El dolor que se experimenta cuando un ser querido muere es inexplicable. Muchos aprovechan para estar con el cuerpo sin vida la mayor cantidad de tiempo posible. El cadáver es sagrado, solo restan pocas horas para verlo por última vez, por lo que es llevado a la funeraria, antes de la velación, a fin de que un tanatólogo haga su trabajo. Lejos de imaginarse que, mientras les ofrecen tinto o aromática, en el anfiteatro hay una decena de jóvenes, estudiantes de criminalística, que están diseccionando el cuerpo, sacándole los órganos y tomándose fotografías y videos que luego suben a redes sociales.

La escena es escalofriante. “Eso era una carnicería”, dice una de las estudiantes que pagó 170.000 pesos por día de diplomado en tanatopraxia y disección de cuerpos. Varias instituciones, incluso en los picos más altos de la pandemia, ofrecieron sus clases presenciales. No cumplen con los protocolos de bioseguridad, aparecen sin guantes o con tapabocas en la barbilla manipulando cuerpos en estado de descomposición. En las imágenes se los ve jugando con prótesis mamarias de uno de los cadáveres y posando junto a mujeres embarazadas que murieron. La ‘actividad académica’ es totalmente clandestina. Durante las convocatorias, nunca dicen la dirección en donde se realizará el curso, es un dato que entregan a última hora.

Ver video del relato de un testigo y algunas de las pruebas suministradas:

La mayoría de las veces, según asistentes al evento, se lleva a cabo en las funerarias Tequendama y Gámez, en el sur de Bogotá. Cuando llegan allí, tienen que entrar uno por uno para no generar sospecha entre los familiares, que la mayoría de las veces se encuentran en la sala de espera o una tienda cercana, inocentes de lo que va a ocurrir. En algunas funerarias piden dejar los celulares en una tula y en otras no. Gracias a estas últimas y la frialdad de los organizadores del curso, quedaron al descubierto las malas prácticas. En la Fiscalía reposa una denuncia anónima contra varios institutos de criminalística, entre ellos Forensic Science Training, en el que trabaja Fernanda Ramírez, quien ofrecía 25.000 pesos por cada estudiante. “Los cursos se hacían los fines de semana y por cada día me quedaban libres 200.000 pesos, más o menos”, dijo una de las administradoras de la Funeraria Tequendama, consciente de que lo hacían a escondidas de los familiares, pero siguiendo una conducta que, según ella, dos décadas atrás se viene realizando en las funerarias del sector sin dimensionar la gravedad del asunto.

SEMANA verificó que en la Funeraria Gámez ofrecen cursos de tanatopraxia y disección. Sentado en la recepción está Jackson, como se presenta. Ese hombre aparece en las fotos que meses atrás rodaron en las redes sociales, posando en las morgues. Cuando se pregunta por los cursos, dice en voz baja: “Soy yo el encargado. ¿Quién lo recomendó?, porque esto es algo muy delicado”. Después de la advertencia, indica que por diez días de curso cobra 1.800.000 pesos y eso cubre uniforme, afiliación a riesgos laborales, clases prácticas y un diploma. “El otro día, yo tenía una vuelta que hacer y dejé a la china que llevaba dos días embalsamando”, confiesa el tanatólogo. Puso a alguien con menos de 24 horas de experiencia a hacer algo que debería realizarse con máximo cuidado. Argumenta que sus cursos son mejores que los que ofrecen las entidades autorizadas, pues por protocolo deben ser virtuales, mientras que él los hace presenciales. Para el tanatólogo, lo menos importante es que los familiares se enteren de que con los cuerpos de sus seres queridos se están haciendo negocios. “La familia antes debe agradecer que los que llegan acá demacrados, con la piel pegada a los huesos, salgan rellenitos, no tienen por qué enterarse y sumarles otro dolor”, dice con un humor frívolo.

SEMANA habló con el hombre que quedó en evidencia ofreciendo los cursos. Desmiente que él haga ese tipo de actividades, pero argumenta que es necesario que los estudiantes tengan contacto con los cuerpos para aprender. Fernanda Ramírez niega las malas prácticas, pese a las pruebas que están analizando las autoridades, y la Secretaría de Salud de Bogotá ya tiene la información de las funerarias que se estarían prestando para este macabro negocio. Será la Fiscalía la que defina si se cometieron o no actos irregulares que puedan configurar el delito de irrespeto a cadáver.