El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, anunció que en la reunión que sostendrá el próximo lunes con el presidente Gustavo Petro, le pondrá de presente las dudas que existen frente al alcance de los decretos emitidos recientemente y por medio de los cuales se ordenó la suspensión de actividades en contra de las bandas criminales de Los Pachenca y el Clan del Golfo, así como de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Para el jefe del ente investigador, es necesario que el presidente Petro verifique el contenido de ese decreto cuyo alcance es inédito en la historia del país. “Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes, es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el Cartel de Cali”, sostuvo Barbosa.
Frente a esta situación, le manifestará al primer mandatario que existen grandes dudas sobre la forma en que se debe actuar en estos casos. “Es función del presidente verificar si él tomó una decisión con esos decretos que se hicieron para el cese de hostilidades con organizaciones de narcotraficantes”, afirmó.
En este punto, reiteró que el artículo segundo ordena el cese de actividades policiales y militares, pero al mismo tiempo dice que no se suspenderán los derechos y compromisos con el orden constitucional de las fuerzas. “Sin embargo, hoy tenemos problemas de narcotráfico, 1.900 órdenes de captura sin ejecutar por homicidios dolosos en Colombia”.
Esta situación fue calificada como “complicada” por el fiscal general, puesto que “pone en entredicho” a la institucionalidad. Todo esto le será puesto de presente al presidente Gustavo Petro en la mencionada reunión “para reequilibrar lo que está ocurriendo y para que todos podamos seguir pensando que el país se construye bajo la base de unas ideas, por supuesto, de un gobierno que ganó en agosto, pero también del Estado de Derecho y de la separación de poderes”.
Esta misma preocupación la comparte la justicia de los Estados Unidos, con la que Barbosa sostuvo una reunión este martes en Washington. El fiscal general manifestó que sus miedos radican en que con este tipo de resoluciones se “desarticule la política de persecución judicial en Colombia. ¿Por qué es importante para mí? Porque esa es la función del fiscal general de la Nación. Cuando se habla de narcotráfico no es un asunto que le compete solamente al presidente de la República”.
Reiteró que la lucha contra el narcotráfico y la persecución criminal está avalada en el Código Penal, que los catalogó como conductas criminalizadas en todo el territorio nacional, y le confirió la responsabilidad al fiscal general de atender toda esta situación.
¿Proceso de paz o sometimiento?
El fiscal general, igualmente, manifestó que existen dudas sobre si el proyecto que radicará el Ministerio de Justicia tiene relación con un proceso de paz o un sometimiento a la justicia, temas que son muy diferentes. Por el momento no conoce los detalles de la propuesta.
“Es importante que se diga lo siguiente: los límites que tiene ese proyecto, llámese sometimiento a la justicia o de reconocimiento de responsabilidad penal es que esas personas tienen que pagar sus penas en prisiones, tienen que entregarles los bienes o los dineros ilícitos a las víctimas, tiene que haber verdadera justicia, reparación y garantías de no repetición, no tiene que haber garantías de no extradición y no debe existir elegibilidad política”.
Citó que fue el mismo Petro, en el año 2006, siendo representante a la Cámara, quien fijó esos lineamientos y diferencias entre proceso de paz y sometimiento a la justicia. Lo que se ha planteado hasta el momento –sostuvo– tendría una complicación a la hora de ser planteado y discutido en el Congreso de la República.
“Yo me someto a lo que diga el Congreso, siempre y cuando se respeten elementos centrales de la Constitución Política de Colombia”, manifestó. Para el fiscal Barbosa, el debate, que se está viviendo ahora mismo, es clave para aclarar todas las dudas y corregir los errores frente al proyecto de la ‘paz total’.
“Es necesario que exista una ley de sometimiento con unos requisitos, con unos estándares que deben aplicarse porque no estamos hablando solamente de narcotraficantes, sino de las personas que han venido asesinando líderes sociales y reincorporados, por lo que están poniendo contra las cuerdas la implementación del acuerdo de paz que firmó Colombia en el año 2016″, señaló el funcionario.