En los alrededores de la Basílica del Divino Niño es común ver a cientos y cientos de vendedores ambulantes. El gran número de personas que visitan esta iglesia hacen del barrio 20 de Julio una buena oportunidad para los comerciantes que se ganan la vida vendiendo artículos religiosos, comidas, ropa y todo tipo de chucherías. Hoy son más de 3.000 los vendedores informales que riñen con los formales por la zona. No solo son su competencia directa, sino que muchos de los residentes del lugar consideran que sus derechos de seguridad, salubridad y el goce del espacio público se han visto afectados por la actividad de los informales. La problemática no es de ahora. En el año 2001 el abogado Ricardo Cifuentes, en representación de los vendedores formales del barrio y de algunos residentes, interpuso una acción popular para que se recuperara el espacio público en las calles que por más de 40 años han venido ocupando los vendedores ambulantes. La pelea jurídica la ganaron y la perdieron tanto los vendedores informales como los formales. La ganaron porque el 30 de abril del año 2003, el Consejo de Estado ordenó que los vendedores ambulantes del barrio 20 de Julio fueran reubicados con el fin de recuperar el espacio público y que los comerciantes informales tuvieran nuevas oportunidades de empleo. Y la perdieron, porque la reubicación no debía tomar más de un año, pero han pasado 16 años después del fallo y la situación es la misma. Poco antes de acabar su administración, el exalcalde Gustavo Petro firmó la resolución 422 del 20 de agosto de 2015. Con esta se establecía el procedimiento para cumplir con lo que había dicho el Consejo de Estado. Los beneficiarios serían las asociaciones Coopnalven, Comprobe,Asoveij, Sinucom, Grupo de Mujeres Cabeza de Familia y, a las 1099 personas caracterizadas por el Instituto para la economía Social (IPES). Se calculaba que para ese entonces eran cerca de 2.500 vendedores ambulantes, pero hoy algunas cifras de las asociaciones de vendedores indican que podrían ser más de 3.500.
Según dicha resolución, a los vendedores ambulantes se les debía entregar: - El edificio Navarro, ubicado en la calle 12 con carrera 11, en el sector de San Victorino. - Los lotes de las manzanas 3,10 y 22 de San Victorino, ubicados en las carreras 9 a 10, entre la carrera 11 y la avenida Caracas. - Los locales subterráneos de la calle 12 con carrera 10 - El Edificio Veracruz, ubicado en la calle 17 - Los predios de 20 cocinas en el Recinto Ferial - Los 42 locales del Recinto Ferial - El patio del Recinto Ferial - La plazoleta de comidas del 20 de Julio Lo que esperan que los más de 3.000 vendedores ambulantes que hoy hacen parte de esas organizaciones de comerciantes informales es una indemnización por 44 millones de pesos, más 510.000 millones de pesos por daños y perjuicios. Además, también tendría que haber un proceso de acompañamiento social y empresarial para que los ayudaran en su proceso de formalización.
Hace décadas miles de vendedores informales han encontrado en los alrededores de la iglesia del 20 de Julio una oportunidad para vender sus productos. Foto: León Darío Peláez. En 2016 el alcalde Enrique Peñalosa modificó el artículo 7 de la resolución 422 a través de otra resolución, la 046 de 2016. Con esto, los predios ya no serían entregados a los comerciantes informales, lo que generó malestar. Uno de los argumentos por los que la alcaldía no les dio estos predios a los vendedores ambulantes es que el Edificio Navarra, por ejemplo, presenta falta de mantenimiento y riesgo de sismo, según lo señalado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Idiger. Respecto de los predios de las manzanas 3, 10 y 22 de San Victorino, el Distrito explicó que están afectados por fiducias mercantiles, lo cual hace que pertenezcan a un patrimonio autónomo y que queden por fuera del patrimonio del Distrito Capital. El Distrito asegura que ofrece otras alternativas a las cuales muchos vendedores no se han acogido. Una de ellas es conocida como Radep. Esta consiste en que se les asigna un mobiliario urbano en el espacio público para que puedan desarrollar sus actividades. Otra alternativa es El Mecato, dirigida a personas en condición de discapacidad, donde cada uno recibe un módulo de 1,5 metros cuadrados en un espacio institucional para ejercer su actividad comercial. También el Distrito asegura que ofrece ferias temporales y espacios en plazas de mercado.
