La compra de votos por parte de políticos parece no tener límite. No se trata solo de dinero u ofrecimientos burocráticos, el descaro ya llegó a tal punto que, al parecer, se estarían canjeando por el pago de derechos de grado para estudiantes universitarios.
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de indagación previa contra la representante a la Cámara Ana Paola García Soto, por el presunto ofrecimiento de dinero a estudiantes a quienes les habrían pagado sus derechos de grado a cambios de conseguir votos para un candidato a diputado en las pasadas elecciones de octubre.
Por si fuera poco, según la denuncia y la indagación de la Procuraduría, los votos que buscaba la representante a la Cámara del Partido de la U buscaba el respaldo en las urnas por esta vía ilícita para que su primo fuera elegido en la asamblea del departamento de Córdoba.
“La Sala Disciplinaria de Instrucción sostuvo que, según información que se dio a conocer a través de redes sociales, la congresista y su primo, Luis Miguel Rojas, aparentemente se comprometieron a saldar el valor correspondiente si los alumnos lograban que sus familiares votaran por el entonces aspirante a ocupar un cargo en la corporación”, señalan desde la Procuraduría.
Según las denuncias, ambos políticos supuestamente visitaron a niños y jóvenes de la Institución Educativa Mariscal para ofrecerles el pago de los derechos a grado, a cambio de que sus amigos y familiares los ayudaran “a cumplir el objetivo”.
En los videos, que hoy son las pruebas contra la representante Ana Paola García Soto, se escucha al ahora diputado electo, Luis Miguel Rojas, cuando señala que “Hoy nos hacemos unos compromisos aquí con ustedes para que estén tranquilos para su graduación porque sé que eso tiene un costo y lo vamos a lograr, no les puedo decir que todo, pero si podemos llegar a un acuerdo de acá de este amigo U 55. Sabemos que hay espacios donde no se puede meter la política, pero en estos momentos estamos en campaña electoral y necesitamos de ustedes, de sus amigos, de su familia para llegar al objetivo”.
Y agrega que “ese tema del grado vamos a articularlo de una manera que ustedes también se vean beneficiados, que tengan una oportunidad de no sacrificar los sueños que tienen o la economía familiar para poder alcanzar el grado. Aquí estamos por ustedes dispuestos a apoyarlos y que ustedes vean que nosotros somos una mano amiga”.
La actuación disciplinaria que inició la entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta por parte de la representante por el departamento de Córdoba, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.