Cuando falta menos de un mes para que concluya su periodo, llegó la hora del balance de la gestión del procurador Fernando Carrillo. Hace cuatro años, el exministro del Interior del Gobierno Santos fue elegido con 92 votos en la plenaria del Senado. Calificado por un sector como “muy político y siempre con aspiraciones” y por otro como “imparcial y garantista”, Carrillo tiene logros que mostrar, pero también hay lunares en su gestión.
Bajo su mando, la Procuraduría profirió 2.800 pliegos de cargos, 6.572 fallos en primera y en segunda instancia, y sacó adelante unos 172.000 procesos preventivos. Carrillo se la jugó por la defensa de la JEP y los acuerdos de paz con las Farc. Como procurador, siempre fue una voz crítica frente al asesinato de líderes sociales y excombatientes de la exguerrilla.
Otro frente al que le apostó fue al medioambiente, pues defendió con acciones populares la bahía de Cartagena y las lagunas de Fúquene y Tota. Puso la lupa en la deforestación y abrió investigación contra tres gobernadores por falta de acciones para evitar la tala masiva de árboles; además, sancionó irregularidades en las corporaciones autónomas regionales.
No obstante, el principal reparo a su gestión tiene que ver con el escándalo de Odebrecht. Carrillo fue empleado del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, con un salario de 89 millones de pesos mensuales. Este hecho no apareció en su hoja de vida, con la que fue elegido procurador por el Senado. Al final de su gestión, queda pendiente saber por qué no comunicó ese detalle y si debió declararse impedido en las investigaciones de la Ruta del Sol que involucran los intereses de su exjefe.
Para sus críticos, esto, sumado a su estrecho vínculo con el Gobierno Santos, le impidió tomar acciones más contundentes o avanzar más rápido en las investigaciones disciplinarias en torno al escándalo de la multinacional de los sobornos. Hoy, los despachos de la Procuraduría están llenos de expedientes de este caso sin resolver.
Ante esos señalamientos, el saliente procurador se defiende y dice que sí tomó decisiones. La primera fue la acción popular que presentó en 2017 y que llevó a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera el polémico contrato de la Ruta del Sol II e impusiera una multa de 800.000 millones de pesos contra los miembros del consorcio a cargo de la obra (Odebrecht, Episol y el grupo Solarte) por presuntos hechos de corrupción. El fallo está en apelación en el Consejo de Estado.
“Que nadie se llame a engaños. Ha sido la Procuraduría la única entidad del Estado que ha logrado condenas patrimoniales contra Odebrecht y sus socios locales”, aseguró Carrillo en su momento.
La segunda decisión que cita el procurador para defenderse de los cuestionamientos fue el pliego de cargos contra Roberto Prieto, exgerente de las campañas de Santos, por presuntamente haber omitido en las cuentas una donación en especie de la firma brasileña, por un millón de dólares, y que tenían que ver con “unos estudios de naturaleza electoral y de opinión”.
Sin embargo, en las interceptaciones legales de la Fiscalía a Prieto, a él se le escucha despotricar de Carrillo. Afirma que el procurador lo quiere investigar para vengarse porque no lo apoyó en su campaña a la Procuraduría.
Igualmente, Carrillo asegura que el organismo de control fue determinante para evitar que el Estado terminara pagándole 1,2 billones de pesos a los bancos que financiaron la Ruta del Sol II. Al final, la suma quedó en 211.000 millones de pesos.
A pesar de todo, es evidente que la Procuraduría no le puso el acelerador a las investigaciones contra algunos funcionarios involucrados en el escándalo de Odebrecht. Aunque destituyó al exviceministro de Transporte Gabriel García por irregularidades en la adjudicación de la Ruta del Sol II, las pesquisas contra los senadores Bernardo ‘el Ñoño Elías’, Musa Besaile y Antonio Guerra de la Espriella no avanzaron como se esperaba. Carrillo dejará la Procuraduría el próximo 15 de enero, probablemente, sin cerrar estos casos.
También hay expectativa por saber si en los próximos días se logra conocer alguna decisión frente a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, sus compañeras en el gabinete Santos, a quienes el expresidente siempre ha calificado de “impolutas”. Ambas están citadas a juicio disciplinario desde 2018 por un presunto conflicto de intereses en la Ruta del Sol II y el plan para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.
¿Buscará la presidencia?
Carrillo fue un procurador mediático, hábil en suscitar titulares de prensa, calculador en lo político, y evidentemente más moderado y progresista frente a las banderas de su antecesor, Alejandro Ordóñez. Aunque niega que haya hecho de la Procuraduría un fortín burocrático, lo cierto es que habitualmente los procuradores terminan maniatados y deben cumplir con compromisos con los senadores que los eligen.