Alejandro Barrera Huertas, representante de los vendedores ambulantes, dijo a SEMANA que todo se trató de una estrategia para que esos inmuebles “quedaran en manos de particulares distintos a los vendedores beneficiarios del decreto 422”. Agrega que “estos inmuebles han sido dados en arriendo y administración a empresas inmobiliarias (como Century 21) que se están beneficiando de los mismos”. Entre otras aseveraciones graves, Barrera dice que “se le dieron 400 millones de pesos a vendedores del Distrito que no eran”. En demandas que los vendedores han interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Fiscalía, la Personería, la Procuraduría General de la Nación, aseguran que la Empresa de Renovación Urbana quedó a cargo de esos inmuebles y contrató a la Alianza Fiduciaria S.A. para que se administraran esos inmuebles. Estos eligieron a Unión Temporal Century 21 Tercer Milenio, un consorcio conformado por varias personas jurídicas y el Distrito les estaría pagando al mes 252 millones de pesos por administrar. "Particulares se están beneficiando de unos recursos que eran para los vendedores ambulantes”, aseveró Barrera. SEMANA se contactó con la ERU, pero aseguraron que no tenían nada que ver con el proceso del 20 de Julio. La inmobiliaria Century 21 dijo que la afirmación de Barrera es falsa. Aseguraron que participaron en un proceso de selección, bajo las condiciones de seguridad jurídica establecidas por la ERU y la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de comercializar, alquilar y administrar los locales del centro comercial temporal de contenedores que fue concebido bajo la administración del alcalde Gustavo Petro, para la reactivación económica de la manzana 22 del sector de San Victorino. Según ellos, el proceso se surtió hasta octubre de 2016 bajo la alcaldía del alcalde Enrique Peñalosa, un mes después de la resolución con la que se excluyó, entre otros, a las manzanas 22 de San Victorino como parte de los inmuebles destinados para la reubicación de los vendedores ambulantes del 20 de julio. También agregaron que el pago por comercializador los locales y administrarlos no fue de 252 millones de pesos mensuales. “Como se hace en una comisión de arrendamiento tradicional, de los locales que alquiláramos cobrábamos el porcentaje de honorarios pactados en la oferta con la cual fuimos adjudicatarios y el valor restante lo girábamos al fideicomiso de la entidad. Estos honorarios, en promedio, no superaron los 14 millones de pesos al mes”, aseguraron. Explicaron que para la operación del centro comercial temporal, la ERU estableció que de las cuotas de administración de los locales alquilados se fondearan los costos de funcionamiento, y por este motivo, por una única vez, daría como apalancamiento de los costos preoperativos y operativos un pago de 252 millones de pesos. “Éstos los recibimos por parte de la ERU a través de la Fiduciaria y con ellos se cubrieron los gastos de promoción, publicidad, mercadeo, vigilancia y demás costos fijos del proyecto mientras se adelantaba el alquiler de los locales y la puesta en funcionamiento del centro comercial temporal”, aseguraron. Además, aseguraron que posterior a este pago, para la operación del proyecto dependían exclusivamente de su gestión para alquilar los locales. Por su parte, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Dadep, también aseguró que la ERU no estuvo vinculada a la acción. Sobre el cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado, el Dadep asegura que “este proceso inició hace 16 años y dentro del expediente que actualmente cursa en el Tribunal Administrativo de Bogotá D.C., está toda la evidencia de la forma en que la Entidad y el Distrito le han dado cumplimiento a la sentencia”. "Dentro del proceso se registraron como personas vinculadas 3.438 personas. De estas, se verificaron en las bases de datos del IPES y 1.100 fueron caracterizadas y han recibido ofertas del Distrito, lo que nos da un resultado de 2.338 vendedores. De ellos, a 1.099 se les hizo todo el proceso de invitación y ofertas de acuerdo al protocolo de la entidad. Y finalmente, para el saldo de 1.261, todas las entidades del Distrito hicieron el trabajo de ofertarles alternativas para vendedores informales con carácter de vulnerabilidad”, explicó el Dadep. La entidad también dijo que las entidades distritales realizaron una variedad de reuniones y mesas de trabajo reiterando las alternativas y cupos disponibles y que se han dispuesto espacios como los locales subterráneos de la calle 12 con carrera 10; el lote la Alameda de la calle 27 sur con carrera 10; y el Edificio Veracruz de la calle 17 con carrera 5; y el Recinto Ferial del 20 de Julio. También el lote "de los Sierra”; la “Plazoleta de Comidas” del recinto ferial, y otras alternativas. Sin embargo, para los vendedores ambulantes esta oferta no es suficiente. Lo que pretenden es que el fallo del Consejo de Estado se cumpla, así como la resolución 422 del 2015.
