En plena área metropolitana de Cali se vive hoy bajo el régimen de terror que impusieron las Farc de Iván Mordisco. Mientras el presidente Gustavo Petro se dedica a hablar de paz total, las disidencias acumulan poder y cogobiernan en Jamundí, donde patrullan armados, uniformados y en motos de alto cilindraje, tienen retenes ilegales constantes, secuestran, asesinan, trafican cocaína, carnetizan a la población, exigen permisos de circulación y están acabando con la selva, generando una de las deforestaciones más grandes de los últimos años para construir una carretera que les permita conectar con el mar Pacífico y enviar cargamentos de droga.
A tan solo 25 minutos de la capital del Valle, ante la mirada casi permisiva de la fuerza pública, Mordisco se dio el lujo de montar una república independiente que desafía al Estado democrático y amenaza con situar allí una dictadura sangrienta, en la que en menos de un año han asesinado a más de 50 personas, retenido a 360 ciudadanos y secuestrado a 71. La crítica situación llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir una alerta temprana debido a la “sistemática violación a los derechos humanos” en Jamundí.
En impactantes videos conocidos por SEMANA se ve a guerrilleros armados patrullando, con fusiles de asalto, increpando a la comunidad para sembrar el terror; también se les ve deteniendo ciclistas, a quienes se les exige documentación al día. Un panorama desolador que devuelve a Colombia al pasado, al mismo escenario de miedo, incertidumbre y dolor de hace tres décadas.
Lo sorprendente es que todo esto ocurre a 15,8 kilómetros del Cantón Militar Pichincha, uno de los más grandes e importantes del país. Los militares, maniatados por el cese al fuego y de operaciones contra esa estructura criminal, son solo siluetas en este coctel delictivo de uno de los cinco municipios más importantes del Valle del Cauca. Lo que ocurre aquí es la mejor muestra de debilidad del Gobierno, que se dejó ganar terreno de la criminalidad en diferentes zonas del país.
Un equipo periodístico de SEMANA llegó hasta la riesgosa zona rural de Jamundí para constatar las denuncias de varios líderes del sector.
“La guerrilla es la ley”, dijo un vocero campesino. Su premisa no es exagerada, porque basta con alejarse cinco kilómetros del casco urbano para encontrar señales de advertencia de la columna Jaime Martínez, que generan terror. Sobre la carretera hay pancartas, pasacalles y grafitis que indican que a partir de ese momento es territorio de Mordisco. El primer retén de los criminales está en el corregimiento Ampudia, a tan solo diez minutos en carro desde el centro de Jamundí.
“Los retenes están en las veredas Cascarilla, Pradera, La Cima, La Liberia y Ampudia, entre las seis de la mañana y las cinco de la tarde. Todo el que entra y sale ya sabe que se debe reportar con ellos (la columna Jaime Martínez)”, cuenta uno de los líderes campesinos de la zona, que se atrevió a hablar con SEMANA bajo el compromiso de mantener su nombre en reserva.
En la zona rural de Jamundí impera el silencio, nadie quiere hacer algo contrario al manual de convivencia entregado por las Farc, porque el castigo es la muerte. Aún recuerdan el asesinato, en 2023, de un jovencito de 17 años con problemas mentales, a quien un día se le ocurrió ponerse un piercing en la ceja y cuando fue increpado por los guerrilleros se negó a quitárselo. Dos días después fue hallado con 36 impactos de bala.
Por ese, y otros casos, se acata la “ley” que imponen las Farc. Quienes habitan en esos lugares deben portar, en un lugar visible, el carnet de movilidad expedido por la columna criminal Jaime Martínez, con eso llevan un control, casi notarial, de quien vive o muere en ese territorio. Para adquirir el documento, que también es una especie de salvavidas, los pobladores entregan su cédula al comandante de turno, luego –días después– les llega el plástico de libre circulación.
El carnet debe ser portado siempre. Quien no lo lleve por alguna circunstancia tiene tres opciones: la primera, pagar 3 millones de pesos en efectivo; la segunda, abonar un millón de pesos en efectivo y ser secuestrado por ocho días para realizar trabajos forzados e inhumanos en la carretera que están construyendo a los ojos de todo el mundo para acelerar el paso de la droga hacia el Pacífico; la tercera opción, si el campesino no cuenta con el dinero, es ser esclavizado durante 25 días para ser sometido a los mismos vejámenes.
“Hasta hace dos años, la situación era manejable, pero hoy ellos (la disidencia Jaime Martínez) son dueños de todo, hasta de nuestras vidas”, dice otro líder campesino, mientras señala un cráter de aproximadamente diez metros de diámetro al lado de la carretera: “Ahí tiraron una bomba”, complementa.
El poder de esta disidencia es tanto que si una persona de la zona rural trabaja en el casco urbano y sus labores se extienden hasta las nueve de la noche, que es cuando comienza el toque de queda impuesto por las Farc, la empresa debe enviar una carta a la columna Jaime Martínez especificando que su empleado –o colaborador– excede el horario de la restricción porque, efectivamente, se encontraba trabajando.
