Una de las principales consignas del uribismo en la campaña presidencial que dio como ganador a Iván Duque fue la promesa de hacer todo lo posible por reformar la estructura de la Justicia Especial para la Paz. Podría incluso decirse que una buena parte de los votantes del hoy presidente lo apoyaron convencidos de que había que hacerle ajustes de fondo a los acuerdos de paz firmados entre el Estado y la entonces guerrilla de las Farc. Al llegar al poder, Iván Duque hizo lo propio para cumplir con la palabra empeñada ante el electorado y arriesgó su capital político al presentar seis objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Como ya se sabe, ese experimento le salió caro al presidente y el Gobierno se quedó con el pecado y sin el género. Fracasó en su intento de modificar lo acordado, se echó encima a una buena parte del Congreso y perdió la gobernabilidad con la que suelen contar los presidentes en su primer año. Luego de varios intentos frustrados, el presidente Duque parece haberse hecho a la idea de que cambiar los acuerdos de paz resultó ser una tarea más difícil de lo que se pensaba en campaña. Una vez hundidas las objeciones, procedió a sancionar la ley estatutaria, cumplió con los compromisos presupuestales para continuar el curso de la implementación y así pasó la página del libro de La Habana para concentrarse en los temas prioritarios del gobierno. No obstante, su partido, el Centro Democrático, se ha distanciado de esa intención del presidente de mirar hacia adelante y sigue perfilando el cambio a los acuerdos de La Habana como su principal bandera política. Durante este año de gobierno se ha presentado una permanente dicotomía entre un mandatario que quiere mostrar un tono conciliador, y un partido de gobierno con un discurso radical. En esta nueva legislatura que apenas comienza todo apunta a que la historia del año pasado se repetirá. Este martes, los senadores Álvaro Uribe y Paloma Valencia llegaron pisando fuerte al Congreso para librar una nueva batalla por reformar la estructura de la JEP. Uribe y Valencia presentaron un proyecto de reforma constitucional que pretende crear una sala especial dentro de esa Jurisdicción que se encargue de juzgar exclusivamente a los miembros de la Fuerza Pública. Puede leer: JEP concede la libertad condicionada a David Char No es la primera vez que el líder Centro Democrático intenta promover esta iniciativa. En la legislatura pasada, buscaron un consenso político para la creación de la sala especial, pero pudo más la fuerza de los defensores del acuerdo y la cosa se hundió en la Comisión Primera del Senado. En esa oportunidad, aunque la iniciativa no vino directamente del gobierno, cuando se tramitó en la legislatura pasada se vio a la ministra del interior y al consejero político Jaime Amín, empujándola. En este nuevo intento los senadores Uribe y Valencia buscan lograr las mayorías parlamentarias para impulsar una reforma constitucional compuesta de 9 nueve artículos. De ser aprobada, lo cual hasta ahora parece poco probable, la medida crearía nuevas salas, secciones y despechos que tendrían como única tarea el estudio de los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en el marco del conflicto. Lo que plantean los miembros del Centro Democrático es que se crean dos secciones de primera instancia, una de revisión de sentencias y una de apelación integradas por tres magistrados cada una. Estos magistrados contarían con las mismas competencias y atribuciones que los que hoy conforman la JEP y serían designados por el presidente de la República y confirmados por la plenaria del Congreso. En el proyecto también se contempla la creación de una unidad de Investigación y Acusación para miembros de la Fuerza Pública que contaría con un mínimo de ocho fiscales que serían designados por el jefe del ente acusador. Así mismo, busca que la Procuraduría General pueda intervenir en los procesos que se adelantarían en esa nueva sala y le otorga facultades al presidente para ajustar el número de funcionarios y magistrados de la JEP. Le puede interesar: El largo cruce de trinos entre Uribe y ‘The Economist‘ Más allá de que este nuevo intento del uribismo por modificar lo acordado en La Habana sea acorde con discurso del partido, es poco probable que este vea la luz en el Congreso. La mayoría de los miembros de esa corporación se opusieron a las objeciones a la JEP y siguen firmes en la defensa de los acuerdos tal y como fueron firmados. La situación precaria de gobernabilidad del presidente no ha cambiado, los partidos siguen si representación política en el gobiern, e Iván Duque se ha mantenido en su consigna de no mermelada. Así las cosas, esta nueva cruzada, más que una medida con posibilidades de ser aprobada en el Congreso, podría convertirse en el caballito de batalla del uribismo de cara a las elecciones de octubre. Al tratarse de un tema tan polarizante como la modificación de los acuerdos, la propuesta de reforma podría jugarle en contra al presidente y seguir consolidando el bloque parlamentario de la defensa de la paz. La discusión de temas tan complejos, ha sido una de las causas por las cuales se enredó la agenda legislativa en el último año. El gobierno tiene la palabra.