A las 6 de la tarde de este jueves altos miembros de la cúpula del Gobierno y de la Justicia iniciaron la reunión que definió el futuro de la aspersión de glifosato para erradicar los cultivos ilícitos. Al encuentro asistieron los ministros de Salud, Alejandro Gaviria; Justicia, Yesid Reyes; Educación, Gina Parody; Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín; el director general de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino; el procurador general, Alejandro Ordóñez, y el fiscal general, Eduardo Montealegre. También asistieron algunos expertos invitados. La votación terminó 7-1, siendo el procurador Alejandro Ordóñez el único que votó a favor de continuar las fumigaciones con glifosato. Al respecto, Ordóñez manifestó: "La Procuraduría consideró que no se dan los presupuestos científicos y por lo tanto era inviable la aplicación del principio de precaución. Se produjo la votación y cumplí con mi deber de advertir un retroceso en la lucha contra los cultivos ilícitos". Luego de anunciar el resultado de la reunión, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, explicó que se creará un comité técnico que "en el plazo de un mes debe formular las recomendaciones para ajustar la política contra las drogas a la realidad que implica la suspensión anunciada". Así mismo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) "deberá suspender el plan de desarrollo ambiental, que permite la aspersión con glifosato", aseveró Reyes. Desde que el Ministerio de Salud recomendó, con base en información científica suministrada por una entidad aliada de la Organización Mundial de la Salud, suspender el uso de este químico, las posiciones no se habían hecho esperar. Sin embargo, la postura del presidente Juan Manuel Santos, más que proclive al combate del narcotráfico en otras etapas (fabricación o tráfico), hizo prever que el uso del herbicida para la lucha contra las drogas tenía los días contados. Por su parte, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entre otros entes, expresaron sus puntos de vista sobre si era pertinente o no vetar el químico. El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, había atacado duramente al Gobierno por su posición de suspender el uso del glifosato. De hecho, tras acusar al Ejecutivo de “falta de transparencia”, no dudó en calificar de “culipronto” al presidente. De acuerdo con la denuncia que presentó, el Gobierno no es transparente cuando recomienda la suspensión del herbicida, pues al hacerlo omite un informe del Instituto Nacional de Salud (INS) en el que se señala que no existe riesgo alguno para la salud de quienes tienen contacto con la sustancia. El ministro Gaviria también reaccionó y no dudó en calificar al procurador de incurrir en “deshonestidad intelectual”. “Este es un pronunciamiento parcializado en donde el procurador cita selectivamente el concepto emitido por el INS”, dijo. Horas antes de la reunión, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos entregó al Ministerio de Justicia más de 20.000 firmas que exigían la suspensión inmediata del uso del glifosato y otros químicos "dañinos" en el país. Desde la semana pasada, los representantes de estas organizaciones se pusieron en la tarea de lograr que miles de personas de toda América Latina dieran su firma en la plataforma Change.org.