El asesinato de Daniel Alejandro Velásquez Franco, conocido como Dr. Velásquez, y su esposa, Astrid Sofía, en su propia casa y a manos, supuestamente, del mayordomo, se convirtió en una novela de terror que tiene un nuevo capítulo en la justicia. El presunto asesino firmó un acuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad y recibir una considerable rebaja de la pena.
Julián Alberto Quintero, el mayordomo capturado como presunto asesino del productor musical, logró una negociación con la Fiscalía para aceptar cargos y confesar que fue el responsable de disparar a sangre fría en contra de Dr. Velásquez y su esposa, cuando estos estaban descansando. Además, el confeso asesino presentará excusas públicas, un acto de perdón a las víctimas.
A cambio de ese reconocimiento de responsabilidad, la Fiscalía pactó una pena de 24 años de cárcel para el asesino que tendría, además, los beneficios de ley, como descuentos de días en la cárcel y la libertad condicional, un hecho que para las víctimas de este proceso representa un claro ejemplo de impunidad.
En audiencias públicas, el abogado Santiago Tobón, representante de víctimas en este proceso, advirtió que esa negociación entre la Fiscalía y Julián Alberto Quintero, el presunto asesino de Dr. Velázquez, se hizo a espaldas de las víctimas y sin tener en cuenta el concepto o posición de las mismas en este asunto.
“Que finiquitar el preacuerdo por la fiscal sin haber oído a la víctima, sin haberla citado para que por cualquier medio, ya sea virtual, presencial, etcétera, estuviera presente y se escuchara su opinión, compromete de manera seria la legalidad… Este acuerdo y todo porque los procesos abreviados, basados en los preacuerdos y en las negociaciones entre las partes involucradas, no son una expresión de una renuncia al poder punitivo del Estado”, dijo el abogado tras oponerse al preacuerdo.
La Fiscalía presentó ante un juez el acuerdo que firmaron con el procesado, pero que no fue compartido con las víctimas, por lo que hubo un reparo durante la diligencia que, en principio, se tenía prevista como audiencia preparatoria al juicio, pero que, de un momento a otro, se convirtió en un acto de legalización del acuerdo, ahora materia de debate.
“Es solo el 43 % de la pena imponer, atendiendo el momento procesal en que se suscribe el presente preacuerdo, sopesando además la gravedad de los delitos cometidos por el actor, el grado y la afectación de la conducta antijurídica, que el grado de afectación, que la conducta antijurídica ha producido, las víctimas y, por otro lado, se reconoce que con esta determinación, el procesado evita un mayor desgaste de la administración de justicia”, dijo la Fiscalía al exponer la negociación.
El juez del caso entendió los reclamos de las víctimas y ordenó a la Fiscalía socializar con las víctimas el acuerdo firmado con el procesado y luego agendar una nueva fecha para argumentar el documento, escuchar las partes, entre ellas, las víctimas que, desde ya, advirtieron se opondrán a la negociación tras advertir que el beneficio es exagerado en un crimen tan grave.