Lo ocurrido en la estación de Policía de Santa Fe, en el barrio La Macarena, en Bogotá, cuando 26 presos se fugaron, algunos inclusos con esposas, en medio de un motín, se trataría, sin duda alguna, de una verdadera crónica de una fuga anunciada y no porque las autoridades tuvieran conocimiento de lo que iba a pasar en la mañana del 9 de agosto, sino por las múltiples alertas que se han lanzado desde años atrás por el hacinamiento en las estaciones de policía, URI y cárceles en la capital del país. Una alarma a la que han hecho caso omiso las autoridades y la administración distrital, y que hoy pasa factura.
No es para menos, producto del hacinamiento, la fuga de presos en Bogotá se ha convertido en un hecho recurrente. En el último año, se han presentado al menos cinco fugas masivas o intentos de fuga en Santa Fe, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo. La Corte Constitucional ha determinado que los privados de la libertad pueden estar máximo 72 horas en una estación de Policía o en una URI, pero en algunos casos llegan a estar hasta meses.
“El hacinamiento es un común denominador en todas las estaciones de Policía en Bogotá, tenemos una capacidad de 1.094 detenidos, pero a la fecha hay 3.092 capturados, es decir, casi tres veces más de sobreocupación con un hacinamiento de 292 por ciento. Del total de detenidos, 500 ya fueron condenados y deberían estar en los establecimientos penitenciarios establecidos por la ley”, aseguró el personero de Bogotá, Julián Pinilla.
Actualmente, en solo la estación de Policía de Santa Fe, hay un hacinamiento del 370 por ciento, pero hay otras estaciones con cifras más alarmantes: en Usaquén, el hacinamiento llega a 745 por ciento; en Bosa, a 666 y en Teusaquillo, a 620. Para 2021, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento en la estación de Policía de Kennedy llegó a ser de 1.016 por ciento; en la URI de Puente Aranda, de 776 y en Engativá, de 442.
Bogotá, con el 553,4 por ciento, es la tercera ciudad más afectada por hacinamiento en todo el país, detrás de Bucaramanga (835,6) y Santa Marta (553,4). Le siguen Cúcuta (491,4) y Riohacha (333,7).
“No hay interés por parte de la alcaldesa Claudia López, desde el inicio de su gobierno, en invertir en infraestructura de justicia para la ciudad. Una estación de Policía no es el lugar adecuado para el alojamiento permanente de presos y el mismo comandante de la Policía lo ha reconocido. Como si fuera poco, como candidata, Claudia López prometió la construcción de 10 URI para la ciudad, pero en el Plan de Desarrollo Distrital solamente quedaron tres y de acuerdo con la ejecución con corte a marzo de este año, la construcción de esas tres URI tan solo registra un avance de 24 por ciento, mientras que el hacinamiento sigue aumentando casi al doble”, afirmó la concejal Diana Diago.
El sobrecupo es un problema de gran envergadura que también afecta a las cárceles en la ciudad. A agosto de este año, de acuerdo con cifras del Inpec, Bogotá tiene un hacinamiento carcelario del 16,2 por ciento. En La Picota es del 13,6 por ciento; en La Modelo, 9,4 y en el Buen Pastor, 45 por ciento. Esta sobreocupación obliga a la Policía a no efectuar traslados a los centros penitenciarios para que los delincuentes puedan cumplir su condena.
Un panorama bastante desalentador si se tiene en cuenta que en Bogotá, en promedio, al día se capturan 88 delincuentes por hurtos y porte de armas, entre otros delitos, y el 82 por ciento, es decir, 72 delincuentes, quedan en libertad. Así, Bogotá está perdiendo la batalla contra la delincuencia, porque de nada sirve capturar a los criminales si en menos de 48 horas quedan libres y no hay a dónde trasladar a los que sí permanecen detenidos.
Las mujeres y hombres víctimas de violencia intrafamiliar también están sufriendo las consecuencias. Del total de 1.596 órdenes de arresto proferidas por los jueces de familia en Bogotá, desde el inicio de la emergencia sanitaria en 2020 hasta julio de este año, el 81 por ciento, es decir, 1.300, no se han materializado por falta de condiciones en las cárceles de la ciudad.
“Claudia López, que es tan amiga del presidente Petro, debería ponerse las pilas y pedir ayuda al Gobierno para buscar una salida a esta problemática o, de lo contrario, los perjudicados vamos a ser todos los ciudadanos”, puntualizó Diago.