"Me ofrecieron un curso para limpiar superficies. ¿Quién no sabe limpiar una calle? De todas maneras hice el curso y 2 años después nunca conseguí trabajo": vendedor informal Según Barrera, lo que esperan los más de 3.000 vendedores ambulantes que hoy hacen parte de esas organizaciones de comerciantes informales es una indemnización por 44 millones de pesos a cada uno, "pues en 2003, para cumplir con la sentencia del Consejo de Estado, el Ipes hizo una propuesta de dar 18 millones a los que no se pudieran reubicar y ese sería el monto equivalente a hoy". También piden 510.000 millones de pesos por daños y perjuicios para las organizaciones en general. El Dadep en cambio afirma que algunos vendedores demandaron al Distrito en una acción indemnizatoria en donde las pretensiones son de una cuantía de 2,6 millones de pesos que actualmente está en trámite. Pero se insiste en que "nunca se ha ordenado dentro de este proceso judicial una indemnización para los vendedores ambulantes con carácter de vulnerables”.
Vendedor ambulante de artículos religiosos. Foto: León Darío Peláez. En una visita al 20 de Julio, SEMANA pudo conversar con varios vendedores ambulantes del lugar. Paola Tapia, una mujer cabeza de familia de 40 años, que lleva 28 trabajando en el lugar vendiendo ropa de bebé, dijo que se sienten atropellados por la alcaldía porque modificaron el decreto que les daba unos predios y que hasta ahora no les han ofrecido una reubicación. Estela Melo Carrillo, de 55, lleva 30 años comerciando con ropa y accesorios para primera comunión. Según ella, las diferentes alcaldías los han ignorado y hasta el momento no les han dado una solución. “Sentimos una esperanza cuando nos dijeron que nos iban a dar esos lotes en 2015, pero es la hora que no tenemos ningún espacio. Es como si no existiéramos y tenemos miedo de que ahora en diciembre cuando es una oportunidad de vender nos saquen con el Esmad, como el año pasado”, dijo. Óscar Riveros, de 48, y quien lleva 35 años como vendedor ambulante, afirmó que en este momento debe casi 5 millones de pesos por los comparendos que le han hecho por vender en la calle. Agrega que a él sí le ofrecieron cursos, “pero es de algo que ya sabía. Era un curso para limpiar superficies. ¿Quién no sabe limpiar una calle? De todas maneras hice el curso y 2 años después nunca conseguí trabajo porque me pedían experiencia confirmada en otros lugares limpiando pisos y pues lo único que sé hacer es vender, así que me gano la vida vendiendo accesorios para celulares… Yo le pediría a la alcaldía que dé oportunidades de estudio reales, pero sobre todo a los jóvenes para que no se tengan que pasar la vida siendo vendedores ambulantes”. Riveros dijo que al él también le ofrecieron una reubicación, “pero no pude aceptar porque era en un lugar donde no pasaba gente. Necesitamos ofertas serias que podamos tomar. Ese es el problema de fondo”.
Paola Tapia, una de las vendedoras ambulantes del 20 de Julio. Foto: León Darío Peláez.