El pasado 21 de mayo, la Corte Constitucional acabó la polémica de las curules de paz reviviéndolas a través de un fallo que le dio vida al acto legislativo que las creó como fruto del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc. Dicha reforma se hundió en 2017 y por eso el tema llegó al alto tribunal, en medio de varias pujas jurídicas.
Sin embargo, como en el gobierno de Juan Manuel Santos se daba por hecho que la aprobación se daría sin problema, se hicieron los cálculos de los gastos en los que se incurrirían al crear esas curules y se tramitaron 50.000 millones de pesos con base en la viabilidad que dio la Dirección Nacional de Planeación (DNP).
Ahora, con el fallo de la Corte Constitucional, el gobierno del presidente Iván Duque deberá sacar esa millonaria suma para entregársela a la Cámara de Representantes, con la finalidad de hacer todas las adecuaciones para la llegada de las 16 personas que serán elegidas en marzo del próximo año, cuando los colombianos acudan a las urnas para elegir al nuevo Congreso.
El fallo del alto tribunal indica que se deben crear todas las condiciones para que las víctimas ocupen esas 16 curules y por ello los 50.000 millones de pesos se destinarán para adaptar el salón Elíptico, las comisiones constitucionales y legales, la construcción de las 16 nuevas oficinas, la adaptación del sistema, y una adecuación tecnológica.
En medio de la pandemia y de la crisis social que hay por temas económicos, el Gobierno está en la obligación de desembolsar ese dinero y la Cámara, en el de ejecutarlo, para cumplir el fallo, por lo que se creó una mesa técnica que estará a cargo de todas las obras necesarias para que el otro año la Cámara entre en la costosa remodelación.
La Contraloría hará un acompañamiento a todo este proceso y ahora se están buscando ofertas para intentar bajar un poco los altos costos que acarrearán estas 16 curules de paz. Siempre se ha dicho que la democracia no tiene precio, pero en época de crisis económica, ¿valdrá la pena semejante inversión?
A esos costos fijos hay que agregarles otros que se presentarán cuando ya las 16 curules se asignen, porque se les debe entregar: camionetas, esquemas de seguridad, tiquetes aéreos, asesores y su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Esos gastos adicionales no han sido calculados, pero también será otra millonaria suma.
Antes de dejar la Casa de Nariño, Juan Manuel Santos, ni ninguno de sus ministros, habló de estos 50.000 millones de pesos que se deberán invertir por ocho años, porque después de ese tiempo ya no habrá curules de paz.
La decisión de la Corte Constitucional
La decisión de revivir las curules de paz en el Congreso se dio con cinco votos contra tres. SEMANA estableció el 21 de mayo que los magistrados Gloria Ortiz, Paola Meneses y Jorge Enrique Ibáñez presentaron salvamento de voto, es decir, que no estuvieron de acuerdo con la decisión que tomaron sus compañeros de la Sala Plena. De igual manera, no se aceptó la recusación que presentó la senadora María Fernanda Cabal en contra del magistrado Alejandro Linares.
De otro lado, dos magistrados que suelen estar en las discusiones de Sala Plena se declararon impedidos para discutir el tema. En primer lugar, la magistrada Paola Meneses y, luego, el magistrado Antonio José Lizarazo se declararon impedidos en la discusión. Lizarazo fue asesor externo de la Delegación del Gobierno en la mesa de conversaciones de paz en La Habana, puntualmente en lo concerniente al punto 2 de la agenda de la denominada participación política.
Asesoría que incluyó (...) “promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono”, en la que se acordó “crear un total de 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la elección, para igual número de representantes a la Cámara, de manera temporal y por dos períodos institucionales”, señala el impedimento revelado por SEMANA.
Por su parte, en el caso de Meneses, el impedimento surgió porque lo que deben estudiar de fondo en la Sala Plena es una tutela presentada por el congresista Roy Barreras. El problema es que Barreras participó en su elección como magistrada de la Corte Constitucional hace varios meses.
El fallo le ordena “a la organización electoral llevar a cabo las medidas especiales necesarias para permitir la inscripción y elección de candidatos para las circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes, en el certamen electoral del 13 de marzo de 2022”.
Así mismo, le pide al Registrador Nacional del Estado Civil modificar la Resolución 2098 del 12 de marzo de 2022, “por la cual se fija el calendario electoral para las elecciones del Congreso de la República”.