De hecho, Carrillo buscó que su viceprocurador, Juan Carlos Cortés, lo reemplazara en el cargo y, según fuentes, se movió políticamente buscando ese propósito. No obstante, fue derrotado por toda la maquinaria partidista que se alineó finalmente con la exministra de Justicia Margarita Cabello, la candidata del presidente Iván Duque.
“A la Procuraduría no solo hay que evaluarla por los fallos disciplinarios, aunque los hubo. También tiene otros componentes, como el preventivo”, asegura Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia de la Justicia.
En ese sentido, los cálculos señalan que la Procuraduría, debido a sus intervenciones de carácter preventivo, pudo haberle ahorrado al Estado unos 15 billones de pesos durante los últimos cuatro años.
De igual manera, Herrera destaca avances en la modernización y digitalización de la Procuraduría, pues se pusieron en marcha 15 nuevas herramientas que permiten adaptar la tecnología a la lucha contra la corrupción. Asimismo, Carrillo promovió por lo menos 200 audiencias ciudadanas, en las cuales obtuvo información para poder tomar decisiones.
Frente a la pandemia –por ejemplo–, el jefe del Ministerio Público jugó un papel importante. Más cuando unió fuerzas con el fiscal Francisco Barbosa y el contralor Felipe Córdoba, una estrecha relación que dio resultados de impacto en su momento, pero duró poco. Hoy se habla de roces y de una especie de guerra fría entre ellos, así como ocurrió con el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. Algunos aseguran que todo es un tema de vanidades.
La era Carrillo también fue criticada porque muchos vieron en cada una de sus decisiones una manera de ir construyendo su futuro político. Quienes lo conocen aseguran que quiere ser presidente. Sus constantes reclamos al Gobierno, sus apariciones en público y algunos mensajes en sus discursos llevaron a pensar que sus pretensiones iban más allá del control disciplinario. Lo veían como un procurador candidato.
Incluso, en estos últimos días ha tenido que salir a responder por eso. “La única campaña que me preocupa es la de la vacunación contra la covid-19, que sea oportuna, gratuita; ninguna otra”, dijo.
Carrillo –de acuerdo con la congresista María José Pizarro– fue un procurador de puertas abiertas. “Una voz imparcial en relación con el Gobierno, un funcionario ecuánime que no estuvo ni a favor ni en contra de la oposición”, expresó. Aunque la representante Katherine Miranda, del Partido Verde, también considera que Carrillo fue temeroso y se quedó corto en decisiones que debió adoptar y requerían más carácter, califica su gestión como buena. En el uribismo muchos lo critican en voz baja, pero le agradecen el concepto que dio la Procuraduría para que el caso del expresidente Uribe saliera de la corte y pasara a la Fiscalía.
En su cuatrienio, el procurador le asestó algunos golpes certeros a la corrupción. En el llamado cartel de la hemofilia, destituyó e inhabilitó por 13 años para ejercer cargos públicos al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons. Asimismo, suspendió temporalmente al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por agredir a un concejal y se empecinó en sacarlo del cargo. Además, impuso multas e inhabilidades a los exgerentes de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla porque pagaron millonarios recursos a la sociedad española Inassa, pese a no prestar los servicios.
Este año, Carrillo destituyó al exgobernador de Córdoba Edwin Besaile por conflicto de intereses, mientras que enfrentó al hermano de este, el exsenador Musa Besaile, quien tocó las puertas de la JEP asegurando que estaba dispuesto a contar toda la verdad sobre cómo se habría cocinado la elección de Carrillo en el Senado. Sin embargo, la Procuraduría dio una fuerte batalla jurídica frente a la JEP, a tal punto que hoy Besaile no ha sido escuchado.
La Procuraduría también suspendió por dos meses a la gobernadora del Magdalena Rosa Cotes y a su sobrino, el exgobernador Luis Miguel Cotes, señalados del descalabro de la Vía de la Prosperidad, una obra de casi medio billón de pesos convertida en un elefante blanco. Ambos lideran un poderoso clan político en la costa.
En la Procuraduría de Carrillo se conoció el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha provocado incertidumbre sobre las facultades de este órgano de control para destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular. Se habla de una posible reforma en un mediano plazo para que el organismo disciplinario acuse y sea un juez el que sancione. De igual manera, Carrillo será recordado por haber absuelto en varias investigaciones al controvertido general en retiro Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional.
“Ejercí esta Procuraduría con la Constitución en la mano y siempre poniéndome del lado de las víctimas, buscando proteger a los más vulnerables y con los pies en los territorios”, le dijo a SEMANA.
En pocas semanas, Carrillo saldrá de uno de los cargos más poderosos del país y volverá a ser un ciudadano común y corriente. Seguro le tocará trabajar mucho para recuperar a varios de sus aliados que perdió siendo procurador, entre ellos el expresidente César Gaviria, quien no le perdona que haya “perseguido” a algunos liberales. Muchos dan por sentado que Carrillo será protagonista en la batalla por la Presidencia de 2022.