Para quienes no residen en la zona, los requisitos de movilidad son diferentes: el trámite debe hacerse directamente con el criminal que funge como comandante de turno de las Farc, a quien se le dirige una carta explicando el motivo de ingreso al territorio, las horas en que estará, quién lo recibirá y a qué hora se marchará; por eso, cuando el pasado domingo unos ciclistas fueron retenidos, les dijeron que “la próxima vez debían tramitar el permiso y no saltarse el conducto”.
Aunque las Fuerzas Armadas no lo admitan públicamente, hasta ellos deben tener permiso para transitar. Por ejemplo, en el corregimiento Ampudia, la supuesta comunidad expulsó a las tropas del Ejército. En realidad, quienes salieron a hostigar a los soldados fueron disidentes mimetizados como simples campesinos.
Los uniformados, durante 20 días, avanzaron hasta la zona alta, pero fueron sacados, pisoteados, humillados y obligados a caminar 15 horas hasta el casco urbano, de regreso. Una alta fuente del Ejército le confirmó a SEMANA que las Farc, incluso, manipulan a algunos integrantes de la Coccam (Coordinadora Nacional de Cultivadoras y Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana) para que hagan asonadas contra el Ejército.
Siempre, en medio de los supuestos manifestantes, hay integrantes de las Farc vigilando que se cumplan sus órdenes. La Coccam surgió producto del acuerdo de La Habana para organizar a los cultivadores de coca y promover la sustitución de los cultivos ilícitos.
La columna Jaime Martínez es una de las estructuras más sangrientas de las Farc de Mordisco, y, según inteligencia militar, hoy esa columna no responde del todo a las órdenes de este criminal; es decir, poco a poco se está convirtiendo en una disidencia de las disidencias, un nuevo pulpo violento capaz de controlar todo un municipio como Jamundí.
El negocio, principalmente, es el narcotráfico. Los cultivos de coca en Jamundí quintuplican a los registrados hace una década, en la zona rural tienen laboratorios y las rutas para sacar el producto procesado hacia el Pacífico, posteriormente, lo empacan en semisumergibles y lo envían rumbo a Centroamérica para que llegue a Estados Unidos y Europa.
La otra renta criminal de las Farc en Jamundí y la zona rural es el secuestro de turistas y empresarios de sectores cercanos como Pance y Ciudad Jardín, en el sur de Cali. La Comisión de Verificación ha contabilizado en 2024 más de 200 “retenciones” cometidas por la Jaime Martínez, 11 de ellas han terminado con secuestros prolongados y un asesinato. Todo el mundo paga para quedar libre, no hay otra manera.
¿Quiénes son?
Jaime Martínez murió en 2014. Era un despiadado guerrillero que acogió a todos aquellos desertores del proceso de paz del expresidente Juan Manuel Santos. Como homenaje, alias Mayimbú (también dado de baja) bautizó con su nombre al nuevo grupo criminal; hoy, sus tentáculos están en Suárez (tierra de la vicepresidenta Francia Márquez), Buenos Aires y Timba, Cauca; así como Jamundí, zona metropolitana de Cali, Dagua y Buenaventura, en el Valle.
Con la muerte de Mayimbú, el poder de la Jaime Martínez se descentralizó y, aunque la cabeza visible es alias Esteban, solo en Jamundí tienen siete comandantes: alias Oso Yogui y Pinche controlan el corregimiento Villacolombia; Bairon, Frank y Yisell, una jovencita de apenas 21 años, tienen a cargo Potrerito y sus alrededores; mientras que alias Veneno y el Flaco Julián están en Ampudia y La Liberia.
En las viviendas de la zona rural de Jamundí hay cartillas de adoctrinamiento que deben estar exhibidas en lugares muy visibles, casi como una Biblia, a las afueras de los colegios hay propaganda guerrillera, los balones con los que juegan los niños tienen los logos disidentes, así como cuadernos, pocillos y camisetas.
Los menores de 5 años tienen juguetes regalados por los disidentes. Al preguntarles si saben quién se los obsequió, algunos, en medio de su inocencia, cuentan detalles: “Fue el señor Jaime. El señor Jaime nos cuida”.
El señor Jaime es el bloque guerrillero que ha fundado una república independiente en las narices de las autoridades y de la fuerza pública en Cali: ellos son la ley, el dios que decide sobre la vida, la mano que provee y quita. Son los todopoderosos.
Como en las peores épocas de los carteles del narcotráfico, tienen dos estaciones de gasolina con instalaciones modernas (ver imagen). Las estructuras están ubicadas en La Liberia y La Cabaña. El carrotanque del combustible es el único que tiene permiso para transitar en esas zonas, los demás automotores pesados son robados, quemados o baleados. Esta gasolina, mayoritariamente, es usada para mover la maquinaria que está abriendo paso en la carretera que las Farc están construyendo para conectar con el Naya y el Pacífico, arrasando con la zona de reserva de los Farallones de Cali. Los criminales están tan seguros de que están en terreno propio y nada les pasará, que atienden las gasolineras vestidas con uniformes de las Farc y con fusiles.
