A pocos días de que se cumpla un mes de la masacre de Tumaco el país aún aguarda expectante el informe en el que trabajan varios laboratorios del Cuerpo Técnico Investigación de la Fiscalía. Un grupo de forenses ha estudiado los cadáveres de los seis campesinos acribillados, otros peritos expertos en balística han hecho trabajo de campo para determinar la trayectoria de las balas y están analizando el armamento que el ente investigador decomisó para establecer si esos equipos dispararon los proyectiles que recibieron el grupo de labriegos. La movilización campesina, en protesta por el programa de erradicación forzada de los cultivos de coca tuvo lugar el pasado 5 de octubre. Cerca de 1.500 cocaleros, entre indígenas, campesinos y afros, se concentraron en la vereda El Tandil, del corregimiento de Llorente, cuando se dieron los confusos hechos de los cuales dieron noticia varios medios regionales y luego todos los medios nacionales. Se hablaba de una “masacre” pero realmente no había información clara de cuántas eran las víctimas, quienes eran, ni quiénes los responsables. A la mañana siguiente, el 6 de octubre, una comisión de la Defensoría del Pueblo, encabezada por el vicedefensor, Jorge Enrique Calero, y el director del Sistema de Alarmas Tempranas, Mauricio Redondo, acudió al lugar para verificar de primera mano lo ocurrido. Los corregimientos de Alto Mira y Frontera, de difícil acceso no solo por escarpados sino porque son auténticos polvorines sociales fueron la primera estación de la comitiva. Para arribar a Llorente el grupo tuvo que recorrer un par por carretera desde Tumaco y luego una bote de motor que los llevó desde La Playa hasta la vereda Vallenato donde se dio el primer encuentro con la comunidad afectada.
El primer encuentro entre la comunidad con la comitiva tuvo lugar pasadas las 7 pm, los pobladores había seguido las noticias y estaba exaltados por lo que decían las mismas: “Quienes veían las noticias y declaraciones de diferentes autoridades civiles y militares en relación con lo que pasó (el 5 de octubre), expresaron su molestia por la versión de los hechos que se estaba propalando y manifestaron que se estaba buscando ocultar la realidad para que los hechos quedaran en la impunidad”, dice el informe de la Defensoría. El documento reservado de treinta páginas, conocido por Semana.com, ahora obra como cabeza del expediente que se abrió tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría. Y aunque no se trata de un informe técnico, como el que se espera que dé a conocer esta semana el CTI, es de gran importancia pues la Defensoría fue una de las primeras entidades que llegó al lugar de los hechos y recabó testimonios. Justamente las primeras entrevistas de la comitiva se hicieron en la vereda Vallenato donde “los pobladores comenzaron a tomar la palabra y a informar los detalles de lo sucedido (…) las aseveraciones apuntaban a la presunta participación de la Policía Nacional en el ataque que tuvo lugar en el marco de la protesta por cultivadores de la hoja coca”. Según el relato de varios campesinos, el grupo que protestaba fue acordonado por la Policía, el Ejército y el Esmad y se estaba dando un diálogo con los primeros cuando sorpresivamente se desató una lluvia de fuego. “Un capitán dio la orden disparen, pero nosotros pensamos que era hacia el aire y cuando nos dimos cuenta comenzaron a rafaguear (sic) a todo el mundo a bala y al que se atravesara tatatata y esa ametralladora sonaba durísimo como si fuera un combate” Otro labriego, que aseguró que los hechos ocurrieron cerca de las 9 a.m. cuando ya había un número considerable de gente le contó a la Defensoría: “Un policía gritó: ¡No suban más o no respondo!, un compañero dijo: ¡avancemos un poco! Y fue allí cuando empezaron las ráfagas de disparo, la gente empezó a correr… Otro integrante de la comunidad relató: “La Policía estaba arriba, la gente también estaba arriba, yo estaba hablando con un policía cuando escuché unos