Pedro José Guarnizo Ovalle, sargento del Ejército, fue rescatado por tropas de la fuerza pública el 5 de mayo del 2003, cinco años y tres meses después de haber sido secuestrado por la guerrilla de las FARC. El día que Guarnizo encontró la libertad, el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, su asesor de Paz Gilberto Echeverri y otros ocho militares que habían sido compañeros de secuestro de Guarnizo fueron asesinados por la subversión durante la maniobra de rescate. Sin embargo, Guarnizo ha tenido más problemas luego de su liberación. El pasado 14 de diciembre, días antes de la vacancia judicial, el Tribunal Superior de Villavicencio lo condenó a 33 años y siete meses de prisión como coautor del delito de homicidio agravado. La decisión se deriva de una vieja investigación por la muerte de cuatro campesinos de la localidad de Puerto Unión (Meta) el 20 de diciembre de 1992. La investigación tuvo como base la denuncia de Olga María Triana, una ciudadana del caserío donde ocurrió la masacre en la que cayó su esposo. Ella hizo un reconocimiento fotográfico e identificó a Guarnizo entre el grupo de militares que habría participado en el hecho. Por esa declaración Guarnizo fue capturado en el 2006 bajo los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y conformación de grupos ilegales. El militar argumentó que para las épocas de los hechos se encontraba en la base militar de Vistahermosa (Meta), muy distante del caserío donde tuvo lugar el múltiple homicidio. Dos años después, el 20 de enero del 2008, salió de prisión, absuelto en segunda instancia por un juez especializado de la capital de Meta. Pero con la apelación, un magistrado encontró ajustados los testimonios y las pruebas en contra del militar. Semana.com habló con el militar, quien dijo que la justicia se ha ensañado con él y que ha podido demostrar que ese 20 de diciembre, cuando ocurrió la masacre, él se encontraba en un campamento militar adscrito al Batallón Vargas, de Granada, Meta, celebrando la temporada navideña con sus subalternos. “Yo estuve un mes antes de esa masacre en ese poblado investigando el robo de un ganado por parte de la guerrilla. Una semana después, entregué el resultado de mi investigación a mis superiores y no volví a esa zona. Detrás de mi condena podría estar gente de la guerrilla porque cuando a mí me rescataron del secuestro, denuncié las atrocidades que cometen”, indicó Guanizo. Carlos Guarnizo Rico, abogado del militar, asegura que la señora Triana fue citada en por lo menos tres oportunidades a un despacho judicial para confrontarla con el militar investigado. Sin embargo, ella no asistió y se limitó a identificarlo a través de fotografías. El jurista señaló que, incluso, la testigo entró en contradicciones al decir que quienes cometieron la masacre estaban encapuchados. “Si estaban encapuchados, ¿cómo ella pudo ver a Guarnizo?”, cuestionó el jurista, quien aseguró que de 14 personas que vieron la masacre, 13 nunca se refieren a Guarnizo. Se trata de una larga condena a un militar que sobrevivió a un largo secuestro por parte de la guerrilla y que desde su liberación no ha tenido un momento de tranquilidad. Guarnizo se encuentra en algún lugar del país a la espera de la orden de captura en su contra, y su abogado anunció que va a apelar la decisión.