Un verdadero escándalo se ha generado en el país por la adquisición de un avión ejecutivo, tipo jet, marca Embraer Legacy 600, para la Policía Nacional, por un costo de nada menos que de 12 millones de dólares. Una gigantesca inversión que ha generado una avalancha de críticas, porque no se trata de una aeronave para apoyo de operaciones, sino de un avión de transporte lleno de lujos que de inmediato puso todos los reflectores sobre la transparencia en las compras que hace la Policía.
En medio de esta tormenta, el propio general en retiro Jorge Luis Vargas, director de la Policía para el momento de la compra, le contó a SEMANA los pormenores de esta compra, cómo se realizó y la necesidad y justificación para hacer esta millonaria inversión.
El general Vargas no escondió la cara y con tranquilidad señaló que conocía de todo el proceso para la compra, y por eso, asegura, tiene la confianza en que todo se hizo con transparencia y la compra, en realidad, tuvo el aval del Ministerio de Defensa.
“Siempre fui informado sobre el cumplimiento estricto de las formalidades de ley y transparencia en el proceso de adquisición de esta aeronave para la Policía Nacional y por parte de la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia (CIAC), una entidad adscrita al Ministerio de Defensa”, explicó el exdirector de la Policía Nacional.
En su explicación queda claro que no está lanzando responsabilidades sobre la CIAC, por el contrario, advirtió que es la entidad que cumple con esa función. “La contratación para la compra de las aeronaves fue realizada por la CIAC, entidad especializada para ese tipo de procesos, la cual tiene los profesionales y equipo idóneo para identificar la necesidad específica que le solicita cualquier institución, en este caso la Policía Nacional”.
Por ese motivo, explica Vargas, se trata de una contratación autónoma que justamente lo que busca es garantizar la transparencia en el proceso, sin intervención de otras entidades.
Los señalamientos más contundentes contra la compra de este lujoso avión, asignado a la Policía, es justamente que no tiene la vocación para ser usado en la misión principal de mantener el orden y defender los intereses de los ciudadanos, especialmente ante hechos violentos o delincuenciales que requieran el transporte de uniformados. Si no que se trata de una aeronave de lujo, con poca capacidad. Como se señaló, “un avión ejecutivo”.
Al respecto, el general Vargas explicó que si bien se ha presentado como una aeronave para 12 pasajeros, esto no es del todo cierto. “El Embraer es una aeronave multipropósito, que tiene cuatro configuraciones de pasajeros y carga, para 13, 16, 30 y 37 personas”. Además, argumentó que “desde hace años y con las nuevas circunstancias del país, la Policía Nacional y el servicio aéreo requieren aeronaves cómo está, de mayor rendimiento, seguridad y alcance. Empresas mundiales de aviación e inclusive en Colombia tienen este tipo de avión, configurado para pasajeros”.
Justamente, el general, hoy en retiro, explicó algo que no está muy claro para las personas del común, y es que la Policía no usa aviones o aeronaves solo para el transporte de hombres de esta institución o para realizar acciones armadas. También lo hace para movilizar altos funcionarios del Estado.
“La Policía Nacional ha transportado, transporta y transportará, en cumplimento de su misionalidad y para la seguridad y convivencia del país, a personas con funciones importantes en la actividad pública del país. Por ejemplo, ha sucedido con la Comisión de Paz del Congreso, funcionarios de la Registraduría, Procuraduría, Ministerio del interior, y Contraloría. En su momento, la vicepresidenta electa Francia Márquez y el presidente electo, Gustavo Petro, fueron transportados”, explicó el general Vargas.
La explicación desde lo técnico y las necesidades de la aeronave pueden estar claras, pero, en realidad, uno de los principales motivos para que esta millonaria adquisición se haya convertido en una polémica nacional es justamente el altísimo costo y los lujos con que cuenta la aeronave. El negocio llegó a 12 millones de dólares.
Al respecto, el general en retiro y entonces director de la Policía dijo que “la necesidad para la adquisición de estas aeronaves fue en cumplimiento de todas las normas. Ante el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, y se solicitó una adición presupuestal, aprobada por el Congreso, y reglada en la ley de presupuesto de 2022. Reitero la Policía necesita este tipo de aeronaves”.
El asunto está sacando chispas, no es en vano que la Contraloría haya decidido poner la lupa sobre la millonaria compra. Sin embargo, en este momento las pesquisas de la entidad apuntan a los argumentos de compra, por eso, su investigación apunta, en primera medida, a la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia (CIAC), entidad adscrita al Ministerio de Defensa.
No obstante, como aclaró el general Vargas, la compra se hizo a través de una entidad adscrita a MinDefensa, pero reiteró que “este proceso de necesidad y de convenio para la compra de estas aeronaves fue eminentemente técnico y profesional, está debidamente soportado en todas sus etapas con las supervisiones, comités y seguimientos para garantizar el fortalecimiento de aeronáutica policial, esperamos que este hallazgo no sea subjetivo, se respete el debido proceso en donde demostraremos el porqué de esta necesidad y la ética y transparencia en el mismo”.