La semana pasada, la canciller Claudia Blum intervino ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el marco de la rendición de cuentas de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia al acuerdo de paz. La ministra de Relaciones Exteriores enfatizó ante esa tribuna mundial que la política de Paz con Legalidad es el instrumento con el cual el Gobierno del presidente Iván Duque honra los compromisos derivados del acuerdo, firmado hace cuatro años con la extinta guerrilla de las Farc. “En el acuerdo de 2016 se diseñó un modelo de justicia transicional que tiene como centro la satisfacción de los derechos de las víctimas. El Gobierno ha apoyado y sigue respaldando ese sistema independiente y sus diferentes mecanismos”, dijo Blum.
En la misma sesión ante los Estados del mundo, la canciller aprovechó para reiterar el pedido del Gobierno a la Misión de Verificación para que supervise, como otra de sus tareas, el cumplimiento de las sentencias que impondrá en el futuro la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los comparecientes. El Gobierno envió un mensaje claro: respaldo a la JEP y profundización del mandato que vigila los compromisos del acuerdo. Pero el mismo día hubo un movimiento oficial en sentido opuesto cuando una importante funcionaria de la Cancillería dijo exactamente lo contrario.
La embajadora de Colombia en Suiza, Sofia Gaviria, publicó varios trinos en los que hizo eco de la petición de derogar la JEP, a la que considera sesgada. Destacó un extenso comunicado de una asociación de víctimas que acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para señalar que el Tribunal para la Paz de Colombia discriminaba y que sería incapaz de castigar los peores crímenes de la guerrilla. “Cuando las jurisdicciones nacionales no pueden actuar o sencillamente no desean hacerlo el objetivo fundamental del proceso penal internacional es erradicar la impunidad de estos crímenes, cuando subsiste la impunidad por la inacción o indebida acción de las jurisdicciones nacionales, situación que existe en Colombia actualmente”, dice el comunicado publicado por la embajadora.
El texto hace parte de un extenso documento presentado por la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, y al vicefiscal, James Stewart. La exsenadora y actual embajadora Gaviria junto con el activista Herbin Hoyos fundaron esa asociación que dice aglutinar 225.000 víctimas. Gaviria es la más visible. Su hermano –Guillermo Gaviria Correa, exgobernador de Antioquia– fue secuestrado y asesinado por esa guerrilla en 2002 en medio de una fallida operación de rescate.
A diferencia de su otro hermano, Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín y actual gobernador de Antioquia, Sofía ha tenido un activismo marcado y posiciones vehementes contra el proceso de paz. Dejó de ser liberal y pasó a las toldas del Centro Democrático, en el que fue abanderada del No en el plebiscito. Y desde que el Gobierno Santos suscribió el acuerdo final con las Farc, ella ha insistido en la necesidad de suprimir la JEP. Es una postura entendible y legítima tratándose de una víctima.
Solo que desde marzo de 2019 Sofía Gaviria es la embajadora en Suiza, el centro diplomático más importante de Europa. Y mientras que la Cancillería de Colombia afirma ante los organismos multilaterales el respaldo al acuerdo de paz y, concretamente, a la JEP, ella en calidad de funcionaria propugna por la derogación. Eso pone en aprietos o, al menos, en abierta contradicción al Ministerio de Relaciones Exteriores.
SEMANA contactó a la embajadora y le preguntó sobre el tema. La funcionaria afirmó que su compromiso con las víctimas es tan profundo y definitivo como su condición de madre de tres hijas. “No hay nada que lo afecte o me separe de él. La coherencia política entre lo que pienso, digo y hago ha sido mi constante, y el presidente, cuando me honró al nombrarme, resaltó ese valor. Mis derechos como víctima son prevalentes, y tanto el presidente como la canciller son absolutamente respetuosos de ello”, dijo.
Entre tanto, en Bogotá la organización de víctimas creada en 2015 enfrenta otra paradoja. Fevcol acusa a la JEP de ser un claustro de impunidad y acudió ante la CPI alegando que “los derechos de las víctimas de las Farc no se encuentran debidamente garantizados en la Jurisdicción Especial para la Paz”. La afirmación alude a que, según este colectivo, organizaciones afines a la extinta guerrilla adelantan la representación legal de las víctimas ante la JEP.
Fevcol dice que la discriminan y se queja de la estructura “compleja” de la JEP y de sus procedimientos. La crítica apunta al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (Saad), un instrumento creado en el acuerdo de paz. Como su nombre lo indica, se trata de un mecanismo gratuito e independiente de la jurisdicción, que atiende tanto a los comparecientes como a las víctimas. En la JEP son comparecientes 9.774 exguerrilleros de las Farc, 2.730 exintegrantes de la fuerza pública y 111 agentes del Estado. Para ellos, el Saad brinda defensa técnica, es decir, pueden solicitarle asesoría y la representación de un abogado que los defienda en el proceso judicial.
Asimismo, el Saad ofrece defensa para las víctimas. Este componente es mucho más grande, ya que hay 307.783 víctimas acreditadas ante la JEP. Las que no cuentan con recursos o simplemente quieren tener asesoría y representación legal pueden solicitarla. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) coordina el mecanismo. Entre 2018 y 2019, el PNUD y la JEP firmaron tres convenios de cooperación por 9.154 millones de pesos.
Con esos recursos, el PNUD adelantó el proceso de seleccionar, hacer seguimiento y pagarles a las primeras 15 organizaciones de la sociedad civil que hasta ahora representan a las víctimas, acreditadas en los siete macrocasos adelantados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Fevcol, aunque no lo ha dicho, aspira a ser una de esas organizaciones.
Pero hasta ahora no ha logrado cumplir los requisitos exigidos, como tener al menos tres años de experiencia en litigios relacionados con derecho internacional humanitario, derecho penal o procesal penal. En los últimos días, Fevcol fue requerida para que amplíe la información y los documentos necesarios a fin de evaluar su idoneidad. Entre las organizaciones ya seleccionadas, están la Comisión Colombiana de Juristas, la Onic, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y Funipsi. La vocera de esta última, agrupación Derly Pastrana, también es vicepresidenta de Fevcol.
Herbin Hoyos, el líder más visible de Fevcol en Colombia, en un programa televisivo transmitido en YouTube, insistió en que los profesionales de la Comisión Colombiana de Juristas que representan víctimas ante la JEP “son abogados de las Farc”. Frente a eso, esta organización formuló una tutela y esta semana el juez a cargo falló para ordenarle a Hoyos, en el mismo espacio, una rectificación en la que quede claro que hizo una afirmación falsa.
Así las cosas, Fevcol descalifica otras organizaciones y pide derogar esta jurisdicción. Pero, al mismo tiempo, presenta documentos para asumir la representación de víctimas ante el sistema de justicia transicional que considera proimpunidad.
Para Sebastián Velásquez, vocero de Fevcol, eso no implica contradicción alguna: “Mientras la JEP no sea derogada está vigente. La derogación es un proyecto de ley del Centro Democrático que avanza en el Congreso. Uno trabaja con lo que tiene. Mal haríamos nosotros en quedarnos callados y simplemente esperar a que haya impunidad absoluta sin tener oportunidad de contrarrestar las versiones”, dice. En los próximos días, se sabrá si finalmente la Federación de Víctimas de las Farc cumple los requisitos para asumir como una más de las organizaciones contratadas por el mecanismo autónomo para asumir defensas judiciales ante la JEP.