Quizá es un hecho inédito que un gobernante sea capturado dos veces por el mismo presunto delito. Le sucedió a Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, a quien esta semana la Fiscalía le cayó a su despacho, con cámara en mano, para notificarle que quedaba detenido por las presuntas irregularidades en un contrato que firmó en 2005 para la ampliación de la troncal de la Paz. Una vez más, el despacho de La Alpujarra se quedó en manos de un funcionario encargado por el presidente Iván Duque, un hecho inédito en tierras paisas.

La Fiscalía ha explicado que en el contrato de la troncal, celebrado en la primera gobernación de Gaviria, la licitación fijó un anticipo de 25 por ciento del valor básico del contrato, sin embargo en su firma, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29 por ciento. “Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa”. Pero los presuntos problemas no estarían solo ahí. Según la Fiscalía: “Hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato adicional n.° 1, el 8 de noviembre de 2007, por 3.995 millones de pesos, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de ‘mayores cantidades de obra’ que no fueron precisadas”.

El círculo cercano a Gaviria califica las dos capturas como una persecución y empresarios y políticos varios han salido en su defensa; sin embargo, el panorama no es claro. SEMANA tuvo acceso a algunas respuestas que el fiscal del caso le dio a la defensa el año pasado cuando se negaba a devolver la libertad, que finalmente le entregó la Corte. Entre muchos argumentos, la Fiscalía dice: “Parece ser que, en el desempeño de la gestión administrativa de Aníbal Gaviria Correa, es una constante su postura de recurrir a la delegación, no solo de la actividad contractual, sino, además, de la labor de seguimiento, control y dirección sobre la misma, para que sean personas diferentes a él, e incluso organismos de los que técnicamente no hace parte, los que suscriban como responsables únicos todos los actos que ello demande”.

La Fiscalía manifiesta que Gaviria celebra contratos en tercera persona que terminan beneficiándolo, y cita que su fuente señala que tiene un modus operandi, “con delegación y comité de contratación (que) fue un esquema que llevó a su administración como alcalde de Medellín y sigue imponiéndose en su actual periodo en Antioquia. Como también entiende que no es cierto que se desligue de la función que delega, en la medida en que continúa al tanto de cómo se está desarrollando la contratación, mediante informes del COS, porque ‘es el más interesado’ en ello –según afirmó esta testigo–, con documentos que le dicen qué se ha contratado, el plazo, el valor y también hace la verificación de la ejecución del plan de desarrollo –construido con su liderazgo–, de los indicadores, la medición de las tareas y, en algunas ocasiones, concurriendo en la toma de decisiones, solo que a través del consejo de Gobierno”.

En un largo listado, se menciona cómo varios funcionarios de las administraciones de Gaviria, personas de su entera confianza, terminan con problemas con los organismos de control, muchas veces investigados y sancionados. Citan el caso de Vera Cristina Ramírez López, quien fue inhabilitada durante 12 años por la Personería de Medellín para ocupar cargos públicos, decisión tomada en enero de 2019 por el entonces personero Guillermo Durán. Ramírez López participó en la venta irregular del lote 24 de la Plaza Mayorista, el cual la Alcaldía vendió por un valor inferior a 20.000 millones de pesos, beneficiando de esta manera al comprador. La carpeta que la Fiscalía tiene en contra de Gaviria va mucho más allá de este caso de 2005, le han hecho un seguimiento a sus administraciones en Antioquia y Medellín y a su círculo más cercano de funcionarios. Entre los políticos paisas se teme que ahora la captura puede terminar en un juicio demoledor.