Cuando Francisco Barbosa fue ternado por el presidente Iván Duque para ser fiscal general de la Nación, a finales del año pasado, en su mente tenía previsto marcar una gran diferencia frente a su antecesor, Néstor Humberto Martínez, quien renunció al cargo en medio de los escándalos que lo rodearon por sus posibles conflictos de intereses en la investigación de Odebrecht.
La idea de Barbosa, como lo dijo en su exposición ante la Corte Suprema y luego de su elección, consistía en tres pilares: una Fiscalía para la gente y en los territorios, una Fiscalía alejada de la confrontación política y una Fiscalia puesta al servicio de la paz. También se comprometió a tomar decisiones clave en casos como el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Barbosa, quien fue consejero presidencial de derechos humanos en el gobierno Duque, votó por el sí en el plebiscito de octubre de 2016 y al comienzo de su gestión fue claro en que no iba a torpedear el Acuerdo de Paz con las Farc. Hasta ahora, las principales críticas contra el fiscal se centraban en su independencia frente al Gobierno, como es habitual en ese cargo, dado que el presidente es quien terna a los candidatos a la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia. Y también en el famoso viaje a San Andrés, en plena pandemia, acompañado de su familia, en una visita oficial junto con el contralor Carlos Felipe Córdoba.
Sin embargo, estas críticas, a partir de lo que ocurrió este lunes, parece que serán cosa del pasado porque el fiscal general va a recibir un expediente que marcará el rumbo de su gestión por los próximos cuatro años. La Corte Suprema anunció que perdió competencia a la hora de investigar al expresidente y exsenador Álvaro Uribe, quien renunció a su curul hace unas semanas Eso quiere decir que todo el proceso de Uribe por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal llegará al búnker en los próximos días. Cada fiscal tiene entre sus manos una papa caliente que le define su rumbo en el búnker. Por citar dos ejemplos recientes, Martínez Neira tuvo el escándalo de Odebrecht, y Eduardo Montealegre lidió con dudas por millonarios contratos adjudicados durante su gestión. Cuando Barbosa tomó posesión de su cargo, en enero, lo que menos calculaba era tener entre sus manos la suerte judicial de Uribe, un proceso que ha desatado una fuerte controversia judicial y política en el país.
Los defensores del expresidente señalan que hay una persecución en su contra y que no se entiende cómo el hombre que arrinconó a las Farc está detenido, mientras los exguerrilleros están libres y sesionando en el Congreso.
Sin embargo, los que cuestionan a Uribe señalan que hay, como dijo el senador Iván Cepeda, una “montaña” de pruebas que lo comprometen en el plan de torcer testimonios de exparamilitares en las cárceles para enlodar al congresista del Polo Democrático y buscar declaraciones que lo exoneren a él y a su hermano Santiago Uribe de cualquier vínculo con el paramilitarismo. Aunque los fiscales por regla son autónomos, cualquier paso que dé el fiscal que asuma el proceso de Uribe tendrá al jefe del búnker detrás. No se entiende ninguna decisión de cualquier fiscal en un caso como el de Uribe sin el visto bueno o la reprobación del fiscal general. Barbosa, que ha preferido mantener un perfil bajo en las últimas semanas y solo ha hablado para mostrar resultados de sus investigaciones, ha dicho en muchas ocasiones que no es una persona cercana al expresidente Uribe. “Yo no tengo ninguna relación con el expresidente Uribe”, dijo en febrero en una entrevista con "El Tiempo". “Yo no tengo ninguna relación con el expresidente Uribe. El presidente de la República es Iván Duque. Yo no tengo que conversar con expresidentes para el ejercicio de mi cargo. Yo soy un hombre independiente, un hombre imparcial, y las decisiones en esta Fiscalía las tomará el fiscal general, nadie más”, agregó en esa oportunidad. Hoy la pregunta que todo el país se hace es si Barbosa podrá ser completamente independiente para manejar el caso Uribe, dado que Duque, su amigo de la universidad y quien lo ternó, no solo fue impulsado por Uribe a la Presidencia en 2018, sino que además ha sido criticado por tratar de interferir en dicho proceso judicial al decir que el expresidente debe defenderse en libertad.
La presión que recibirá el fiscal será mayúscula. Este lunes, el senador Iván Cepeda dijo que recusará a Barbosa porque, a su juicio, no brinda garantías de independencia e imparcialidad en dicha investigación. Pero desde el Centro Democrático consideran acertado que la Corte haya trasladado el expediente, pues aseguran que en dicho tribunal no hay garantías para Uribe y perdió la competencia desde que el exmandatario dejó el Senado. La tesis que al final se impuso es que los hechos por los que investigan hoy a Uribe no tienen una relación directa con su papel como congresista. Hasta ahora Barbosa no se ha referido a la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte. Es probable, incluso, que se mantenga en silencio. Y también es posible que otros procesos de Uribe en la Corte también lleguen al búnker, como el de la masacre de El Aro, donde se investiga al exsenador en su papel como gobernador de Antioquia por una supuesta omisión frente a la matanza perpetrada por los paramilitares. De la suerte que corra el proceso judicial de Uribe en la Fiscalía dependerá el éxito de Barbosa como fiscal general. Su gestión quedó ligada desde este lunes al caso judicial más sonado del país en estos momentos.