El capítulo de la masacre de Mapiripán (Meta, 1997) es uno de los más dolorosos en la historia contemporánea del país. Como se recuerda, Carlos Castaño quería extender su macabro imperio al sur del país, y para ello, el 12 de julio de 1997 partieron de Urabá dos aviones con unos 80 paramilitares, con armas de fuego largas y cortas, y machetes. Las aeronaves sobrevolaron medio país hasta que aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare, donde operaba la base antinarcóticos de la Policía. Otro grupo de paras se les sumó y todos emprendieron camino hacia ese poblado del departamento de Meta. Allí, durante cinco días con sus noches, tuvo lugar una carnicería en la que fue asesinado un número indeterminado de personas. El caso llegó años más tarde (2005) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado colombiano fue condenado por el alto tribunal a pagar una indemnización de $14.000 millones de pesos. Seis años después (este miércoles), el caso regresa a la CIDH. Será la primera vez que ese alto tribunal vuelve a escuchar sobre un caso del que ya había emitido un fallo. La audiencia será privada y la expectativa por conocer lo que allí se resuelva es grande. Y no es para menos. El Gobierno pedirá que revise la reciente información conocida sobre las presuntas falsas víctimas de Mapiripán. Esto, semanas después de que la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía señaló que nueve las víctimas de la masacre serían falsas. La revelación del ente acusador no tardó en generar polémica. Pronto las organizaciones de abogados que estuvieron acompañando a algunas de las víctimas empezaron a ser cuestionadas y el Gobierno pidió la audiencia, que se cumplirá en Costa Rica. Y aunque, según lo que se ha conocido, lo más probable es que la Corte no eche para atrás la decisión que ya tomó y que el caso quede en manos de la justicia colombiana, lo cierto es que tanto el Estado como los representantes de víctimas tendrán una prueba de fuego ante la CIDH. Antes de partir hacia Costa Rica, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, señaló cuál es el propósito de la audiencia: “Vamos a plantearle a la CIDH la preocupación enorme del gobierno colombiano en torno de lo que se ha venido a descubrir acerca de las personas que se han hecho pasar por víctimas con el propósito de cobrar unas indemnizaciones y unas reparaciones a las que, por supuesto, no tenían derecho”. Entretanto, la fiscal Viviane Morales señaló este martes que la Fiscalía estará representada en la audiencia por intermedio de la jefe de la unidad nacional de Derechos Humanos y DIH, Marlene Barbosa; por la fiscal que adelantó el proceso en Justicia y Paz, Yolanda Pardo, y por el Jefe de la oficina de asuntos internacionales de la entidad, Francisco Echeverry. La fiscal fue enfática en recordar que en torno del fallo proferido en su momento en contra la Nación por la CIDH, a la Fiscalía no le corresponde solicitar la revocatoria de la decisión. Explicó además que no existe en la legislación internacional una figura parecida a la revocatoria o a la revisión de una sentencia. Luis Guillermo Pérez, abogado del colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), advirtió que por respeto al proceso y a la Corte, el colectivo guardará silencio sobre lo que en la audiencia se alegue. Sin embargo, insiste en aclarar que, diferente a lo que se ha hablado en las últimas semanas sobre el tema, el colectivo no representó a todas las presuntas falsas víctimas y que, además, ellos mismos fueron “engañados”. “El número de víctimas de esta masacre nunca se ha precisado, el reciente escándalo sobre las falsas víctimas se debe resolver en los estrados judiciales, como es obligación del Estado (...) algunas víctimas que no lo habrían sido de la masacre de Mapiripán, pero que fueron reconocidas como tales, han servido como pretexto para difamar aún más al CAJAR. ¿Tendríamos que buscar falsas víctimas en un escenario de millones de víctimas del conflicto armado interno, arriesgando nuestra credibilidad como defensores?”, preguntó Pérez. En San José de Costa Rica están desde el sábado anterior cuatro abogados de CAJAR preparando su exposición ante la Corte. “Nosotros representamos a cinco grupos familiares de víctimas (11), de las cuales la Fiscalía reconoció a tres. Dos, la de la señora Mariela Cárdenas y la de las hermanas Pinzón, son las que están en duda”. Pérez recuerda que el contacto con Mariela Cárdenas, quien dijo en su momento que había perdido a su esposo y dos de sus hijos en la masacre, fue a través de la Red de Solidaridad, que conoció -según Pérez- el caso y le sugirió buscar ayuda en el colectivo de abogados. “Nosotros fuimos engañados”, dice Pérez, quien asegura que Mariela (una de las protagonistas del escándalo) dio, en ese entonces, su testimonio, junto a sus dos hijos pequeños. “El relato de los niños era de los más impresionantes. Decían que habían ido a buscar a su papá y a sus hermanos, y que habían encontrado cadáveres descuartizados", asegura el abogado, quien reitera que la señora presentó documentación de las autoridades locales que daban cuenta de que ella sí estaba diciendo la verdad. “Esperamos que se establezca judicialmente qué ha pasado. No hay que olvidar que el hijo de Mariela está en manos del Ejército desde el 2008. Quiero saber qué pasó”, advierte el abogado Pérez. Catorce años después, el caso Mapiripán sigue dando de qué hablar. Se espera que la Corte dé a conoce su resolución luego de la audiencia que este miércoles se cumplirá en San José de Costa Rica.