Las conversaciones entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro llegaron este domingo a un punto crítico. En un comunicado, la Casa de Nariño aseguró que el Comité del Paro se había levantado unilateralmente de la mesa de diálogo. La razón, según reportaron en un comunicado, tiene que ver con desacuerdos presentados en un documento que se estaba trabajando en borrador y que el Comité exigía fuera firmado, aparentemente sin incluir las garantías necesarias para evitar los bloqueos en el país.
El domingo, el presidente Iván Duque había expuesto un ambicioso plan de reforma para las fuerzas armadas que busca fortalecer el respeto por los derechos humanos en la Policía Nacional. El primer mandatario también hizo anuncios en torno a una modernización del Ministerio de Defensa. Hace unos días también anunció como una realidad uno de los puntos que pedían los manifestantes: la matrícula cero para estudiantes de bajos recursos en las universidades del país.
La negociación entre el gobierno y el Comité del Paro, sin embargo, ha sido muy compleja. El punto estructural son los bloqueos, en los cuales la Casa de Nariño no está dispuesta a ceder por el enorme impacto económico, social y humanitario que han tenido en el país.
Pero no ha sido lo único que ha dificultado avanzar. El Comité le presentó al Gobierno unas peticiones de las cuales, a juicios de analistas, son muy difíciles de cumplir ya sea porque sus costos son enormes o porque implicarían la renuncia de la soberanía del Estado en ciertos asuntos.
Piden, por ejemplo: “Que el Estado se abstenga de adoptar cualquier medida que dé tratamiento de orden público al ejercicio del derecho a la protesta social, entre ellos, la declaratoria del estado de conmoción interior”. Además, retirar al Ejército y al Esmad de las protestas.
Aunque algunos sectores de la derecha le han exigido autoridad y aplicar la figura de la conmoción interior, el presidente de la República ha dicho que de momento ha optado por el diálogo y agotar las vías pacíficas.
La conmoción sería la última alternativa que adoptaría Duque. Sin embargo, es una facultad constitucional, es decir, es irrenunciable por parte de un mandatario.
El Comité Nacional del Paro solicitó que el Estado reconozca que existe responsabilidad de la fuerza pública “en la violación de los derechos a la vida, integridad personal, la libertad, reunión y manifestación pública”. Aunque el ministro de Defensa, Diego Molano, ha sido enfático en exigirles a las fuerzas armadas tener en cuenta los derechos humanos y aplicar la proporcionalidad frente al uso de la fuerza, no se puede asumir ligeramente una responsabilidad general de una institución que involucre a la totalidad de los miembros de las fuerzas. El paro, sin duda, ha dejado víctimas de la ciudadanía y desde luego, de la fuerza pública. Y ya serán los organismos de control e investigación los que determinen responsabilidades.
En Colombia existe un debido proceso, unas investigaciones penales y disciplinarias, y nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. El gobierno, por petición del Comité Nacional del Paro, cedió y permitió que una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegue al país e investigue lo ocurrido.
Otra de las solicitudes del Comité busca que se les ordene a las autoridades públicas abstenerse de continuar estigmatizando la movilización ciudadana y rectificar públicamente las calificaciones de ‘vandalismo criminal’, ‘terrorismo vandálico’, entre otras.
La cuarta exigencia es la implementación de un protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica “como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, expresión, libertad de conciencia…”.
Sin embargo, la Presidencia expidió el Decreto 003 de 2021, que habla sobre el protocolo del estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana.
También pide que el Estado acate, sin reparos, las órdenes de la sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia el pasado 22 de septiembre de 2020, que ordena medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica.
No obstante, SEMANA conoció que, a raíz de dicha decisión de la Sala Civil del Alto Tribunal, se expidió el Decreto 003 de 2021, que habla, entre otras cosas, del uso de la fuerza en medio de las manifestaciones, del respeto y la garantía de los derechos de los protestantes, del enfoque diferencial (hombres, mujeres, lesbianas, gay, bisexual…), de la proporcionalidad, la prevención, la necesidad, entre otros.
Por último, exigen garantías que permitan detener la “violencia estatal y paraestatal contra quienes venimos protestando pacíficamente”. Pese a los casos de excesos de la fuerza pública que ya investiga el fiscal General, Francisco Barbosa, el gobierno de Iván Duque ha sido recurrente en el derecho legítimo a la protesta, pero debe diferenciarse de los actos de violencia contra los ciudadanos que no participan en los paros.