La extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, está a punto de convertirse en un caso similar al ocurrido con el exjefe de las Farc Jesús Santrich.

Justo cuando el Gobierno avanzaba en su traslado a una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, la defensa del mayor narcotraficante del país pidió que su defendido quedara en poder de la JEP, una medida que, en caso de darse, podría frenar el envío del capo a Norteamérica.

Mientras la JEP decide si acepta o no el ingreso de alias Otoniel, el país está envuelto en un debate jurídico entre quienes creen que el narco debe irse pronto y otros que estiman que antes de viajar a una cárcel gringa debe contar su verdad en el país.

En esa línea está el expresidente Ernesto Samper, quien le dijo a SEMANA que mientras esté pendiente la verdad que él podría contar a las autoridades debería quedarse en el país. “Que no suceda lo mismo que ocurrió con algunos jefes paramilitares que los mandaron a Estados Unidos para evitar que contaran la verdad y hoy están regresando a ver si pueden ser admitidos en la JEP para relatar la verdad que le quedaron debiendo al país”, dijo Samper.

En el caso de Otoniel, Samper afirmó que es de interés nacional que el narcotraficante cuente la verdad y después se tome la decisión de enviarlo a una cárcel estadounidense.

“Que él no se lleve la verdad a Estados Unidos porque allá no la contará. Que la cuente acá y sobre esa base se tome una decisión”, sostuvo.

El exmandatario destacó además que si el jefe del narcotráfico se queda en el país no se afecta el tratado de extradición que existe entre Colombia y Estados Unidos “porque la extradición es una decisión que toma libremente el Estado teniendo, entre otras consideraciones, las de preservación de la paz y la defensa de las víctimas. Quien tiene derecho a que él cuente la verdad y se quede para contarla no es la JEP, ni el Estado, son las víctimas, porque todo el proceso de justicia transicional se hizo como referencia a la protección del derecho de las víctimas”.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) tiene que escuchar la versión de alias Otoniel, según Samper. Y después, evaluar y determinar si es útil o no recibirlo. “En ese caso tomará la decisión, este es un caso muy parecido al de Jesús Santrich”, reconoció.

Precisamente, esa pelea por su jurisdicción entre la Fiscalía y la JEP con la Corte Suprema definiendo hacia qué lado debe ir la investigación es la que quieren evitar las autoridades colombianas.

“En el caso de Santrich no se había hecho un proceso de apertura de verdad. Yo creo como política general que la JEP sí debería aceptar a los paramilitares porque si no, queda incompleto el proceso; sería como una mesa de dos patas. Aquí eran tres los actores armados importantes: las Farc, las Fuerzas Armadas y los paramilitares. Si no hay un testimonio de los tres nunca sabremos la verdad completa”, dijo Samper.

Por último, el expresidente manifestó que “el Gobierno deberá respetar la decisión que tome la JEP frente a Otoniel porque es un organismo y seguramente la Corte Suprema, que tiene la última palabra, también respetará el derecho de las víctimas antes de decidir la extradición. Aquí no se está decidiendo la no extradición de manera definitiva, sino la no extradición para que él cuente la verdad. Ya se verá después si hay o no méritos, eso lo considerará el Gobierno, que tiene absoluta discrecionalidad para juzgar las razones de extradición a Estados Unidos”.

El problema es que mientras la JEP se pronuncia y el Gobierno logra surtir los trámites para la extradición de alias Otoniel, las autoridades advierten de un plan de fuga del capo más buscado en los últimos años.