Diez días después de la posesión del presidente Gustavo Petro se gestionó la compra de 50 licencias únicas en el país para evitar que se presenten interceptaciones o fuga de información a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto. La herramienta tecnológica será instalada en los celulares de las personas más cercanas al mandatario.
Las licencias de encriptación de teléfonos móviles tienen especificaciones claras. Entre ellas la capacidad de seguridad con grado militar, pues en la justificación del contrato se habla de las falencias que existen en materia de seguridad referente a comunicaciones en Palacio y al equipo de confianza del presidente.
La entidad encargada de realizar la compra con su respectivo estudio preliminar fue el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Desde allí explican que si bien es cierto que muchas organizaciones protegen sus datos e información a través de firewalls, aplicaciones antivirus y la implementación de correo electrónico cifrado, aún existen falencias en los dispositivos inteligentes ―smartphone― convirtiéndose en uno de los vectores de amenaza más grandes en la infraestructura de las organizaciones.
El jefe del área de tecnología y sistemas de la información de la entidad, en los estudios previos, indicó: “No se cuenta con un servicio de comunicación segura en ninguna plataforma, encontrando entonces a las licencias del software Cellcrypt, como la solución más adecuada a la necesidad que actualmente tiene la entidad”.
Como lo mencionaron, el programa tecnológico no podría ser tradicional. Tiene que cumplir con sofisticadas herramientas, que, según la Presidencia, solo una empresa podría suplir en Colombia, pues es la única que presta ese tipo de servicios a nivel gubernamental en la región. Entre las características se exige que: debe estar aprobado por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología de los Estados Unidos y contar con certificaciones de Niap, Otan y CNSA.
Su sistema de encriptación tiene que ser de extremo a extremo Post Cuántica, lo que significa que las llamadas deben ser enrutadas a través de la conexión de datos del dispositivo móvil.
Además, debe permitir la autenticación plena de todas las partes en una llamada; eliminando el riesgo de usurpación de personalidad, evitando así la suplantación.
Entre sus funciones está garantizar privacidad absoluta, protegiendo las conversaciones entre teléfonos inteligentes. No solo en las llamadas y los mensajes tradicionales, sino también en archivos adjuntos, grabaciones de voz, fotos. Estas licencias deben contar con mensajería grupal y garantizar que nadie externo a ellos puede tener acceso a lo que se hable en tales reuniones que se puedan hacer mediante video llamadas y con capacidad de conexión de hasta 200 personas.
“Debe permitir la realización de video llamada: habilitando la realización de video llamada encriptada entre los usuarios uno a uno”, señalan en los documentos del proceso contractual.
La Presidencia realiza la contratación directa con la empresa NAVGIS CORPORATION S.A.S porque, según ellos, no hay otra en Colombia que facilite tanto el suministro de las licencias del software y que a su vez se encargue de la instalación y mantenimiento de estas.
Al revisar el proceso de contratación en el portal de Compra Eficiente, se evidencia que las 50 licencias tienen un costo de $ 62.475.000, lo que quiere decir que la unidad vale $ 1.249.500. Ese valor incluye el servicio de asistencia. El licenciamiento será durante un año.
Se espera que, después de la adjudicación del contrato, se cuente con una gabela de dos meses para el cumplimiento. Así que a más tardar el próximo 17 de octubre los 50 celulares que el presidente y su equipo asesor estimen convenientes tendrán instalada la licencia que encriptará sus conversaciones y mensajes.
SEMANA conoció con fuentes de la Casa de Nariño que inicialmente se estableció que el presidente Gustavo Petro, cada uno de los miembros de su gabinete y organismos de seguridad del Estado serán quienes tengan acceso a la sofisticada licencia, todo en pro de la seguridad del Estado.