Varios congresistas de diferentes corrientes realizaron una audiencia pública para abordar desde diferentes perspectivas y conocimientos el debate sobre los contratos por los que las plataformas tecnológicas, especialmente de domicilios, vinculan a sus colaboradores. Consideran que se están vulnerando diferentes derechos al trabajo amparados en el modelo de negocio.
Uno de los que participó en la audiencia fue el senador Rodrigo Lara quien denunció que las plataformas están haciendo presión en el Congreso para que no puedan avanzar los distintos proyectos que se están debatiendo en ese sentido.
“El lobby que hemos enfrentado en el Congreso de la República por parte de estas plataformas ha sido sumamente agresivo. Aliados con el Gobierno han impedido los esfuerzos legislativos”, comentó el senador.
Dijo que en su caso ha presentado varias iniciativas desde hace 6 años para que las plataformas contribuyan a la seguridad social de sus trabajadores como derecho fundamental, pero no ha sido posible regularlas. También comentó que los argumentos que han presentado para evitar que se aprueben son varios, entre los que se destaca el hecho de que supuestamente son trabajadores autónomos que no tienen que cumplir un horario.
“Se crea la narrativa un poco de que es el muchacho libre que sale de la universidad, se quiere ganar unos pesitos y se conecta; y eso obviamente como un homenaje a la autonomía, la libertad y a una narrativa de utopismo tecnológico de que estamos llegando a la modernidad de estas plataformas”, comentó Lara. Dijo que la realidad es distinta y que la dependencia de esta labor es prácticamente total y en horarios extendidos, y que aún así no alcanzan el salario mínimo.
Otro de los puntos en discusión de la audiencia fue que el trabajador también tiene que acarrear con los costos de producción como la bicicleta o la moto, el casco, la gasolina, el desgaste de las llantas, el plan de datos, y demás elementos y recursos que necesita para ejercer su labor.
Según cifras de Fedesarrollo, a las plataformas podrían estar vinculadas unas 200.000 personas en el país, y la Defensoría dice que generalmente son población vulnerable. Además, como consecuencia de la pandemia ha aumentado el nivel de vinculación de los desempleados y trabajadores informales a estas plataformas, mencionaron los senadores.
En contraparte el presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, Alberto Samuel Yohai comentó sobre este punto que el papel de estas plataformas en medio de la pandemia fue fundamental. “Las plataformas y sus colaboradores han sido unos verdaderos héroes. Y han sido la forma en la que tantas actividades económicas se han podido mantener a flote”, afirmó Yohai.
De la audiencia también participó el senador Antonio Sanguino quien señaló que frente a este panorama se requiere una legislación más específica por parte del Congreso con perspectiva de protección de los derechos humanos y laborales.
“Estas plataformas no pagan impuestos y no le aportan al Estado lo que deberían aportarle o las actividades que desarrollan en Colombia. Las mayorías de estas empresas tienen domicilio en paraísos fiscales, carecen de oficinas comerciales en el territorio nacional y por esa razón no tienen responsabilidades hacia el Estado y tampoco son intervenidas por tribunales de defensa al consumidor y ello hace que no tengan ningún tipo de responsabilidad hacia los consumidores”, aseguró el senador de la Alianza Verde.
Wilson Arias, del Polo Democrático fue uno de los que organizó la audiencia y señaló que bajo el nombre de “economía colaborativa” el modelo no está brindando los derechos laborales de los colaboradores.
“La economía colaborativa ha estado referida básicamente a la utilización de bienes infra optimizados o subutilizados. Lo digo, solo para poner un ejemplo, cuando una persona tiene un vehículo y tiene un recorrido permanente de carácter laboral o cotidiano, perfectamente puede hacer economía colaborativa procurando tener una mayor utilización de su vehículo con personas que tengan el mismo destino y que se preste de manera colaborativa un esfuerzo común”, comentó, y puso otros ejemplos al respecto.
El objetivo de la audiencia, que duró más de 4 horas, era poner de precedente el debate sobre si estas plataformas deben regularse para que las empresas vinculen a sus trabajadores y así se garanticen los derechos laborales, que para algunos están siendo vulnerados con el modelo actual.