Los vehículos tienen que transitar con los vidrios abajo y los motociclistas no pueden usar cascos. Todo eso está expuesto en el manual de “buen comportamiento” que reparten a la comunidad.
Los principales cabecillas viven en tres lujosas propiedades robadas. Las fincas, cuyos nombres están en poder de las autoridades y de SEMANA, pero que no se revelan para proteger las investigaciones, son el centro de operaciones, reuniones, fiestas y conciertos de la columna Jaime Martínez. Los entrenamientos de los jovencitos reclutados se realizan en la vereda La Cabaña, corregimiento de La Herradura.
De esto tienen conocimiento desde el soldado más humilde del Ejército hasta los generales de más alto rango, pero las Fuerzas Militares no pueden hacer nada más que ver los lujos y extravagancias de las Farc desde lejos, porque hay un cese de operaciones por los compromisos de la llamada paz total del presidente Petro. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se asegura de que ese cese se cumpla a rajatabla por parte de la fuerza pública. Esta no puede mover ni un dedo contra los criminales.
El Ejército no puede actuar en esos puntos que están vetados. Si lo hace sería un gesto de provocación que es respondido con disparos. No obstante, mientras los soldados son obligados a no capturar, ni a disparar, a las Farc de Iván Mordisco poco o nada les importa cumplir con el cese al fuego. Los ataques hacia la fuerza pública son constantes, los secuestros se realizan más cerca a los centros poblados y el poder de las disidencias cada día gana un kilómetro.
De continuar esta tendencia, dicen líderes de la zona, es cuestión de un par de años para que todos en Jamundí y parte del sur de Cali tengan que responder solo a la autoridad de las Farc.
“Son unos salvajes asesinos”
El año pasado, la disidencia Jaime Martínez asesinó a 17 personas en Jamundí, muchas de ellas fueron secuestradas antes, y una vez recibido el pago por su liberación las mataron con disparos de gracia; a otras las asesinaron para enviar mensajes.
A dos jóvenes trabajadores de una finca los degollaron para que a los dueños no se les olvidara pagar la extorsión. Cada caso es más terrorífico que el anterior. El último asesinato ocurrió el pasado lunes en San Isidro, allí mataron a una adulta mayor con 30 impactos de bala en la puerta de su casa.
En muchos casos de secuestro, los comandantes de la Jaime Martínez hablaron con los familiares de las víctimas y con un cinismo psicópata les aseguraron que no les pasaría nada, pero luego los asesinaron y los dejaron botados en vías del Cauca.
“Son unos salvajes asesinos”, le comentó a SEMANA un líder de la zona. Explicó que ellos viven en un gran secuestro a cielo abierto, pues no pueden salir con sus pertenencias sin ser increpados por los criminales. La estrategia es que, pese a la violencia, nadie se pueda marchar del territorio.
Una vereda sin comunidad es una lápida para los guerrilleros, teniendo en cuenta que, ante una operación militar, la población es el escudo humano para impedir el avance de las tropas (desde hace año y medio no hay operaciones, cuando, por orden del Gobierno Petro, fue retirado el batallón de alta montaña).
La carretera de la muerte
El proyecto de las Farc es muy ambicioso. En año y medio sin operaciones militares han logrado avanzar con una de las mayores talas de bosque y daño al medioambiente del que se tenga registro en Colombia. Convirtieron una de las áreas medioambientales más protegidas del suroccidente colombiano, por su diversidad de aves, en un desierto de tierra amarilla y rocas.
La intención es unir la zona rural de Jamundí con el mar; para lograr ese objetivo se han robado más de 20 máquinas amarillas, secuestrado a centenares de personas para esclavizarlas al sol y al agua en trabajos de remoción de escombros.
Hoy, según fuentes consultadas por SEMANA, están a menos de dos kilómetros de lograr unir a Jamundí con el Naya, esto permitirá que vehículos pesados puedan transportar toneladas de droga y así aumentar la periodicidad de cargamentos enviados al extranjero. Antes, la droga se sacaba a lomo de mula.
En el área urbana de Jamundí también ejercen control: tienen al menos tres talleres de mecánica para reparar sus camionetas Toyota TXL, además controlan el comercio legal con varios establecimientos fachadas y milicianos mimetizados en los sitios donde se despachan los buses intermunicipales.
Al ser consultados por estas graves denuncias, no hubo pronunciamiento de la fuerza pública. “Es un secreto a voces del que no se puede hablar”, le dijo a SEMANA un oficial; mientras tanto, la población aterrorizada ha perdido las esperanzas de que la situación mejore y puedan ser libres de nuevo.
Si bien el mandato constitucional para el presidente Petro es buscar la paz, él no puede cogobernar con las Farc y otros criminales, ni mucho menos dejar abandonados a su suerte a los colombianos. Lo que pasa en Jamundí, en plena área metropolitana de Cali, es un campanazo para toda Colombia.