disparos hacía la parte derecha, los primeros disparos eran al aire, y después se los pusieron a la gente”. Defensoría va al lugar de los hechos A la mañana siguiente, 7 de octubre, la comitiva de la Defensoría y cerca de 30 integrantes de la comunidad, recorrió desde la vereda Vallenato 40 minutos hasta El Tandil para verificar el lugar de los hechos. “Durante el trayecto atravesaron, por sobre, todo cultivos de coca sembrados sobre una empinada loma. “Hacia la parte alta de la montaña se ubicaban unidades de la Policía Antinarcóticos cuyas instalaciones estaban rodeadas de árboles. La zona estaba acordonada por funcionarios del CTI que trabajaban sobre la escena del crimen”. Y algo que llamó la atención de la Defensoría fue que durante una parte del trayecto final, en las cortezas de algunos árboles, observaron impactos de bala “Los miembros de la comunidad manifestaron que se había talado la parte superior de algunos de ellos, posiblemente para ocultar la evidencia y también indicaron que había barro sobre algunos tallos. Durante todo el camino no se observó ningún cráter”, se lee en el informe. Este último dato es particularmente significativo pues en los días sucesivos la Policía argumentó que en el choque había recibido fuego proveniente del lado de los campesinos quienes supuestamente lanzaron pipetas o cilindros bomba cuya detonación y lanzamiento dejaría una marca característica en el suelo al estilo de un pequeño cráter.
Otra situación que llamó la atención y que fue consignada por la Defensoría en su informe, es la que tiene que ver con la detonación de una mina antipersona que fue detonada de manera controlada hacía las 10:20 am cuando la comitiva adelantaba la inspección en el lugar “Los campesinos advirtieron con extrañeza la existencia de cualquier artefacto explosivo en ese sector, debido a lo masiva que había sido la movilización del día 5 de octubre y a la gran cantidad de personas que había llegado para auxiliar a las víctimas de los confusos hechos”. Justamente allá, en el lugar de los hechos, la comunidad se encontró, nuevamente, con miembros del Ejército pertenecientes al Batallón de Selva, quienes los auxiliaron aquel día, cuando la situación se tornó en tragedia sin mayor explicación. Tras regresar a Tumaco la comitiva informó al Defensor del Pueblo quien de inmediato dio traslado del informe a la Fiscalía y a la Procuraduría. Desde entonces el caso de la masacre ha tenido desarrollos confusos. El Vicepresidente Óscar Naranjo acudió a Tumaco y se apersonó de la situación. Tras indagar con los jefes de Policía y Ejército en la zona dio a entender que los agentes Antinarcóticos que chocaron con los campesinos debían responder por lo sucedido, aunque solicitó un compás de espera hasta que los forenses y peritos del CTI establecieron con evidencia técnica lo sucedido.
La Fiscalía desplazó un grupo élite multidisciplinario el cual incautó el armamento que usó el grupo de Policías el día del choque con los campesinos. Casi una semana después de los hechos tomó vuelo otra tesis contraria a la inicial que apuntaba a la responsabilidad de los policías. Según esta, los agentes antinarcóticos fueron agredidos con armas que meses atrás un grupo de campesinos le sustrajo a una patrulla y que nunca devolvieron. Así las cosas, los Policías que chocaron contra los protestantes habrían reaccionado en defensa. Ha pasado casi un mes desde la masacre. El pasado miércoles el Fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que ya habían analizado 19 fusiles y que estaban próximos a tener un dictamen concluido. Probablemente esta semana se conocerá el ese informe técnico de Fiscalía, el cual cruzará el análisis de balística que involucra los trayectos de las balas, el análisis de las armas, las necropsias y los dictámenes de los heridos. Además de los testimonios de todos los involucrados. Con todos esos insumos el ente acusador podrá decir, a ciencia cierta, qué ocurrió en la masacre de Tumaco.