Un fuerte cuestionamiento le hizo este jueves el fiscal general, Francisco Barbosa al Ministerio de Justicia en medio de la implementación de la justicia restaurativa. Palabras más, palabras menos, el jefe del ente acusador aseguró que esta cartera se ha convertido en un palo en la rueda en esta política gubernamental.
“Hoy tenemos grandes dificultades con el Ministerio de Justicia que se convirtió en un obstáculo del presidente Gustavo Petro”, precisó Barbosa en medio de un foro académico celebrado este jueves en la Universidad Javeriana. En este sentido, señaló que pese a que el jefe de Estado “quiere que se resuelvan las cosas rápido” en el marco de la justicia restaurativa y desde el Ministerio se presentan los bloqueos.
Para el fiscal general, “el Ministerio de Justicia en ejercicio de sus funciones de inspección, control y vigilancia de los centros de conciliación considera que las instalaciones de los consultorios jurídicos deben utilizarse exclusivamente a los servicios de conciliación”. Esto obliga a buscar otras instalaciones para realizar labores de mediación.
Esto fue considerado como un bloqueo para la puesta en marcha del proyecto. “Se dice que los centros de conciliación no pueden brindar servicios de mediación penal a menos que modifiquen su reglamento. ¡Listo, se modifican y para adelante! Pero se dice que requiere que haya autoridad de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución al Conflicto del Ministerio de Justicia y esto genera otro bloqueo”.
Este no es el primer desencuentro que tienen el Fiscal General y el Ministro de Justicia. En semanas anteriores, el jefe del ente acusador lo cuestionó por un “mico” en el proyecto impulsado por el Ministerio de Justicia y el cual busca, principalmente, humanizar las penas en Colombia, para bajar el hacinamiento que se registra en la mayoría de centros carcelarios, penitenciario y de paso que hay en el país.
Barbosa le pidió al Gobierno “jugar limpio” y decir las cosas de frente, puesto que en uno de los parágrafos aparecen beneficios a personas vinculadas con narcotráfico. “Nos metieron un parágrafo donde básicamente se está suspendiendo la ejecución de la pena de narcotraficantes en Colombia. ¡Juguemos limpio! Si el escenario es que se quiere la amnistía del narcotráfico en Colombia pues se tiene que decir, pero no se puede utilizar un mecanismo subrepticio para establecer un beneficio de esa consideración”.
Según explicó el jefe del ente acusador, este artículo lo que permite es que se meta en el mismo saco a pequeños cultivadores de coca junto a los grandes narcotraficantes y a quienes proveen los insumos para este negocio criminal.
“El proyecto permite la salida de la cárcel de quienes dan los insumos para el narcotráfico, justamente a quienes el presidente ha dicho que hay que atacar, le están echando cuentos y mentiras al presidente”, agregó el fiscal.
Visiblemente molesto desde la Comisión Primera del Senado, el Fiscal General aseguró que se quisieron hacer varias modificaciones a delitos muy graves como el concierto para delinquir y el terrorismo. En su intervención, incluso, hizo un llamado de atención para que se revise mejor la forma de hacer “micos” cuando se presenten este tipo de propuestas. “Me parece que no fueron imaginativos si querían camuflar pequeñas normas no lo debieron hacer en parágrafos puesto que son fácilmente detectables”.
Por esto, le pidió a los representantes del Gobierno que no hagan trampa en este tipo de propuestas y manifiesten sus intenciones de frente ante el Congreso, que al final de cuentas será el encargado de aprobar los proyectos. “Al país no se le puede hacer trampa, hay que jugar de frente. En el artículo 8 se establece un beneficio de suspensión de ejecución de penas a todos aquellos pequeños cultivadores y yo en ese estoy de acuerdo, no tengo problema con eso, pero no podemos tolerar es que nos digan que se va a beneficiar narcotraficantes de otro nivel conforme a las disposiciones que involucraron en la redacción”.