Luego de los recientes hechos ocurridos en el apartado municipio de California, ubicado en la Provincia de Soto, a 51 kilómetros al noreste de la ciudad de Bucaramanga, originados por la confusa muerte de un nativo, en medio de un procedimiento en contra de la minería ilegal, la alcaldesa de ese municipio, Genny Gamboa, habló con SEMANA sobre la situación actual que se vive luego de una asonada de parte de la comunidad a los militares en rechazo al hecho.

“En este momento todo está en calma, están velando al señor en la casa de ellos, pero nosotros mantenemos el Puesto de Mando Unificado para cualquier eventualidad; pero hasta el momento todo está en calma”, dijo la mandataria municipal.

Sin embargo, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que ayude a solucionar la situación “que es bastante complicada”, pues California no registraba un hecho violento -y menos como el ocurrido- desde hace 21 años; piden a través del código de minas espacio para los mineros ancestrales tradicionales “para hacer las cosas bien, de manera amigable con el medio ambiente, y para seguir conviviendo en paz y armonía”.

“A nivel país éramos el municipio sin homicidios, y esta situación nos pone muy tristes, era un californiano neto. Con dos mil habitantes, todos somos conocidos, todos somos familia, y casi el 90 % vive precisamente de esa actividad minera”, señaló Gamboa.

En ese municipio hay en total ocho asociaciones identificadas de pequeña Minería Ancestral Tradicional que no están formalizadas, es decir, más o menos 400 familias que subsisten de la actividad, pues el 5 % de la economía municipal depende de la agricultura, en la parte de las veredas de abajo, pero la mayoría de su economía es de la minería.

“Desde el primer momento que yo ejerzo como alcaldesa, esa ha sido mi solicitud al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas, a través de la Agencia Nacional de Minería, a que pongan los ojos en California y de una vez solucionen la situación de los pequeños mineros. Tenemos la percepción de que este código de minas está hecho para las grandes multinacionales, convirtiendo al pequeño minero ancestral tradicional en ilegal, siendo perseguido y hasta, en este caso, asesinado”, expresó la alcaldesa.

Aseguró que las personas nativas del municipio que se dedican a esa actividad protegen los recursos naturales del páramo de Saturbán, así como el agua y quieren hacer una minería amigable con el medio ambiente.

“Queremos presencia del estado, pero con políticas que apoyen y protejan a los poquitos que realizan esta labor, tecnificándolos, organizándolos y acompañándolos. Aquí hay muchos intereses y es el momento de unirnos y exigirle al Gobierno nacional en el marco del diálogo constructivo, una zona para que esa minería se lleve a cabo formalizada, legalizada y de una manera sostenible y amigable con el medio ambiente”, anotó la alcaldesa Genny Gamboa Guerrero.

SEMANA consultó también su fuente dentro del Ejército Nacional, que indicó que ya se llevó a cabo en ese municipio un consejo de seguridad extraordinario por lo ocurrido, pero no entregaron los detalles de las conclusiones, y aseguró que los soldados continúan en las áreas generales del municipio, pero no en el punto donde ocurrieron los hechos.