Mientras la defensa de Nicolás Petro hace lo posible por presentar nulidades, aplazamientos y cuanta solicitud para retrasar lo inevitable: el juicio contra el hijo del presidente, la Fiscalía alista otro enredo que hará el camino más espinoso para el exdiputado del Atlántico. El ente acusador anunció la imputación de cargos por hechos de corrupción, con una “bomba” adicional: pedirá cárcel.
Es por eso mismo que a la Fiscalía, y así lo manifestó Mario Burgos en la audiencia, le preocupan las constantes dilaciones en el proceso.
“Al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, la Fiscalía General de la Nación tiene pendiente adicionar la formulación de imputación, y solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario, por otros injustos penales. Guarda preocupación extrema que no avancemos en esta audiencia preparatoria”, afirmó el fiscal Burgos en la accidentada audiencia.
La Fiscalía advirtió, en el marco de la audiencia preparatoria contra Nicolás Petro, que completaron la recuperación de evidencias y elementos de prueba que advierten cómo Nicolás Petro usó su cargo como diputado para llenarse los bolsillos con el dinero público. Incurrió en al menos cuatro delitos.
El exdiputado terminó en la cabeza de un entramado de corrupción con contratos de la Gobernación del Atlántico, a través de una fundación que conformaron, justamente, con el propósito de ganarse millonarios proyectos con un supuesto enfoque social, pero que terminaron en una caja menor para los lujos del hijo del presidente, tal como lo confirmó su exesposa Day Vásquez.
El mismo juez que negó la solicitud de nulidad a la acusación de la Fiscalía es quien le niega ahora la posibilidad de suspender la audiencia preparatoria y hace varias advertencias para explicar la necesidad de avanzar en el proceso y concretar las pruebas que servirán en el juicio contra el hijo del presidente. La defensa insistió que faltan pruebas en poder de la Fiscalía.
“Fue demasiado prudente, parca, porque quien alega la nulidad de una imputación en sede de acusación debe demostrar fehacientemente que el acto irregular afectó la integridad de la actuación, la estructura medular o conculcó garantías constitucionales procesales”, señaló el juez, tras rechazar la nulidad que impulsó la defensa del exdiputado.
Ahora, con la nueva imputación que advierte la Fiscalía contra Nicolás Petro, se expondrán los contratos que fueron firmados entre la Gobernación del Atlántico y la fundación Conciencia Social. Se habla de apoyos para adultos mayores y convenios para combatir el analfabetismo. Ninguno se ejecutó, pero todos se cobraron.
“Las sumas de dinero no fueron entregadas como aporte a la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro, sino que fueron objeto de apropiación por parte de Nicolás Petro”, señala el documento de 36 páginas que condensa el principio de oportunidad a favor de Day Vásquez.
Fueron contratos por más de 3.600 millones de pesos que, según la Fiscalía, terminaron en manos de particulares que prestaron su nombre y razón social para tramitar la entrega de los recursos públicos, no en el escenario social que aparecía en los documentos, sino en los bolsillos de los principales protagonistas, entre ellos, según la investigación, Nicolás Petro.
“Los cinco contratos listados en la tabla se desarrollan entre el año 2021 y el año 2023, y el segundo de estos estaría aún vigente, de acuerdo con la fecha de finalización, a noviembre de 2023. El valor consolidado de los cinco contratos es de 3.614.561.920″, reseñan los informes de policía judicial que conoció SEMANA, que advierten las presuntas irregularidades en los contratos de la fundación.