En diálogo con SEMANA, el exrepresentante Álvaro Hernán Prada habló sobre la decisión de la Corte Suprema de mantener la competencia para investigarlo por presunta manipulación de testigos en un proceso derivado de la investigación que se adelantaba en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Prada arremetió contra el magistrado César Reyes (el mismo cuya ponencia en su momento ordenó detener al expresidente Uribe) por falta de garantías en su indagación.
Prada advierte que insistirá en una tutela y que recorrerá centros académicos para analizar la decisión, de más de 77 páginas, con la cual la Corte mantuvo la competencia en su caso, contrario a lo ocurrido con el expresidente Uribe.
“Confié en la justicia y en la Corte Suprema. Duré tres años esperando que este episodio que ha sido lamentable para mí y para mi familia, para las personas cercanas, he tenido que soportar una investigación sin fundamento alguno. Quiero contarles que la investigación ocurre porque un tercero me ofrece entregar un video, con la verdad, para ser aportada a través de los abogados del expresidente Uribe a la justicia”, señaló Prada.
“Eso, lejos de ser delitos, es un deber ciudadano, con eso me investigan y no solo eso sino que hay una cantidad de irregularidades en el proceso. El expresidente Uribe renuncia, yo me quedo con la ilusión porque repito, seguí creyendo en la majestuosidad de la Corte Suprema. Yo presento 15 pruebas para que las analizaran y que con esas pruebas quedara claro mi inocencia. La Corte me niega esa oportunidad, vulnera mis derechos, le insisto mediante un recurso, presento una tutela y en fin, no había garantías. El magistrado Reyes me hizo renunciar, fue por su decisión, por su arbitrariedad que me tocó renunciar”, explicó el excongresista en diálogo con SEMANA.
Prada señala también que es muy importante el salvamento de voto de tres magistrados que no están de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados Misael Rodríguez, Héctor Alarcon y Francisco Farfán señalan que “en desarrollo del plan delictivo, según la hipótesis que es objeto de averiguación, Prada Artunduaga le habría ofrecido a Monsalve Pineda, a través de alias “Caliche”, como contraprestación por colaborar en el caso de Uribe Vélez, gestionar su aceptación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contratar para él un eficiente equipo de abogados defensores, procurarle mejores condiciones carcelarias y, eventualmente, su traslado al exterior”.
Pero aclaran que dicho marcho fáctico, así evaluado, “no afectó ni interfirió de ninguna manera en las funciones que para entonces ejercía Álvaro Hernán Prada Artunduaga como Representante a la Cámara, amén que ni siquiera se advierte que tal condición se hubiere constituido en un factor determinante para adelantar las gestiones a que antes se hizo referencia”, señala el alto tribunal.
Prada concluyó en entrevista con SEMANA que no hay garantías para la investigación que en su contra: “Yo creo que el tema de los conjueces (los que tomaron la decisión con los demás magistrados) fueron nombrados hace muy poco y no alcanzan a conocer el caso tan a profundidad como los demás que tienen mayor conocimiento. Creo que un conjuez cuando lo invitan a una decisión debe conocer de fondo la situación. El magistrado Reyes ha tergiversado los hechos”.
SEMANA consultó al abogado penalista Óscar Sierra sobre el caso y la decisión de la Corte. Sierra explica que “El fallo deja entrever un aparente sesgo de este alto Tribunal pues, tal y como se ha podido advertir en los salvamentos de voto, la Corte ha insistido que cuando se renuncia a la calidad de congresista, el fuero persiste únicamente para investigar los delitos relacionados con el cargo y de manera excepcional para investigar delitos comunes cuando estos tienen una estrecha relación con la función de congresista”.
Y agrega: “Así las cosas y de acuerdo con los acertados salvamentos de voto, la decisión coherente habría sido trasladar la investigación a la Fiscalía General de la Nación, pues no fue posible estructurar la relación directa entre el delito común de soborno a testigos y la función desarrollada por el ex congresista”.
Cabe señalar que decisión que generó una intensa discusión entre los magistrados de la Sala, y que fue revelada la semana pasada en primicia por este medio, quedó inicialmente 3 contra 2 ganando la tesis de que el expediente debía pasar a la fiscalía como ocurrió con el de Uribe. Los votos positivos fueron de los magistrados Misael Rodríguez, Francisco Farfán y Héctor Alarcón. Los negativos estuvieron en cabeza de los magistrados Cesar Reyes, quien está a cargo del proceso y Marco Antonio Rueda. Sin embargo, se necesitaban 4 votos a favor. Por esta razón, fue necesario convocar a 2 conjueces para seguir discutiendo el tema: Wilson Alejandro Martínez Sánchez y Guillermo José Ospina López.