Mientras el paro campesino continúa en la región del Catatumbo, dirigentes cafeteros amenazan con la convocatoria de una nueva movilización agropecuaria para el próximo 19 de agosto. Crece así la posibilidad de que en el segundo semestre del año se replique el complejo escenario del primero: una seguidilla de protestas de diversos sectores como los cafeteros, cacaoteros y camioneros. ¿Con cuáles estrategias está enfrentando el equipo político del gobierno estos malestares sociales?Las protestas hacen parte del escenario político nacional desde hace décadas y no nacieron bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Según cifras del Cinep, entre el 2002 y el 2010 se presentó una media anual de 643 luchas sociales, un aumento del 50 por ciento en relación con la década anterior. Esa misma base de datos registra más de 18.000 protestas entre 1975 y 2010, de las cuales los paros y las movilizaciones corresponden al 69 por ciento. No obstante, la duración, la visibilidad mediática y el uso de la fuerza policial en manifestaciones como la de los cafeteros y ahora en el Catatumbo han impedido una resolución expedita. Si bien la administración Santos ha adoptado un discurso más conciliador y respetuoso de la protesta que su antecesor, con frecuencia sus funcionarios caen en la represión de la fuerza pública y en la estigmatización de los manifestantes. A eso se suma el surgimiento en los últimos años de un sinnúmero de organizaciones sociales con activistas en las agendas más variadas como la educación superior, el medio ambiente y el rechazo a la minería o a los tratados de libre comercio. Además, el acceso a las nuevas tecnologías traslada las peticiones ciudadanas al universo de las redes sociales, cuyos impactos en la opinión pública apenas se están dimensionando. Lo que evidencian primero el paro cafetero y ahora las protestas campesinas es una falta de olfato y anticipación del equipo político del gobierno para esas realidades. En ambos casos, como en otras movilizaciones, los manifestantes asumen vías de hecho cuando los canales institucionales no funcionan. En el Catatumbo, por ejemplo, los campesinos reclaman compromisos firmados por el Estado en 2009. “Uno de los argumentos preferidos de este gobierno es que las demandas deben ser tramitadas por las vías institucionales. En la práctica, las protestas como el paro cafetero de este año muestran que las personas protestan cuando no han sido escuchadas por las autoridades”, asegura Edwin Cruz, profesor de la Universidad Nacional.Otro elemento en común es la llegada del gobierno a las crisis demasiado tarde y algunas veces de manera descoordinada. Al gobierno también le hace falta el radar que le permita detectar de manera temprana esos malestares. A pesar de contar con el Ministerio del Interior, dos consejeros presidenciales– Garzón y Juan Carlos Mira– y las carteras técnicas como Agricultura, Educación o Minas, la Casa de Nariño necesita fortalecer el diálogo con las regiones para anticipar estos levantamientos. Durante este año ha hecho carrera la peligrosa idea de que es necesario protestar y acudir a las vías de hecho para lograr beneficios estatales. Ad portas de la campaña de 2014, es el momento de ajustar esos sensores políticos.