Un nuevo escándalo de corrupción con protagonistas repetidos podría volver a sacudir la cúpula de la justicia. La denuncia la inició el lobista Otto Bula desde la cárcel La Picota hace exactamente un año. A raíz de ella se desprendió una investigación que llevó a la captura de los hermanos Carlos Raúl y Alfredo Mendoza Fortich, así como la funcionaria de la Fiscalía Erika Tatiana Rivera. Este martes, en calidad de indiciado en este mismo proceso, fue sentado en el banquillo de los interrogados Julián Quintana, exdirector del CTI.   El ente investigador tiene en su poder meses de interceptaciones telefónicas a los dos hermanos costeños. Las que soportan la denuncia de Bula fueron destapadas durante la audiencia en la que un juez le dio casa por cárcel a los implicados. Según Bula, los hermanos Mendoza Fortich le pidieron 6.000 millones de pesos para arreglar la situación de sus bienes incautados, lo cual podrían conseguir gracias a la supuesta intervención del exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, la exfiscal Andrea Malagón y el exdirector del CTI Julián Quintana. La tarifa se redujo a 4.000 millones y los únicos bienes que quedaban por fuera del negocio eran los de Montes de María, por la dificultad que el caso representaba.Bula no es un nombre nuevo para la Unidad de Extinción de Dominio. Previa aceptación de cargos fue condenado por pagarle 230 millones de pesos en un apartamento al exfiscal Rodrigo Aldana para que le ayudara en un proceso de extinción de tres bienes. Se trata de propiedades que estaban a su nombre pero que le fueron incautadas a los hermanos Juan Fernando e Ignácio Álvarez Meyendorff. Un dato adicional: en el momento en que Aldana recibe esta investigación, el director de la Unidad de Lavado de Activos y de Extinción de Dominio de la Fiscalía era Julián Quintana. Ahora, la Fiscalía indaga por varios casos que estuvieron en poder de Aldana que le fueron asignados de manera especial cuando dejó de ser fiscal de este grupo.Como uno de los capítulos claves dentro de este nuevo novelón judicial aparece la cercanía que tenían los Mendoza al caso de Bernardo Miguel ‘el Ñoño‘ Elías. Las diferentes versiones, entre ellas, la de Alfredo Mendoza, dan cuenta de la existencia de una reunión celebrada en una fecha entre el 15 de junio y principios de julio del 2018 en la oficina del ex fiscal general Eduardo Motealegre. A dicho encuentro habrían asistido el excongresista Eric Morris, suegro del Ñoño; Alfredo Mendoza; el exfiscal Montealegre; Julián Quintana y el ex vicefiscal Jorge Perdomo. “Se basó específica y únicamente sobre la estrategia jurídica para la defensa del doctor Bernardo Elías ante la Corte, si el grupo de abogados tomaba el poder, se extendió aproximadamente desde las 4 de la tarde como hasta las 9 de la noche”, aseguró Mendoza a las autoridades. Según el implicado, las recomendaciones de los abogados se centraron en la negociación que había iniciado el Ñoño en la corte a cambio de honorarios por 2.000 millones de pesos. “Ese pago debía quedar hecho a través de factura de su persona jurídica y con el IVA incluído”, asegura Mendoza que le precisó Montealegre frente a sus honorarios, los cuales al final habrían sido rechazados por Eric Morris por falta de presupuesto. Aunque estos honorarios no se habrían concretado, los investigadores siguen pistas alrededor de un pago de 400 millones de pesos que aparece mencionado en audios que están bajo indagación. Entre las evidencias destapadas por el ente investigador existen dos audios que despiertan suspicacias frente al verdadero alcance de estos abogados en los procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia. El 14 de junio, el mismo día que una sala de instrucción dejó en firme, después de reposición y quejas presentadas por la defensa, la acusación contra Bernardo Elías por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, los hermanos Mendoza usaron su línea telefónica para hablar del tema.

Escuche interceptación telefónica. 14 de junio del 2018 entre Carlos Raúl y Alfredo Mendoza.En una de las conversaciones, Alfredo parece enviarle a Carlos un mensaje de WhatsApp con el nombre de una persona. "Tu que tienes confianza con Quintana allá, no se si hablas con Quintana y le comentas que el caso de Ñ posiblemente llegue al despacho de él. Pero tiene que pedirlo él me entiendes...". La precisión continúa: "Donde el man que te mandé el nombre. Tiene que pedirlo él porque él es el que ha estado a favor del proceso de este man".

Escuche interceptación telefónica. 15 de junio del 2018 entre Carlos Raúl y Alfredo Mendoza.Según el informe de interceptación de la Fiscalía, el 15 de junio se da una nueva conversación en la que al parecer Carlos está acompañado por “Quintana y su jefe”. En la conversación indican: “Estoy con el amigo, llámeme por WhatsApp”. Después Alfredo manifesta: “Tu sabes que el recurso de reposición fue rechazado por la entidad, entonces eso va para jueces, ese procedimiento no lo tengo muy claro pero parece ser, parece ser no, eso se fue a juicio. El amigo me dijo eso se fue a juicio. Entonces ahora el proceso pasa a otro despacho, entonces necesitamos que el nombre del señor que yo mandé sea quien pida el proceso para que él lo lleve, porque se siente más confianza con él que lo lleve otro cocotudo". Según el informe de análisis de interceptación, se estaría viendo la forma de interferir para que el “reparto del proceso quede en manos de un funcionario de la Rama que le favorece en sus intereses”. Las grabaciones fueron interceptadas cuando la Corte Suprema de Justicia atravesaba la transformación más importante de su historia hacia la creación de las salas de primera instancia. Sin embargo, este proceso solo se comenzó a concretar el 21 de junio con la elección de los magistrados Ramiro Alonso Marín Vásquez –quien tiene actualmente la ponencia en el juicio del Ñoño– y Ariel Augusto Torres Rojas. La interceptación es anterior a la elección de estos dos primeros nombres, lo que hace imposible suponer que se esté aludiendo a alguno de ellos en la llamada que están analizando los investigadores del búnker. De otra parte, la conversación parecería evidenciar un desconocimiento de la forma en que los procesos se tramitan en la Corte Suprema de Justicia. Una vez la sala de instrucción acusa, el juicio le corresponde a una sala de juzgamiento que en este caso estaba conformada por los magistrados José Luis Barceló, Luis Hernández, Fernando Castro, Guillermo Salazar y Eyder Patiño. Al haber sido Barceló el magistrado a cargo de condenarlo a 6 años de cárcel el 28 de febrero del 2018 por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, es una regla que la nueva acusación pasaría a manos de quien tenía conocimiento previo del caso. Es decir, el mismo Barceló.No obstante, los abogados no parecían tener conocimiento de esta regla y le apuntaban que el caso llegara a manos de alguien de su confianza que “ha estado a favor del proceso de este man (Bernardo Elías)”. A la salida del interrogatorio, en el búnker de la Fiscalía, el Danny Julián Quintana aseguró "jamás he adelantado una actuación ilícita en mi carrera, ni como director del CTI ni como abogado litigante". Para explicar el por qué aparece mencionado en los audios en cuestión, Quintana se limita a señalar que "mi nombre fue mal usado".Son muchos interrogantes los que tendrán que ser resueltos por los investigadores de la Fiscalía, que apenas comienza a destapar lo que contienen meses de conversaciones entre los implicados. Por lo pronto, los audios abren la duda sobre si después de la salida de Gustavo Malo de la corte, siguen quedando magistrados activos aliados con este tipo de intereses oscuros.