El Ministerio de Salud, en un trabajo conjunto con la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog), evaluó detalladamente la evidencia científica a nivel mundial sobre la pandemia de coronavirus y su afectación a las personas gestantes y en posparto para prevenir la mortalidad materna.

Hoy la infección por SARS-CoV-2 se convirtió en la primera causa de mortalidad materna, pues en lo corrido de la pandemia han muerto 19 mujeres en gestación o en posparto por esta infección. Esto ha condicionado un aumento neto de la razón de mortalidad materna de más del 50 por ciento comparado con las observaciones de años previos.

Además, se identificó un aumento de la mortalidad mediado por dos factores: el efecto de la pandemia, de manera indirecta, reflejado en la interrupción o disrupción de algunos servicios de control prenatal, especialmente entre marzo y diciembre, cuando el indicador de cobertura bajó 18 por ciento y que se ha mantenido así en varios territorio.

Por otro lado, la presencia de migrantes venezolanas que han llegado al país en condición irregular y que, posteriormente, tienen un parto en una institución colombiana, pero no acceden a los beneficios de protección específica y protección temprana de la Ruta Integral de atención en salud.

Es importante que las mujeres vayan a los controles prenatales y, asimismo, que las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) faciliten los mecanismos para que las usuarias reciban la información pertinente sobre su nuevo esquema de atención y los signos de alarma de los que deben estar pendientes, en caso de presentarlos.

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, indicó que si las gestantes presentan fiebre mayor a 38 grados, tos, dificultad para respirar, fatiga o vómito permanente, deben reportarlos e ir a un centro de atención en salud.

“En el caso de las gestantes de bajo riesgo, las instituciones deben implementar y garantizar con su red de prestadores la atención del cuidado prenatal a través de atención domiciliaria o telemedicina, incluyendo entrega de medicamentos de acuerdo a la necesidad”, señaló el funcionario.

Asimismo, señaló que las IPS deben reforzar las medidas para las personas que trabajan en áreas de obstetricia y neonatal, en aras de que no estén expuestas a otras áreas hospitalarias donde exista mayor posibilidad de tener contacto con el virus.

El decreto 630 y la resolución 1151 de 2021 definieron que “la vacuna para las mujeres gestantes y las mujeres durante los 40 días postparto aplica de acuerdo con las recomendaciones del respectivo laboratorio fabricante o una vez culmine el proceso para la aprobación de la evidencia científica en el país y conforme a los lineamientos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social”.

Además, el Gobierno ha trabajado con agencias de cooperación y entidades territoriales para la atención a la población migrante.

El objetivo es continuar las atenciones en salud sexual y reproductiva que se consideran esenciales para todas las mujeres en embarazo como la anticoncepción, atención preconcepcional, consultas para el cuidado prenatal, exámenes de laboratorio y de ultrasonografía, atención del parto, del recién nacido y del puerperio, e interrupción voluntaria del embarazo.

Con respecto a esto último, no obstante, un grupo de organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, identificó que no sólo las colombianas, sino particularmente las migrantes tienen dificultades para acceder al aborto, aún cuando cumplen con alguna de las tres causales establecidas por la ley colombiana.

Muchas de ellas, por ejemplo, suelen ser víctimas de violencia sexual cuando atraviesan la frontera por vías irregulares y, posteriormente, temen acudir a los centros de salud para acceder al procedimiento.

“No es un miedo infundado, tenemos datos de la Fiscalía que señalan que la mayoría de las investigaciones por aborto las realizan los profesionales de la salud, violando su secreto profesional. Adicionalmente, tenemos datos de que el 98 % de las mujeres investigadas viven en zonas rurales y la mayoría son mujeres jóvenes; incluso niñas de 13 y 14 años están siendo investigadas por el delito de aborto”, señaló Angélica Cocomá, abogada de Women’s Link Worldwide, en entrevista con SEMANA.

Por lo tanto, si bien la cartera de salud ha trabajado por garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, la vulnerabilidad general para acceder a este empeoró con la pandemia.

En ese sentido, la cartera de Salud informó que se ha centrado en sostener y reestablecer las acciones definidas en la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal, a través de lineamientos de asistencia técnicas a entidades territoriales y EPS con desviaciones claras en los indicadores de mortalidad y apoyo a la gestión programática en el aumento de coberturas de atención prenatal.