Mientras en Bogotá y Medellín contradictores políticos han echado a andar planes de revocatoria para los alcaldes Claudia López y Daniel Quintero Calle, en Cali la discusión –a un año de elegidos los nuevos mandatarios locales– se centra en un posible despilfarro de dineros públicos en la administración de Jorge Iván Ospina. Veedores ciudadanos, concejales y hasta contratistas advierten que en los 169 contratos firmados entre enero y diciembre de 2020 hay “irregularidades asombrosas”.
El abogado Elmer Montaña, que ha escudriñado la mayoría de estos contratos, define así la situación: “Donde hemos tocado sale pus”, dice. Su análisis se centra en al menos cuatro convenios interadministrativos que Ospina firmó con entidades que presuntamente no tenían capacidad para ejecutar lo estipulado. Cita, por ejemplo, el contrato de alumbrado navideño móvil que ascendió a los 10.000 millones de pesos y el cual fue firmado con las empresas públicas de Cali (Emcali), que a su vez subcontrató con otra compañía el monte y desfile de caravanas con luces por toda la ciudad entre el 7 de diciembre y el 7 de enero, aunque finalmente este cronograma no se cumplió.
El abogado Montaña denunció al alcalde Ospina y en su alegato manifestó que: “Las empresas públicas de Cali no tienen la capacidad humana ni tecnológica para prestar este servicio. Cuando se sabe que el contratista no puede cumplir el contrato y que debe subcontratar, pues obviamente lo que queda en evidencia es que se están pasando por la faja la obligación de convocar a una licitación, como debería haber ocurrido”. La mayoría de los contratos están operados bajo esta modalidad de convenios interadministrativos.
El concejal Roberto Ortiz explica que de esta manera se evade la Ley 80, que obliga a los mandatarios a rendir cuentas a la ciudadanía, y permite adjudicar a dedo las licitaciones. “Los convenios interadministrativos son repetitivos. Y no es la primera vez que lo hace. En su primer mandato nos dejó llenos de este tipo de contratos, uno de ellos fue la adecuación del estadio Pascual Guerrero, donde se invirtieron 100.000 millones de pesos, y por eso el alcalde hoy está llamado a juicio. Estos convenios resultaron ser un barril sin fondo”.
Los convenios interadministrativos tienen en el ojo del huracán a Ospina. SEMANA pudo conocer recientemente que el alcalde firmó –bajo esta modalidad– un contrato por 5.600 millones de pesos con la imprenta departamental para el arreglo y mantenimiento de las cámaras de vigilancia de la ciudad.
No obstante, cuando se revisa el objeto social de esa empresa no hay ningún punto que certifique la experiencia de la imprenta en esta tarea. “Con esto se está buscando favorecer a los amigos del alcalde y a otra gente que estuvo en su campaña”, denuncia el concejal Ortiz. Por su parte, el abogado Montaña agrega: “En la mayoría de contratos encontramos irregularidades asombrosas que van más allá del desgreño. No son solamente contratos que demuestran que hay un mal manejo en el tema de la contratación, sino que hay realmente una intención dolosa de desviar los dineros públicos a través de esos contratos interadministrativos”.
Otro de los contratos denunciados por Montaña y demás veedores ciudadanos se firmó a mediados de noviembre con Corfecali, entidad encargada de realizar la Feria de Cali, por 3.260 millones de pesos para apoyar a la Alcaldía en temas de comunicaciones y publicidad. “En ese contrato lo asombroso es que en últimas se convirtió en un cheque en blanco, una especie de caja menor, para que el alcalde pudiera disponer de esos recursos como le diera la gana. Es que es aterrador, lo que hemos visto es asombroso: las irregularidades, la falta de planeación, de transparencia, los costos exorbitantes de los productos, el hecho de que no acuden a programas donde ya están estandarizados los precios, sino que hacen la vuelta de los interadministrativos para que contraten esos artículos con otro tipo de proveedores que los venden a precios mucho más caros. Hay todo tipo de maniobras malintencionadas para darle visos de ilegalidad a contratos completamente ilegales, que no son otra cosa sino la vía que han creado ellos para apropiarse de los dineros públicos. Esa es la realidad”, dice Montaña.
La Alcaldía defendió ese contrato y explicó que Corfecali ha desarrollado grandes eventos en la ciudad y ha apoyado la gestión e implementación de estrategias de diversos organismos de carácter municipal.
El lío con el alumbrado y la Feria
El anuncio a mediados de noviembre de la realización de una feria virtual y alumbrado navideño móvil –ambos contratos sumaron 22.000 millones de pesos– le costó al alcalde Ospina una lluvia de críticas por el monto gastado en un año en el que la economía está en recesión y el país pasa por una crisis sin precedentes por cuenta de la pandemia.
Ospina, hábilmente, explicó que esos dineros fueron destinados para tal fin desde principios de 2020 y que era imposible destinarlos para otra tarea. Además, aseguró que la realización de la feria virtual era una manera de ayudarle al gremio de artistas y bailarines de salsa golpeados económicamente por la pandemia. Sin embargo, el alcalde caleño olvidó decir que en marzo el Gobierno nacional les entregó facultades a los mandatarios locales para redirigir recursos en pro de atender la emergencia desatada por la covid-19. En palabras simples, esa plata sí se habría podido utilizar en ayudas directas a microempresarios, academias de salsa o invertir en reservas de medicamentos para las camas uci.
Finalmente, la Feria de Cali se hizo de manera virtual con ciertos lunares, como el alto valor pagado a orquestas extranjeras para enviar videos pregrabados y la poca audiencia reportada en el canal regional Telepacífico y las redes sociales, por donde se proyectó el evento de cinco días. Hasta ahora, denuncia la concejal Diana Carolina Rojas, Ospina no ha explicado detalladamente cómo se invirtieron los 12.000 millones de pesos de este contrato.
Sumado a eso, el alcalde también acarrea la polémica por el alumbrado navideño móvil, que les costó a los caleños 10.000 millones de pesos. La idea era que carrozas equipadas con luces recorrieran todos los rincones de la ciudad entre el 7 de diciembre y 7 de enero, sin embargo, el recorrido fue suspendido durante nueve días. Emcali anunció la devolución de 170 millones de pesos al municipio, pero la cifra debería ser mucho mayor.
En cuentas rápidas, el dinero a devolver debería ser 2.400 millones de pesos, porque cada día de caravana costaba más de 300 millones. “No podemos dejar que se cometan este tipo de cosas, esos robos descarados a los dineros públicos en medio de semejante crisis y en una ciudad donde hay gente aguantando hambre. Los caleños están viendo cómo el alcalde que sale a hablar de la vida y demás está despilfarrando la plata, y además hace parte de un engranaje de corrupción”, agrega el abogado Montaña, quien junto a otros veedores y a la concejal Rojas recibieron amenazas en la última semana de diciembre.
Frente a esto, el alcalde Ospina defiende su gestión y asegura que todo este proceso de fiscalización corresponde a ataques políticos “de quienes no supieron perder en las urnas”. Además, precisa que su administración está abierta a cualquier requerimiento de los entes de control. “No encontrarán nada irregular”, dice. La puja entre el alcalde y sus contradictores apenas comienza, y más cuando desde el Concejo de Cali se aprobó en 2020 un cupo de endeudamiento por 650.000 millones de pesos para desarrollar obras de gran calado en la ciudad.