En medio de la tensa relación que existe entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Gobierno de Gustavo Petro, este lunes, se conoció una carta enviada el pasado 20 de septiembre por parte del presidente de ese tribunal especial, magistrado Roberto Carlos Vidal, al jefe de Estado en el que le ponía de presente la preocupación que existía por la falta de presupuesto.
En la misiva, fechada el pasado 20 de septiembre, se advierte por la falta de los recursos en el Fondo Colombia en Paz, clave para la resolución de los proyectos con los que los máximos responsables de delitos durante el conflicto armado interno, está en riesgo.
“La preocupación de la magistratura radica en que los recursos, entre otros aquellos definidos por el Comité Directivo del Fondo Colombia en Paz y que estarían destinados a la materialización de los planes, programas y proyectos se estarían orientando a otras líneas de financiación o intervención”, advirtió el magistrado Vidal en la carta de tres páginas.
La reasignación de los recursos que estaban garantizados para la JEP afectan, según las palabras de los magistrados, los planes y proyectos que se tenían en la lista para el próximo año, entre ellas la “misionalidad” en las regiones y la “reparación integral de las víctimas y la aplicación de la justicia restaurativa y prospectiva, inmersa en sus decisiones jurisdiccionales”.
Frente a esta situación, el presidente de la JEP le pidió “comedidamente” que se “impartan las instrucciones necesarias dentro del Gobierno Nacional para destinar los recursos previstos en el fondo Colombia en paz a los planes, programas y proyectos que le dan soporte institucional y presupuestal para la imposición y cumplimiento de las sanciones propias y de las medidas de contribución a la reparación que llegaren a ser jurídicamente definidas por la JEP”.
Estos recursos, advierte, son clave para la puesta en marcha de “las gestiones que se adelanten para garantizar las condiciones materiales, financieras e institucionales anteriormente indicadas, serán una forma concreta y pertinente de refrendar el compromiso del Gobierno nacional para el efectivo cumplimiento del Acuerdo Final de Paz”.
Esta carta se suma a la polémica suscitada por el alto comisionado de paz, Otty Patiño tras proponer que era mejor dar por terminada dicha justicia transicional, la cual se conformó tras la firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016.
El pasado jueves, en rueda de prensa, el magistrado Vidal le exigió “respeto” al Gobierno por este tipo de pronunciamientos, asegurando que este tipo de señalamientos afecta gravemente las funciones de la JEP y abre la puerta a una revisión por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).
“Esas iniciativas desde el Ejecutivo resultan muy riesgosas si apuntan a que las nuevas instituciones que se deben crear para resolver los asuntos judiciales de los procesos de paz en curso se construyen sobre la base de la destrucción de la JEP o de su descrédito”, advirtió.
El presidente de la JEP manifestó su preocupación por las decisiones del gobierno de cambiar el destino de los recursos comprometidos para poner en marcha las funciones de la JEP establecidas en el acuerdo firmado con la guerrilla de las Farc.
“La JEP tiene muy claras sus competencias”, manifestó el magistrado Vidal. “Nosotros no hemos tenido ninguna pretensión de extender nuestras competencias más allá de lo establecido en los acuerdos y la Constitución”.
Cualquier modificación de los tiempos, competencias y funciones de la JEP debe realizarse por medio de una reforma constitucional ante el Congreso. Es decir, no es una decisión autónoma ni de la rama Judicial ni de la Ejecutiva.