César Julio Valencia Copete tiene 60 años. Nació en Cali en 1951 y ha pasado por todas las escalas de la rama judicial, desde juez de su ciudad natal, hasta alcanzar la cúspide como magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Fue en el año 2002, el mismo en que Álvaro Uribe Vélez fue elegido presidente de la República, cuando alcanzó esa dignidad. En el ejercicio de sus funciones, y durante los ocho años de su periodo constitucional, César Julio Valencia Copete pasó de tener una vida privada “reservada y tranquila”, de tener un reducido cuerpo de escoltas, a tener medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a temer por la vida de su hija María Juliana. Todo cambió el 11 de julio del 2007. Ese día, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, tomó una decisión trascendental sobre el proceso de paz que el gobierno del presidente Álvaro Uribe adelantó con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Se trataba de la sentencia en la que la Corte Suprema de Justicia señalaba que los paramilitares desmovilizados no podrían ser procesados como delincuentes políticos. Una sentencia que se produjo casi a la par del momento en que el alto tribunal iniciaba las investigaciones para esclarecer la relación entre la clase política y el paramilitarismo (parapolítica), y que en ese momento ya tenía a cerca de una decena de congresistas detenidos. César Julio Valencia Copete oficiaba como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por esa calidad, tuvo que “darle la cara al país”para explicar los alcances de esa decisión, que inmediatamente fue controvertida por el gobierno nacional de entonces, que la calificó de “poner en riesgo”el proceso de paz con las Auc. Después de producida la sentencia, Valencia Copete empezó a sentir una “persecución política” de la cual se declaró sobreviviente y víctima ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que adelanta una investigación preliminar contra el expresidente Uribe por el sonado escándalo de las chuzadas del DAS. Una “persecución” que, según Valencia Copete, coincidió con los ataques del propio presidente Uribe contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno calificó a la Corte de tener “sesgo ideológico”y de ser “un obstáculo para la paz”. Valencia Copete recordó varias entrevistas que en ese momento concedió Álvaro Uribe, y en las que aseguró que “la Corte está privilegiando a la guerrilla sobre los paramilitares”. El exmagistrado le dijo a los representantes investigadores Carlos Edward Osorio (‘la U’) y Yahir Acuña (Negritudes) que en ese momento las relaciones entre el poder ejecutivo y el judicial entraron en su peor momento. Días después se conoce el incidente de las declaraciones del exparamilitar alias ‘Tasmania’ en las que denunciaba que el magistrado auxiliar Iván Velásquez, investigador estrella de la parapolítica, lo habría presionado para declarar en contra de Álvaro Uribe Vélez y comprometerlo con la masacre de El Aro, corregimiento del municipio de Segovia, Antioquia, y que fue perpetrada por los paramilitares. Dicha denuncia de ‘Tasmania’ fue declarada por la Fiscalía colombiana como un montaje contra la Corte Suprema de Justicia, en el marco de una estrategia de desprestigio a las actuaciones del Alto Tribunal. Valencia relató con más detalles una llamada que le hizo el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en la que, según el exmagistrado, lo tildó de farsante y habría mencionado el caso del exsenador Mario Uribe Escobar (primo del expresidente Uribe), y que estaba siendo investigado por tener vínculos con paramilitares. En llamada que Valencia Copete relata, dice, el expresidente Uribe tildó a la Corte Suprema de “golpista” y de ser “el brazo armónico del terrorismo armado”. Relacionó las pescas milagrosas de las Farc con las decisiones de la Corte. “Me tildó de farsante. Me he quedado corto en todos los epítetos e infundios que utilizó. Esa no es la manera de controvertir una sentencia judicial. Esa llamada me causó perplejidad y asombro”. Después de esa llamada, Valencia Copete dijo que su teléfono fue interceptado. “Lo pude comprobar porque las llamadas se interrumpían y no eran nítidas”. Días después empezó a recibir “agresiones verbales en la calle”.Dice que sus escoltas pueden dar fe de que en un centro comercial de Bogotá. y frente a un cajero electrónico, una persona empujó a su hija y lo amenazó. Hechos similares se produjeron, entre ellos insultos en la plaza de Bolívar después de que fuera denunciado por injuria por el propio presidente Uribe Vélez. “Me madrearon, HP, usted qué tiene contra el presidente Uribe”, decían. Los teléfonos de su madre, ya fallecida, y su hija, también fueron interceptados, como lo reveló SEMANA en una investigación periodística publicada en el 2009. Las preocupaciones por la seguridad del magistrado fueron objeto de discusión en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, incluso trasladados al entonces director de la Policía, general Óscar Naranjo. “Mi situación de seguridad se agravó cuando el presidente Uribe tenía una popularidad del 80 por ciento”, dijo Valencia Copete. Por esa razón buscó medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concedidas en el año 2008 “en un 90 por ciento a raíz de las agresiones de las que fui víctima por parte del presidente Uribe”. Valencia Copete reveló que el gobierno, a través del entonces ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, en un documento de 90 páginas, se opuso a que dichas medidas cautelares fueran concedidas. Según el exmagistrado, el gobierno decía que las amenazas eran producto de “riñas callejeras” y que el estado colombiano ya le había concedido “las suficientes medidas de protección y otorgaba plenas garantías de seguridad”. Durante la declaración que Valencia Copete hizo en calidad de víctima y testigo, el exmagistrado reveló que aún siente temor por la vida de su hija. Por eso le pidió a la Comisión de Acusaciones que establezca los responsables de lo que denominó una “cacería feroz contra la Corte Suprema de Justicia orquestada desde la Casa de Nariño”. La Comisión de Acusaciones adelanta una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe para determinar si tuvo o no responsabilidad en los seguimientos ilegales que el extinto DAS hizo a magistrados de la Corte, dirigentes de oposición y periodistas.