Por el momento, Salvatore Mancuso Gómez seguirá en la cárcel. En la tarde de este martes, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá se abstuvo de pronunciarse frente a un recurso de habeas corpus presentado por el abogado Alfredo Yermain Trujillo Salcedo, quien se presentó como agente oficioso del excomandante paramilitar.
“Es claro que no se demuestra por parte del agente oficioso que el señor Salvatore Mancuso Gómez no pueda presentar la acción por él mismo, por el contrario, ya interpuso la acción en nombre propio”, precisa la decisión firmada por la magistrada Marleny Rueda Olarte.
En este sentido se señala que el recurso de habeas corpus no cumplió con muchos de los requisitos. “Es procedente abstenerse de resolver la presente acción de habeas corpus, pues no se cumplieron los requisitos para interponerse por medio de agente oficioso”.
En la actualidad, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá estudia otro recurso de habeas corpus presentado directamente por el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, quien se encuentra desde el 27 de febrero privado de su libertad en una celda de máxima seguridad en la cárcel La Picota, de Bogotá.
En el recurso se alega que existen varios fallos que ordenan su libertad, pues según la legislación es un derecho fundamental que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente.
Mancuso citó la decisión emitida el pasado viernes por una jueza de la Sala de Justicia y Paz que canceló siete órdenes de captura vigentes en contra del excomandante del Bloque Norte de las AUC.
Fuentes cercanas aseguraron que desde hace varias semanas el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) está revisando si existen requerimientos judiciales, órdenes de captura o medidas de aseguramiento vigentes contra Mancuso.
El recurso de habeas corpus se suma a la tutela y la denuncia penal que presentó Mancuso en las que reclamaba que se le está privando de la libertad de manera ilegal.
En la denuncia radicada ante la Fiscalía General en contra del director de la cárcel La Picota, Mauricio Ríos Moreno; el director encargado, Johan David López Sánchez, y el director jurídico, Ferney Saúl Ortiz Romero por los delitos de prevaricato por omisión y prolongación ilícita de privación de la libertad.
“Solicito que se tomen las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento inmediato de las boletas de libertad (...) garantizando así mi derecho a la libertad personal”, reseña la denuncia.
Igualmente, pidió que se realice la respectiva actualización y depuración de su “cartilla biográfica y hoja de vida eliminando las anotaciones que ya han perdido vigencia y que no cuentan con respaldo legal válido”.
En el otro punto de la denuncia pide que se “adopten” otras “medidas penales y disciplinarias correspondientes contra los funcionarios responsables de la omisión en la actualización de mi información y de la prolongación indebida de mi privación de libertad. Se compulsen copias”.
En la denuncia se anexan los pronunciamientos hechos recientemente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación.
En el caso de la JEP, por medio de su Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se informó que, tras hacer una revisión, el excomandante paramilitar no tiene una medida de aseguramiento pendiente.
“Mancuso Gómez tiene la calidad de compareciente, con ocasión de su aceptación concedida el 17 de noviembre de 2023 (...) circunstancia que no acarrea ni legal, ni jurídica ni procesalmente su privación de libertad”, señaló la JEP.
Mientras tanto, el ente investigador advirtió que en el sistema no aparece ningún requerimiento o medida de aseguramiento vigente contra el exjefe de las AUC.
“Por medio de la presente me informan que verificados con cada uno de los despachos fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y los sistemas misionales de información se estableció que, a la fecha, el señor Salvatore Mancuso Gómez no es requerido por ningún despacho adscrito a esta dirección”, respondió la Fiscalía a la dirección del Inpec.
Mancuso fue deportado desde los Estados Unidos tras cumplir una condena de 17 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.