Una columna de opinión que escribió el ahora congresista José Obdulio Gaviria contra tres sindicatos de Cali hace más de seis años no deja de traerle problemas con la justicia. En un derecho de petición de ocho páginas conocido por Semana.com, los sindicatos le piden al fiscal general, Eduardo Montealegre; al vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, y a la directora Nacional de Fiscalías, Elka Venegas Ahumada, que les indique por qué después de tanto tiempo no se ha “producido ningún resultado en las amenazas con fines terroristas de las que fueron objeto por parte de la estructura paramilitar denominada Águilas Negras”. Esas amenazas sobrevivieron, según ellos, después de publicada esa columna. Jorge Iván Vélez y Álbert Quintero, directivos del Sindicato de Trabadores de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali), le aseguran al ente investigador que no sólo fue Gaviria el que los afectó con sus declaraciones, sino también el entonces vicepresidente de la República, Francisco Santos, quien los “estigmatizó de manera pública”, al vincularlos con la subversión. Las directivas de los sindicatos les solicitan a la Fiscalías que se les indique “qué medidas se han dispuesto desde los despachos a su cargo, para efectos de evitar la prescripción de este crimen, que obligó al exilio a dirigentes sindicales. Pero además insisten en que la justicia no debe permitir que dirigentes políticos se vean favorecidos por la impunidad de procesos que no llegan a ninguna parte con el paso del tiempo. Los hechos En el derecho de petición las presuntas víctimas recordaron que Francisco Santos, el 19 de julio del 2007, convocó a rueda de prensa “en la cual vinculó la labor de los integrantes de Sintraemcali, Sintraunicol Y Sintratelefonos con la subversión y el terrorismo”. Mientras tanto, el 25 de julio del mismo año, Gaviria, en la página de la Presidencia y en dos diarios nacionales, publicó una columna de opinión a la que tituló “Todo pecado empieza siendo de pensamiento”, en la cual aseguran los afectados que se “hicieron graves ataques y señalamientos en contra de los integrantes de los sindicatos”. Según los peticionarios, luego de la rueda de prensa y de la publicación de la columna de opinión, para agosto de ese año, a los correos electrónicos de Sintratelefonos y Sintraemcali llegaron la amenazas provenientes de la organización al margen de la ley Águilas Negras en las cuales “se les declaró objetivo militar y se les ordenó salir del país”. En la petición a la Fiscalía los sindicatos indican que “se debe investigar el papel ejercido por el asesor presidencial como determinador de estas amenazas con fines terroristas, en tanto el Gobierno conocía previamente, como lo señaló Naciones Unidas, que estos ataques generaban consecuencias para la vida, integridad y libertad de los defensores de derechos humanos, entendiendo que de ellos hacen parte los sindicalistas”. Finalmente, les dicen a los tres funcionarios de la Fiscalía que con la petición buscan las garantías y el respeto que se debe tener hacia ellos como víctimas. Además del derecho que tienen a verdad, justicia y reparación. Por los mismos hechos ya le fue precluido a Francisco Santos un proceso por calumnia agravada, luego que se retractó de sus afirmaciones. En el caso de José Obdulio Gaviria, la acción continúa porque para los jueces que han estudiado la posibilidad de archivarla, no se ha dado una rectificación adecuada. El derecho de petición fue radicado este miércoles por el abogado Jorge Molano, defensor de las víctimas en la Fiscalía.