A pesar de que la vacuna contra la covid-19 aún no está lista y los científicos en el mundo avanzan en pruebas, Colombia se prepara para lo que será la llegada del antiviral. Los escenarios más optimistas apuntan a que pueda ser a finales de año o comienzos de 2021.
Bajo ese contexto, los senadores Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, Iván Cepeda del Polo Democrático y las representantes María José Pizarro de la bancada Decentes y Ángela María Robledo de la Colombia Humana, impulsarán un proyecto para que la vacuna sea gratuita y universal para todos los colombianos. La iniciativa propone autorizar al Gobierno para que incorpore en el Presupuesto General de la Nación un monto destinado a garantizar la vacunación gratuita y obligatoria a toda la población residente en el país. El proyecto contempla que la vacuna se destine con prioridad para la población con mayor riesgo, es decir, personal de la salud, trabajadores de servicios de suministro de bienes esenciales, mujeres gestantes, población mayor de 70 años y personas con enfermedades preexistentes. “Colombia y América Latina se endeudarán en la compra de vacunas, por ello, se debe garantizar su acceso universal y gratuito para todas las ciudadanas y ciudadanos. La función del Estado es velar por la vida de cada colombiano, lo que implica que se debe garantizar el derecho a la salud y a la vida y, es lo que pretendemos asegurar con esta iniciativa”, dijo el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde. Por su parte, la representante Ángela María Robledo dice que no se deben “olvidar las personas que están en las regiones más lejanas y olvidadas de nuestra geografía, las comunidades campesinas, indígenas, afro, los habitantes de calle, las trabajadoras domésticas, las personas en situación de prostitución, entre otras”.
Adicional al proyecto de estos congresistas, el representante a la Cámara Ricardo Ferro, del Centro Democrático, presentó uno para crear un programa de “vacunas por impuestos”. La idea es que privados que tengan ingresos igual o superiores a 33.610 UVT (es decir unos 1.200 millones de pesos), puedan aportar hasta el 50 por ciento de sus contribuciones para la compra de la vacuna, con previa autorización del Gobierno Nacional y las instituciones médicas, para aliviar la carga al Estado y ganar tiempo en la contratación. Sin embargo, estas deberán ser entregadas posteriormente al Ministerio de Salud para que pueda distribuirlas equitativamente a todos los colombianos. La idea es que el dinero que se iba al programa de Obras por impuestos pueda ser destinado en estos momentos a la vacuna, mientras se supera la emergencia. Según Ferro, el objetivo del proyecto es que “todos los colombianos tengamos acceso a la vacuna contra el covid-19, independientemente del estrato social, de las posibilidades y las condiciones socioeconómicas”. El congresista señala que en últimas lo que se busca es ganar tiempo y evitar que los procesos de contratación para la obtención de la vacuna sean más engorrosos, por lo que los particulares tienen mayores condiciones y ventajas a la hora de realizar este trámite, para el cual deberán tener el visto bueno del Ministerio de Salud.