SEMANA: La situación de El Paisa motivó a que la JEP abriera por primera vez un incidente de incumplimiento, ¿qué pasa?Catalina Díaz: Un buen punto de partida es explicar que el Estado, en el marco de la negociación política del fin de la guerra, les concedió unos beneficios importantes a los excombatientes guerrilleros y a miembros de la fuerza pública que quisieran acogerse. Un primer beneficio es la suspensión de las órdenes de captura, otro beneficio es salir de la cárcel para las personas que estaban privadas de la libertad. Aquellos que no habían cumplido cinco años, en el caso de los militares, se les dio la posibilidad de pasarse a una unidad militar como reclusión. Son beneficios importantes y generosos que se conceden por el fin de la guerra, se dieron en el marco de una negociación política que puso fin a un conflicto armado interno de más de 50 años. SEMANA: ¿Cuáles son las condiciones que impone la JEP?C.D.: La primera, comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Todas estas personas acogidas a la JEP han firmado en un acta de su puño y letra que se comprometen a comparecer a los llamados de la JEP y se comprometen a aportar a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación, a no reincidir. La Corte Constitucional ha dicho que el cumplimiento de esas condiciones es como la columna vertebral de la justicia transicional, de su legitimidad. La justicia transicional da beneficios grandes e importantes pero esos beneficios se justifican en el cumplimiento de las condiciones. SEMANA: Condiciones que el Paisa no ha cumplido... C.D.: El instrumento procesal que tienen las normas de procedimiento para verificar el cumplimiento de las condiciones se llama incidente de verificación de cumplimiento del régimen de condicionalidad. Cuando cualquiera de los magistrados estime que hay indicios graves de que una persona acogida a la JEP no está cumpliendo con las condiciones puede iniciar un incidente de verificación de las condiciones. Ese incidente es una suerte de pequeño proceso judicial. Tiene una apertura, una fase probatoria, una fase de alegatos finales y una audiencia pública donde se toma la decisión de si la persona está incumpliendo o no. Allí se estiman las consecuencias que trae ese incumplimiento. En el caso de Velásquez Saldarriaga se consideró como un indicio grave que no hubiera atendido el llamado de la JEP cuando se notificó la apertura del caso 001 de secuestro. Tampoco designó abogado de confianza. "Fue muy importante que los 30 y exceptuando Velásquez Saldarriaga presentaron sus informes. Son muy completas y detalladas todas las actividades de reincorporación", Catalina Díaz. SEMANA: ¿Los demás miembros de la cúpula de la extinta guerrilla están acreditando su participación en la JEP?C.D.: En el marco del caso 001 se les pidió a todos los 31 comparecientes un informe de sus actividades de reincorporación. Fue muy importante que los 30 y exceptuando Velásquez Saldarriaga lo presentaron. Son muy completas y detalladas todas las sus actividades. Esos informes muestran que los líderes de la guerrilla de las Farc están cumpliendo. Allí hay reportes, videos, documentos de quienes están a cargo de Consejos de Reintegración. En el caso de Velásquez no hubo informe. La sala de reconocimiento que lleva el caso de secuestro consideró que había indicios graves de incumplimiento y con base en estos indicios abrió el incidente. SEMANA: ¿Quiénes participan en el incidiente? C.D.: Como cualquier proceso, se surte una etapa probatoria en la que se requirió información al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Defensoría del Pueblo, al Consejo de Reintegración, a la Agencia de Reintegración, a la Procuraduría de San Vicente del Caguán, a la Alcaldía de San Vicente del Caguán y ordenamos inspección judicial a Miravalle. Hasta este ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reintegración) donde el señor Velásquez estuvo liderando un proyecto de reintegración, fueron funcionarios de la JEP. Estuvieron cuatro días, entrevistaron a más de 40 personas, tomaron registros fotográficos de todos los lugares para establecer la suerte de Velásquez Saldarriaga y estamos cerrando esa fase probatoria. La embajada de Reino Unido nos remitió una