Allí germinó la primera semilla de esperanza del proceso de paz. Corrían momentos difíciles, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos trata de desenredar los diálogos con la extinta guerrilla de las Farc. El Orejón, un caserío recóndito que pocos conocen, le da la espalda al cañón del río Cauca, justo a la altura de las obras de Hidroituango. El Gobierno escogió ese territorio para que 48 soldados y tres exguerrilleros realizaran el plan piloto de desminado humanitario para erradicar tres mil minas. Tuvieron accidentes y algunos murieron, pero cumplieron su misión. Después, en la vereda tuvo lugar el plan piloto de sustitución de cultivos y los campesinos entregaron las matas de coca. Pero, como se quejan hoy, se quedaron viendo un chispero; a El Orejón no llegó lo que les prometieron.

Varios pobladores consultados en distintas ocasiones y lugares coinciden en que desde los tiempos en que empezó la sustitución de cultivos la situación fue difícil. El Gobierno nacional no entregó los subsidios ni mejoró las condiciones de infraestructura. Al fin y al cabo se sabe que no es lo mismo transportar un kilo de coca que una tonelada de cacao. Pero faltaba lo peor: una tarde aparecieron en la vereda, subiendo por el cañón del río Cauca, tres mexicanos acompañados de un hombre ya conocido en la zona. Los mexicanos contrataron a un grupo de arrieros para que les mostraran dónde estaban los últimos cultivos de coca, las últimas cocinas. Preguntaron por precios de kilo y trayectos de comercio. Un día después desaparecieron, y desde entonces la demanda creció.

Hoy, El Orejón –que pertenece al corregimiento Pueblo Nuevo, municipio de Briceño– vive bajo la zozobra de las disidencias de las Farc, que tomaron el control de la zona, de los cultivos ilícitos y de las rutas del narcotráfico. En las noches la cocaína baja por el río Cauca hasta pueblos cercanos al mar. Un líder de la zona le dijo a SEMANA que en los últimos meses cerca de diez jóvenes tuvieron que abandonar algunas veredas de Pueblo Nuevo. En efecto, los grupos armados persisten en hacerles ofertas para que se incorporen a sus filas y temen que pronto no les quede otra opción. Según la Unidad de Víctimas, el desplazamiento en Briceño se ha intensificado. En 2019 llegaron a Medellín 89 familias desde zonas rurales del municipio, todas amenazadas o temerosas de los grupos armados. En agosto se fueron 14 familias; en septiembre, 12, y en diciembre, otras tantas. Y se desvanecen las esperanzas de que este año la situación mejorará. En efecto, a la capital antioqueña han llegado 17 familias entre el primero de enero y el 21 de febrero. Un funcionario que ha estado en la zona durante varios meses le dijo a SEMANA: “Los planes piloto avanzan, están en etapa de implementación de los cultivos, pero ha sido muy lento y los incumplimientos han sido altos porque no hay todo el apoyo. Las prioridades para el Gobierno nacional han cambiado, y aunque el actual alcalde está casado con el tema, cree en la sustitución, lo pone en su plan de desarrollo; también hay que comprender que es muy difícil sin la ayuda central”.

Wílmar Moreno, alcalde de Briceño, asegura que el desplazamiento también se debe a las malas condiciones económicas que atraviesa el municipio. “Pedimos celeridad en la implementación de las economías familiares alternativas, que el Gobierno nacional cumpla el paquete de 36 millones de pesos/familia en inversión de proyectos productivos para los grupos familiares que se acogieron a los acuerdos; la ONU ya certificó que todo el municipio le apuesta a la paz, pero no nos cumplen. Además, le pedimos a Hidroituango que nos compren los productos y tenemos una reunión pendiente, porque no apoyan la economía del municipio y esta situación de pobreza es alarmante”. Algunos desconfiaban del proceso, pero eso no impidió que creyeran en la paz. Ahora muchos se lamentan y tienen que abandonar sus tierras para huir del hambre y la violencia.