El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha enfrentado uno de sus más complejos y extensos problemas judiciales que puso en jaque su carrera política porque lo sometió a un desgaste ante la opinión pública y al debilitamiento de su caudal electoral en el país. Este miércoles, la juez 28 Penal del Circuito de Bogotá decidió no precluir la investigación que adelanta la justicia contra el mandatario por supuesta manipulación de testigos.
El tortuoso camino judicial de Uribe por falsos testigos empezó en febrero de 2012 cuando él decidió demandar a Iván Cepeda porque el congresista del Polo Democrático adelantó un debate sobre los vínculos del exmandatario con el paramilitarismo, entre ellos con la creación del Bloque Metro de las AUC, donde –según el líder de izquierda– participaron supuestamente Álvaro y Santiago Uribe Vélez, el hermano del jefe del Centro Democrático.
La denuncia de Uribe tardó siete años en los anaqueles de la Corte Suprema, que decidió darle un giro a la investigación: le archivó el proceso a Cepeda, entre otras cosas “porque actuó en su condición de vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de Paz”. Y, al contrario, le abrió una investigación al expresidente Uribe. En 2018 empezó el tortuoso camino del exmandatario ante la Corte.
Dentro del proceso, el principal testigo estrella contra Uribe fue Juan Guillermo Monsalve, un hombre con dudosa procedencia, quien se ha retractado varias veces de sus señalamientos contra el exmandatario.
Monsalve, según se ha venido denunciando, es cercano a Cepeda, quien le ha hecho aportes económicos y otras ayudas, según denunció en su momento a SEMANA Carlos Eduardo López, alias Caliche, otro de los testigos en el proceso.
Sobre las declaraciones de Monsalve siempre han existido inconsistencias. Él, por ejemplo, ha dicho que en Guacharacas, la finca donde se crio el expresidente Álvaro Uribe –ubicada entre el municipio de Yolombó y San Roque en Antioquia–, nació el Bloque Metro de las AUC.
No obstante, la familia de Monsalve, especialmente Óscar Monsalve, padre de Juan Guillermo, han señalado que el testigo tenía corta edad para la época en que, según dice, se conformó supuestamente el grupo paramilitar.
Alias Caliche, otro de los testigos contra Uribe, y amigo en la época de Juan Guillermo Monsalve, declaró en SEMANA que le mintió a la Corte Suprema porque inicialmente dijo a los magistrados que él había sido persuadido para declarar en favor de Uribe por parte del excongresista Álvaro Hernán Prada, pero no fue así. A esta revista, por ejemplo, Caliche le dijo en su momento que él había mentido y lo sigue diciendo de manera constante.
Su aclaración no fue suficiente. El 4 de octubre de 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del expresidente Álvaro Uribe. Ese día, el mandatario más popular en la historia de Colombia apareció en una fotografía con su identificación de “preso #1087985″.
Uribe permaneció 67 días encerrado en su finca El Ubérrimo en Córdoba bajo la figura de detención domiciliaria. Sin embargo, el 18 de agosto de 2020 renunció a su curul de Senador y perdió su fuero de congresista.
El proceso dio un salto y pasó a manos de la Fiscalía, que después de avanzar en la investigación determinó que no existían méritos para que Uribe estuviera bajo detención domiciliaria y solicitó a un juez dejarlo en libertad. La decisión fue apelada, pero al final el expresidente quedó libre, mientras su investigación avanzaba.
El paso de la investigación de la Corte Suprema a la Fiscalía generó todo tipo de comentarios, recusaciones, entre otros hechos con los que aparentemente se pretendía prolongar el proceso. Al menos así quedó demostrado cuando empezaron a surgir supuestas víctimas dentro de la investigación, entre ellos Deyanira Gómez –la exmujer de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella contra Uribe–, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Mientras argumentaban sus razones y la justicia definía si realmente eran víctimas, corrieron varios meses.
En marzo de 2021 la Fiscalía solicitó una audiencia de preclusión de la investigación. “Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”, señaló el comunicado del organismo investigador.
Este miércoles, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá tomó una decisión y decidió no precluir el proceso contra el expresidente Uribe.