Estraval fue la empresa que captó, según la Fiscalía, al menos 600.000 millones de pesos de inversionistas que vieron en la comercialización de libranzas una oportunidad de negocio con rendimientos soñados de hasta 150 por ciento. Pero el sueño se transformó en una millonaria estafa a más de 4.000 personas. Se trata del más grande descalabro financiero en captadoras de dinero en la historia del país, superior a los 350.000 millones de pesos de Interbolsa (no se sabe si supera a DMG, pues en este caso no hay cifras oficiales).
Las víctimas, quienes llevan cuatro años esperando recuperar algo del dinero invertido, se enfrentan al riesgo de perder una eventual posibilidad de resarcimiento económico: un millonario lote, ahora enredado en un triángulo corrupto, que, según una denuncia, involucra supuestos abogados, servidores públicos y hasta un autodenominado “jurisprudente, periodista y rector”.
En el proceso de liquidación adelantado contra Estraval por la Superintendencia de Sociedades, en septiembre de 2016, se tomó posesión de los bienes de la captadora: depósitos judiciales, embargos en bancos, certificados de CDT, fiducias y un lote ubicado en Funza, Cundinamarca.
La denuncia en poder de SEMANA, firmada por el propio exdirectivo y fundador de Estraval, Juan Carlos Bastidas, y radicada el 3 de julio de 2020 en la Fiscalía, advierte que el lote Santa Lucía de las Peñas, avaluado en más de 179.000 millones de pesos, forma parte de la zona de expansión del aeropuerto El Dorado, y, si se vende, sería la “joya de la corona” en el proceso de reparación a las víctimas de Estraval. Pero debajo de la mesa se estaría organizando un acuerdo ilegal, según la denuncia de Bastidas, que comprometería a servidores públicos, un abogado y el “jurisprudente, periodista y rector”, quien actuaba como intermediario.
El enredo, en conocimiento de la Fiscalía y de la Supersociedades, relata supuestos encuentros entre este personaje y los intere
sados en comprar el predio. Este, sin formar parte del proceso o ser funcionario de la liquidadora, plantea el negocio, propone cifras y hace exigencias a futuros compradores para garantizar la venta del lote.
Un audio en poder de SEMANA deja claro que este intermediario no solo busca el cliente, sino el pago de una “comisión” de 120.000 millones de pesos. La suma sería, de acuerdo con el audio y la denuncia, repartida entre un servidor público, un abogado y el mismo intermediario. Incluso, se refieren a una sofisticada triangulación de dineros en Colombia y en Panamá:“Comprador: ¿Usted dónde me recibiría los 120.000 si llegamos a esa cifra?Intermediario: Panamá…
Comprador: No, Panamá no, tendrían que ir ustedes a México.
Intermediario: ¿México?... Pero sí deme una platica acá… dejemos 80 y debe 40.
Comprador: No, me queda muy lejos los 40.000 aquí”.
La conversación entre el intermediario y el cliente del lote habría ocurrido en febrero de 2019 mientras se movilizaban en un vehículo con destino al predio en venta. En el trayecto se ufana de conocer “gracias a sus 22 años en la política” a los alcaldes entrantes y salientes de Funza; un hecho que calificó de significativo a la hora de cambiar el uso del suelo e inflar el valor del predio.
El intermediario, cuyo nombre no se divulga para proteger la indagación de la Fiscalía, con propiedad le advierte al supuesto comprador que todo en la Supersociedades está “arreglado” y que, básicamente, actúa como vocero del servidor público a cargo de este negocio.
“Acá negociamos (revela nombres)… Usted y yo, nadie más… Que usted tenga que hablar con la superintendencia, no, señor… Ahí se levanta el acta, se le entrega a usted y se hace promesa de venta, cancela y se le hace entrega inmediata”, se escucha en el audio ya en poder de la Fiscalía.
El tema no había pasado inadvertido. El pasado 2 de diciembre de 2020, en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se reunieron los denunciantes con los delegados de esa entidad para la atención de reportes y denuncias ciudadanas. Del encuentro salió una compulsa de copias con destino a la Fiscalía y a la Procuraduría, de la que se conoce un fiscal asignado y una solicitud para ampliar la denuncia en el ente acusador.
“Los ciudadanos solicitaron formalmente una reunión para explicar su denuncia, se convocó la reunión, que fue atendida por funcionarios de la Secretaría de Transparencia, y, tras escuchar los argumentos y detalles denunciados, se procedió a darles traslado a las autoridades correspondientes, que en este caso son la Fiscalía y la Procuraduría, para que determinen si hay mérito y abrir una investigación”, señalaron a SEMANA desde la Secretaría de Transparencia.
Según la denuncia, el negocio era así: el intermediario le pedía al presunto cliente 300.000 millones de pesos por el lote, 180.000 para legalizar ante el Estado dicho negocio y el resto mediante transacciones bancarias en Colombia, Panamá y México; 80.000 millones serían entregados en Colombia, y el saldo, fuera del país. El comprador hizo la contrapropuesta de pagar hasta 30.000 millones en Bogotá.
El audio y las 18 páginas de la denuncia ubican al intermediario como oferente de servicios más allá de la finca raíz. Incluso, advierte de la posibilidad de acceder a permisos para porte de armas, pues cuenta, dice el documento, con generales y coroneles amigos en Ejército y Policía. Este intermediario señala, con desparpajo, que ese es el “negocio” de los liquidadores, “vender oficialmente los bienes de la liquidación a precios bajos, pero por fuera recibir otra parte del mismo comprador”.
Además del audio con la conversación del intermediario y el supuesto cliente, la denuncia incluye unas fotografías en las que, al parecer, el supuesto vendedor está en el lote, pese a que cuenta con vigilancia y solo se puede entrar con autorización de la autoridad a cargo. Las fotos fueron tomadas mientras este intermediario explicaba las ventajas del negocio.
Ante la gravedad de los hechos, llama la atención el silencio de la Supersociedades, pues el proceso de liquidación y reparación a las víctimas de Estraval forma parte de sus responsabilidades; además, el tema ya lo conocían, porque así se lo informó la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Sin embargo, al cierre de esta edición, la Supersociedades no respondió las preguntas de SEMANA.
Al igual que la superintendencia, el intermediario, quien aparece nombrado de forma repetida en la denuncia, tras varios mensajes y llamadas telefónicas, prefirió no referirse o responder al tema que lo deja como presunto interesado en el negocio con el que se pretende defraudar al Estado y a las víctimas de la captadora.
Las dudas alrededor de la gestión de la liquidación de Estraval y de la propia Supersociedades las plantean las propias víctimas de la captadora. Aseguraron a SEMANA que este ha sido un proceso “paquidérmico”. Tanto es así que en marzo de 2020 acudieron a una ‘tutelatón’ para pedirles a los jueces involucrarse en el asunto ante la ausencia de respuestas de la liquidadora o la Supersociedades. Cuatro años y cinco meses después de la liquidación de Estraval, las víctimas siguen esperando una reparación.