar una serie de razones improbables como móvil y entrega una razón improbable para explicar lo que posiblemente hubiera sido uno de los mayores logros de una organización terrorista: asesinar vilmente a un hombre indefenso que representaba su pensamiento cómo era Álvaro Gómez. El circo de la JEP sigue operando. Ya vimos en el Congreso a los miembros de oficio del bufete de abogados de Santrich condecorando a la presidenta de la Jurisdicción que lo dejó escapar y todo eso se va sumando, todas esas ridiculeces.
SEMANA: ¿Qué otras dudas le quedaron sobre la versión de Lozada?
E.G.: Yo he logrado el análisis judicial posterior cuidadoso a través del ejercicio de la contradicción que no se hará ahí. Esto es un favor y carece de fundamento en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo, lugar. No dijeron cosas importantes. ¿Cómo pagaron el crimen? ¿Quién produjo las armas? ¿Quién hizo la famosa vigilancia o la inteligencia para el homicidio? ¿Cuál era la ruta de escape? ¿Dónde se escondieron los sicarios? ¿Por qué esos sicarios y no otros, pensando en una organización que está llena de homicidas? Le queda a uno el sabor de una lagartada echa a favor de un amigote. Yo no lo he superado. Ese sabor me sigue quedando en la boca.
SEMANA: ¿A quién le estarían haciendo ese favor las Farc haciéndose responsables del asesinato de Álvaro Gómez?
E.G.: Obviamente que eso es un mandado clarísimo para usar las concesiones que la sociedad colombiana les dio a las Farc en relación con la total impunidad con respecto a hechos violentos. Quieren entrabar, desviar e impedir el avance de las investigaciones que por 12 años lleva bajo un nuevo radicado la Fiscalía, y ya lo lograron. De hecho, la investigación se encuentra paralizada en la Fiscalía por cuenta de esta artimaña, que es un uso o un abuso tanto de los acuerdos de paz como de las reglas constitucionales que amparan a la JEP. Entonces el beneficiario directo de esta nueva investigación es evidentemente el señor Ernesto Samper, jefe de Gobierno de cuando Álvaro Gómez fue asesinado.
SEMANA: Lozada dice que Álvaro Gómez sería el responsable del conflicto que dejó miles de víctimas en Colombia e incluso menciona a Laureano Gómez…
E.G.: Por eso. Entonces, un día en octubre, el señor dijo: ahora sí, matémoslo. Clarísimo. ¿Le parece claro? ¿Un factor de decisión de la organización criminal? Si ese señor lleva tiempo diciendo falsedades tras falsedades e infamias. Porque esto además sale bien cuando ustedes, la prensa, repiten esas sandeces solo para acabar con la imagen de Álvaro Gómez, un gran demócrata, un hombre de comportamiento impecable en el Congreso, de transparencia moral. Entonces ustedes van y repiten y les dicen a los jóvenes que Álvaro Gómez, según un asesino confeso, era el causante de la violencia en el país, ¿y qué le queda a la juventud? Eso explica la indignación con la que le estoy contestando. Es abrir el escenario para ofender la memoria de Álvaro Gómez, como ya la ha ofendido Ernesto Samper; porque Ernesto Samper lo ha acusado de golpista, lo ha acusado de algo horrible, de ser amigo de él. ¿Quién puede ser amigo de un narcotraficante, compra elecciones, corruptor, como Ernesto Samper?
SEMANA: ¿Detrás de la versión de las Farc hay para usted un plan de impunidad?
E.G.: Aquí no se trata simplemente de la guerra por la impunidad, esa ya la habían ganado y declaro que el régimen y Ernesto Samper ganaron la batalla de la impunidad. Acá de lo que se trata es de coger a un asesino en serie como Tornillo, causante de las peores masacres de la historia de menores, secuestrador, violador de menores, fusilador de niños y darle licencia para que empañe la imagen de Álvaro Gómez.
SEMANA: ¿Realmente usted cree que el expresidente Samper está detrás de esto?
E.G.: No, no creo. Estoy absolutamente seguro y hay evidencias documentales de cómo los defiende, de cómo defiende a Santrich y a todos los demás. Eso es un solo combo hoy en día. Eso es evidente, están publicadas las evidencias, y quién es el beneficiario último, quién logra distraer de nuevo la investigación de la Fiscalía y a quién beneficia eso. A Ernesto Samper, ¿y qué logra él? Que sus amigos asuman la culpa. ¿Qué les va a pasar? ¿Alguien cree que van a condenar a las Farc?, ¿cierto que no?
SEMANA: Le insisto: ¿usted cree que Ernesto Samper y agentes del Estado tendrían alguna responsabilidad en este crimen?
E.G.: No, usted está totalmente equivocado, yo no creo eso, yo lo he probado. Es un hecho y la declaración de lesa humanidad se basa en la participación probada de agentes del Estado en la muerte de Álvaro Gómez. Es un documento judicial que no lo impugnó porque no podía, no tenía cómo rebatir las pruebas que allí se habían tenido para declarar esto como crimen de lesa humanidad.
SEMANA: ¿Quién dio la orden?
E.G.: Las pruebas que hay dicen que Horacio Serpa transmitió esa orden a Orlando Henao como un deseo presidencial. Que Ernesto Samper le haya dado o pedido eso directamente a Orlando Henao, esa evidencia no la hay, pero Horacio Serpa era, sin lugar a dudas, el escudero de Samper.
SEMANA: ¿Quién más debería responder por la muerte de Álvaro Gómez?
E.G.: Danilo González. Hay por lo menos nueve o diez testimonios que confirman que Danilo confesó haber hecho la vuelta. Era el director nacional del Gaula en la administración de Samper. Un coronel de altísimo grado. Fernando Botero decía que soluciones como la que terminaron aplicándole a Álvaro Gómez se discutieron en ese comité de alto Gobierno. Pero no ha querido profundizar con quién se reunía, teme por su vida. Yo creo que hoy hay menos temor por la vida de los testigos. Habiendo fallecido Horacio Serpa de pronto se logre que muchos testigos complementen su declaración. Tenemos temor de que los maten.
SEMANA: ¿Qué le dice hoy a Ernesto Samper?
E.G.: No tengo nada que decirle a ese señor. Es un hombre que además todo el país sabe, entiende y acepta que nos mintió para mantenerse en el poder. O sea, un narcotraficante que recibió dineros del narco, que violó sus deberes democráticos comprando elecciones, que le mintió durante cuatro años al pueblo colombiano. En ese escenario sabiendo que todo fue así, que tanta gente murió asesinada por cuenta del 8.000, por qué es imposible decir que el principal opositor, la primera persona que pidió su renuncia, no haya sido asesinado en el marco de un crimen de Estado, en connivencia con asesinos del narcotráfico, como ya lo reconoce la declaración de lesa humanidad.