La Policía Nacional estaría castigando a los uniformados que advierten hechos de corrupción, en lugar de reconocer su compromiso por el país. Eso lo sugiere la Justicia colombiana en tres fallos de diferentes instancias que le dan la razón al mayor William Orlando Moreno Bernal, quien no fue llamado a curso de ascenso y fue retirado de la institución en 2014.
Todo se dio tras los reportes que este oficial, arquitecto de profesión, entregó a generales de la república sobre irregularidades contractuales.Los superiores que recibieron los informes del mayor Moreno tuvieron voz y voto para definir su futuro policial. Entre ellos, están el general en retiro Saúl Torres Mojica (entonces director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional), el general Gabriel Parada Díaz, (ocupó el mismo cargo) y el general Jorge Enrique Rodríguez (entonces director de Sanidad). Debido a la gravedad de los informes, el mayor notificó a la subdirección general de la Policía, en cabeza en ese momento de la general Luz Marina Bustos.
Incluso el actual subdirector de la institución, general Hoover Penilla, cuando era coronel y director encargado de Bienestar Social de la Policía, recibió en su despacho las alertas contractuales. “El mayor pasó una cantidad de oficios advirtiendo que no iban a cumplir y nadie hizo caso a estos informes”, dijo uno de los testigos del caso. Con los años, dichas obras terminaron siendo escándalos de corrupción. Entre ellos, el proyecto de viviendas fiscales en San Luis, Tolima, conocido como Cenop 1 y 2, al igual que el elefante blanco del Centro de Rehabilitación Valentina Aos, ubicado a las afueras de Bogotá y en el que participó el contratista Julio Gómez, condenado por el carrusel de la contratación.
La salida del uniformado se dio por una desviación de poder de los altos mandos camuflada en discrecionalidad. Esa versión del denunciante fue ratificada en primera instancia por la juez 12 administrativa de oralidad de Bogotá y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Asimismo, tres magistrados del Consejo de Estado negaron, en diciembre del año pasado, una tutela a la Policía que pretendía invalidar los fallos que ordenaban reintegrar al uniformado, subsanar las afectaciones y compulsar copias a la Procuraduría para que investiguen los procesos que adelantaron los generales y coroneles que conocieron las advertencias del mayor Moreno.
SEMANA conoció más de 4.000 folios que han sido aportados en este proceso que tiene contra la pared al Estado, pues pone en entredicho la imparcialidad y el criterio de los altos mandos a la hora de llamar a calificar servicio bajo la figura de discrecionalidad. Esta figura legal no es deshonrosa, dicen los reglamentos, aunque en la práctica sí afecta. El valor de la mesada varía según los años laborados y el rango que se alcance. En el caso de Moreno, lo retiraron tres años y medio antes de completar el tiempo requerido para recibir la mesada completa, por lo que su salario es 50 por ciento inferior; no alcanzó a tener el rango de teniente coronel, que mejoraría su situación económica.
Moreno dice que por la decisión tuvo que cambiar a sus hijos de colegio porque sus ingresos no le alcanzaban para cubrir los gastos. “Nunca pensó que por hacer su trabajo bien y cuidar los recursos del país lo fueran a sacar de la institución”, dice Yesid Moreno, abogado del denunciante. Existen obras que habrían generado detrimento al patrimonio que no han sido públicas y que hoy SEMANA revela. Hacen parte de 257 folios que Moreno enseñó a la Justicia y corresponden a los informes presentados entre el 29 de noviembre de 2011 al 27 de noviembre de 2014, periodo en el que ocupó los cargos de jefe de construcción, supervisor e interventor de obras en el Fondo Rotatorio de la Policía y en la Dirección de Bienestar. El Centro Vacacional Centenario, ubicado en Santa Marta, Magdalena, costó 4.237 millones de pesos.
El mayor Moreno informó en el despacho del hoy general Hoover Penilla, quien para ese entonces era director (e) de Bienestar Social, que el concreto empleado en la obra no cumplía con los requisitos porque la firma contratista utilizó uno de menor calidad y adulteró los resultados de laboratorio, afectando la resistencia de la obra. La interventoría no tenía personal idóneo en obras civiles, sino en minas, y cuando la construcción estaba en 90 por ciento de ejecución se verificaron los resultados de los concretos. Estos errores causaron que, antes de ser inaugurado el centro vacacional, se requiriera un reforzamiento y hubo que destinar más recursos.
La Clínica Regional de Occidente en Cali tenía irregularidades como la experiencia del contratista, inconsistencias en estudio y diseños que terminaron ocasionando retraso en la obra y un sobrecosto superior a 5.000 millones de pesos. Cuando el mayor Moreno reportó estas irregularidades empezó a recibir represalias, según dicen varios testigos que dieron su versión bajo juramento. “Hubo intereses personales para evitar escándalos. A él lo trataron como el payaso”, dijo un testigo a la juez frente a la pregunta de si consideran que por esos informes se propició una persecución laboral contra el mayor Moreno.
Advertir esas irregularidades generó un efecto contrario al esperado. “El general Torres Mojica, todo el tiempo que estuvo en el Fondo Rotatorio, fue muy represivo con él (…) era como si estuviéramos atacando a la administración”, dice otro de los testigos. Cada informe parecía ser una piedra en el zapato para Torres, tanto así que Moreno, siendo arquitecto y habiendo hecho toda su carrera en cargos administrativos, fue trasladado a la vigilancia en el centro de Bogotá. “Uno espera que lo feliciten, se preparó de forma consagrada y no lo llamaron a curso. Por el contrario, lo mandaron para vigilancia cuando no era el perfil”, cuestiona otro de los testigos con frustración.
Los jueces y magistrados también se hacen la misma pregunta, sobre todo porque no entienden cómo la junta de generales no tuvo en cuenta que el mayor fue un oficial que cumplió con sus funciones.El juzgado resalta que los generales Luz Marina Bustos, Gabriel Parada, Saúl Torres y Jorge Rodríguez fueron informados de las irregularidades en la contratación y también participaron en las juntas asesoras en las que se decidió no llamar a curso al uniformado. Por lo que la juez concluyó que la decisión estuvo viciada por desviación de poder. Considera que al momento de depurar las fuerzas es importante estimular a quienes se comprometen con la lucha contra la corrupción y no desalentando a quienes puedan conocer hechos similares.
“La moralidad administrativa es un valor constitucional que no alcanza mayor jerarquía que el principio de legalidad y la sociedad reclama de la administración pública la protección de valores”, argumenta la juez para invalidar el retiro de Moreno de la institución.
El Consejo de Estado admitió el pasado 24 de enero la apelación contra el fallo de tutela que dejaba en firme el reintegro de Moreno. Esta es la última carta que se juega el Estado para invalidar la decisión judicial, argumentando estar actuado correctamente y cobijado por la ley. De hecho, deja claro que es respetuoso de las decisiones judiciales, pero está agotando todas las instancias. Se espera que, en menos de un mes, 15 magistrados resuelvan el caso definitivamente.