Una tormenta política se desató en el país luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara, en medio de su visita de Estado a España, que es el “jefe” del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.
“Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”, dijo el mandatario. Posteriormente, en diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración, asegurando que atenta contra la independencia judicial en el país.
“Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de derecho”, dijo.
“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe, ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República”, agregó Barbosa.
Horas más tarde, el presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena, emitió un pronunciamiento en el que sostuvo que el fiscal general “no tiene superior jerárquico” y es elegido directamente por el alto tribunal de una terna que envía el jefe de Estado. Y subrayó: “Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.
En un comunicado, el alto tribunal advirtió que las declaraciones emitidas por el presidente generan una “gran inquietud” puesto que se trata de “la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia”.
Le recordó que las funciones del fiscal general están reguladas por el ordenamiento jurídico y enmarcada en la autonomía de la Rama Judicial. “La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La justicia es un poder público patrimonio de Colombia”, sostuvo.
“La Administración de Justicia, de la cual forma parta la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y, también, para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico”, agregó.
La Corte también destacó la necesidad que se respete la división entre las tres ramas del poder público: “Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces, en sus providencias, solo están sometidas al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones”.
Gustavo Petro arremetió contra el fiscal Francisco Barbosa, pero admitió que no es “subordinado” y recibió reclamo de la Corte
El presidente Gustavo Petro volvió a referirse en las últimas horas sobre sus declaraciones contra el fiscal Francisco Barbosa.
Después de la tormenta política y el debate jurídico que se ha dado por el tema, el mandatario de los colombianos publicó un comunicado en sus redes sociales donde amplía su postura sobre el tema.
El presidente Petro recordó que para la preservación del orden público y el desarrollo de la política criminal en Colombia, debe existir una colaboración armónica entre los diferentes poderes del Estado, sobre todo entre el presidente de la República y la Fiscalía General de la Nación.
“La Constitución del 91, que reconoce esta cuestión, le concede al presidente la potestad para conformar la terna de la cual es elegido el fiscal general. Además, la Carta Política le ordena al fiscal, de acuerdo con el numeral 6.º del artículo 251, suministrar al presidente la información de las investigaciones que le sean requeridas cuando, como es el caso, esta sea relevante en materia de orden público”, dice Petro.
En un evidente cambio de tono, el mandatario reconoció que “en términos generales, el fiscal no está subordinado a funcionario alguno, pero sí que está subordinado a la Constitución y la ley”.
Por esa razón, reiteró sus críticas contra el fiscal Barbosa y señaló que toda esta situación se generó porque pidió como mandatario de los colombianos una explicación por un caso que, según él, poco ha avanzado en materia de investigación.
“En situaciones como esta, en donde el fiscal general entrega vagas explicaciones a los serios y gravísimos interrogantes que plantea un periodista, y que de ser ciertos pondrían en riesgo el orden público y la institucionalidad de la Justicia, no solo le está faltando el respeto al presidente, sino que está violando la Constitución”.
El presidente Petro dice en su comunicado que “grave daño le hace el fiscal general a la propia Fiscalía al guardar silencio frente a estas denuncias, que de ser ciertas implicarían nada más y nada menos que la complicidad de su fiscal delegado Daniel Hernández, del círculo más cercano tanto de Néstor Humberto Martínez como de Francisco Barbosa, en el asesinato por omisión de más de 200 personas, incluyendo a niños y miembros de la Fuerza Pública”.
Según el mandatario de los colombianos, “el fiscal Hernández continúa en su cargo pese a que fue imputado por prevaricato y por presuntamente amenazar a un testigo del caso Odebrecht, investigación que, según fuentes periodísticas, lo tienen en la mira del FBI”.