Un teniente coronel, un capitán y un sargento segundo adscritos al Batallón Vencedores No. 23 del Ejército Nacional, con sede en el municipio de Cartago (Valle del Cauca), habrían cobrado millonarias recompensas por operativos que nunca se adelantaron o que fueron ejecutados por otras unidades militares. Así lo detalló la Fiscalía General en la audiencia de imputación de cargos contra los dos oficiales y el suboficial.
El primero de los casos tiene relación con la incautación de 170 cilindros que iban a ser, supuestamente, utilizados para un atentado en contra de la Fuerza Pública. En su momento, los integrantes de la Tercera Brigada del Ejército Nacional reclamaron 5 millones 500 mil pesos que se ofrecían como recompensa.
Los militares advirtieron que ese dinero le iba a ser entregado a la fuente humana que les dio información sobre estos elementos y el destino que tenían. Sin embargo, poco después se comprobó que los cilindros habían sido incautados en un patrullaje de rutina en el sector, hecho por el cual no “habría lugar al pago de recompensa”.
Para la Fiscalía General, nunca se pudieron allegar las pruebas o documentos que permitieran darle soporte al supuesto operativo que se adelantó para incautar el material ni las fuentes de inteligencia que se citaron para conocer la información sobre los movimientos y el atentado que se tendría planeado por parte de una estructura delincuencial.
El otro caso hace referencia al operativo que se adelantó y en el cual fue abatido el jefe guerrillero del ELN conocido como ‘El Negro Antonio’ en hechos registrados en septiembre de 2020. La Alcaldía del municipio de El Dovio, en el Valle del Cauca, les entregó a los militares de la Tercera Brigada cerca de 4 millones de pesos.
Sin embargo, pese a que la muerte del jefe del comandante del ELN si se produjo, lo cierto es que fue adelantado por una unidad militar distinta a la que recibió el reconocimiento económico para el pago de una supuesta fuente humana “que permitió (las) actividades militares”
El ente investigador encontró que tenían un modus operandi para adelantar todos los trámites administrativos y lograr el desembolso de las recompensas. “Elaboraron informes y promovieron trámites administrativos para soportar el pago de informantes por procedimientos que no existieron o fueron ejecutados por otras unidades militares”, precisó el fiscal de la Unidad de Seguridad Ciudadana.
Aprovechándose de su cargo y función dentro de la Unidad, realizaron la respectiva presentación de “informes de inteligencia y soportes, en los cuales consignaron falsedades sobre la obtención de información de una fuente humana ante el comando de la Tercera Brigada”, para así lograr el desembolso de los recursos públicos de las Fuerzas Armadas, “por lo que se apropiaron en provecho suyo de bienes del Estado”.
La Fiscalía General les imputó los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público al teniente coronel Robert Antonio Muñoz Legarda, comandante del Batallón BR-18, adscrito al Batallón Vencedores No. 23 en Cartago (Valle del Cauca); capitán Edgar Andrés Ballesteros Perdomo, de Inteligencia del Batallón Vencedores No. 23; y el sargento segundo (en retiro) Luis Fernando Vélez Ramírez, también adscrito al componente de inteligencia del citado Batallón. Los procesados se declararon inocentes.
Un juez de control de garantías de Cartago los cobijó con medida de aseguramiento privativa de su libertad en sus respectivos domicilios mientras se adelanta el proceso penal, advirtiendo que estando en libertad pueden afectar el desarrollo de las investigaciones por este acto de corrupción, presionando a las fuentes y los testigos citados por la Fiscalía General durante la imputación de cargos.
Ahora, el ente investigador debe definir si los llama o no a juicio por este caso. En este tiempo, los procesados pueden buscan un preacuerdo o un principio de oportunidad.