La escena del concejal de Manizales Julián Osorio, tendiéndole una trampa a Carlos Jaime Gutiérrez, un conductor de un carro particular que utiliza la aplicación InDriver, que según Osorio es ilegal, generó todo tipo de rechazo.

En un video divulgado en las redes sociales, el político se hizo pasar como usuario, pero después denunció a Osorio ante las autoridades. La Policía multó a Gutiérrez, un hecho que terminó despertando la solidaridad de los ciudadanos que han hecho una recolecta para ayudarlo.

Este lunes, Mauricio Toro, representante a la Cámara de la Alianza Verde, le pidió a la Policía mediante una carta que cese la persecución contra los conductores de apps en el país.

En el oficio dirigido al general Jorge Luis Vargas, director Nacional de la Policía, Toro le dice que la mayoría de plataformas digitales de movilidad utilizan legalmente la figura del contrato alquiler de vehículo particular con conductor mediante plataforma digital. “Ningún conductor o juez ha declarado ilegal el contrato de alquiler de vehículo particular con conductor”, explicó.

Toro añadió que la Policía viene imponiendo en todo el país a los conductores que utilizan plataformas digitales la infracción D12, es decir, por conducir un carro que, sin la debida autorización, se destine un servicio diferente de aquel por el cual tiene licencia de tránsito. Dicho comparendo, según la ley, genera la inmovilización del auto por primera vez durante cinco días, por segunda vez, 20 y por tercera, 40.

La Policía, según Toro, está asumiendo que los contratos de alquiler de vehículos con conductor mediante plataformas tecnológicas constituye una prestación ilegal del servicio de transporte público sin ningún soporte normativo o decisión de una autoridad competente en dicho sentido. “Ningún juez o autoridad competente ha decidido que los contratos de alquiler de vehículo particular con conductor mediante plataforma tecnológica constituyen una prestación ilegal del servicio de transporte público”, explicó el congresista.

Es decir, según Toro, “la institución no tiene facultades legales para hacer esta interpretación”. Por tanto, “excede sus facultades legales e incurre en conductas ilegales e indebidas al imponer a los conductores infracciones que no corresponden a la realidad contractual y fáctica de las conductas de los conductores”.

Con esos argumentos, le pidió al general Vargas que sus hombres se abstengan de imponer comparendos a los conductores “que legalmente celebran contratos de alquiler de vehículos con conductor mediante plataformas digitales”. Al menos, hasta tanto un juez o una autoridad competente desvirtúe la legalidad de dichos contratos.

Además del general Vargas, Mauricio Toro le copió el oficio a la Procuraduría para que haga un acompañamiento oficial al tema.