información sobre proyectos que habían financiado en Miravalle. Este jueves 21 se vence el periodo probatorio, hemos recaudado un material que tiene que ser conocido por las partes. Se va a poner a disposición del propio Velásquez Saldarriaga, de su abogado defensor de oficio y de la Procuraduría. SEMANA: ¿Qué va a pasar este jueves cuando se cumplan los tres días que restan para cerrar la etapa probatoria? C.D.: A partir de ahí las partes tienen 10 días hábiles para estudiar ese material, leerlo, evaluarlo y presentarle a la sala alegatos del objeto del incidente. Un auto de los magistrados así lo dirá. Luego, la ley dice que la sala tiene otros 10 días para convocar la audiencia. Todo este trámite del incidente termina en una audiencia pública en donde la sala dice si la persona incumplió o no y, en caso tal, cuáles son las consecuencias del incumplimiento. SEMANA: ¿Una eventual consecuencia sería que el Paisa quedaría por fuera de la JEP? La Corte Constitucional ha establecido que debe haber gradualidad en las consecuencias. Cualquier incumplimiento no acarrea las mismas consecuencias. La ley habla de pérdida de beneficios. ¿Cuáles son esos? uno puede ser la suspensión de las órdenes de captura. En el caso de Velásquez Saldarriaga está condenado por más de 20 casos de secuestro y pesaban contra él seis órdenes de captura que quedaron en suspenso por su acogimiento a la JEP. Es un beneficio que podría perder. La sanción propia que impone la JEP es otro beneficio que se podría perder. Incluso la ley habla de la expulsión de la JEP. Una vez establecido el incumplimiento, si es que lo hay, habrá que establecer qué consecuencia acarrea el incumplimiento. Y esto se determinará en audiencia pública por parte de los magistrados con participación de las partes. "Este jueves 21 se vence el periodo probatorio, hemos recaudado un material que tiene que ser conocido por las partes. Se va a poner a disposición del propio Velásquez Saldarriaga, de su abogado defensor de oficio y de la Procuraduría". SEMANA: Hay temor de que el Paisa sigue delinquiendo ¿hoy la justicia tiene cómo frenarlo? C.D.: Es muy importante tener claro que investigar actividades criminales que se pueda eventualmente estar cometiendo es hoy de la Fiscalía General de la Nación. Si una persona está delinquiendo puede ser capturada en flagrancia, por ejemplo. O puede abrírsele un proceso penal por actividades delictivas que están ocurriendo a la fecha. La JEP no tiene competencia respecto de actividades delincuenciales o criminales con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Las actividades delictivas que se están cometiendo hoy son competencia de la Fiscalía General, que podría perfectamente investigar y, si es del caso, capturar a una persona por reincidir o participar en actividades de crimen organizado. SEMANA: El fiscal ha sido enemigo de esta gradualidad, ¿cómo funciona realmente? C.D.: Primero, insisto, si hoy una persona reincide porque está participando en actividades de criminalidad organizada, porque está en cualquier actividad criminal, es competencia de la Fiscalía General de la Nación investigar, adelantar el proceso, y capturar a la persona, eso está clarísimo. Actividades delictivas no quedan amparadas por ser compareciente de la JEP. El otro punto es ¿qué pasa con los beneficios que recibió?, por ejemplo, la suspensión de las órdenes de captura respecto de los procesos relacionados con el conflicto armado interno durante esa época. Ahí sí le corresponde a la JEP establecer cuál es la consecuencia de ese incumplimiento respecto de procesos que sean de su competencia. Yo creo que la proporcionalidad es un principio general del derecho. Es básico, no puede tener la misma consecuencia una no comparecencia, que una activa reincidencia en rearmar organizaciones criminales. Hay que graduar la consecuencia. SEMANA: ¿Y en ambos casos podría haber exclusión? C.D.: La máxima consecuencia es la exclusión. "Si la persona está reincidiendo la competencia de investigar esos delitos la tiene la Fiscalía. Ya verá la JEP cual es la consecuencia de los delitos que están bajo su jurisdicción". SEMANA: El fiscal dice que quienes reinciden en delitos como secuestro, homicidio o narcotráfico podrían mantener los beneficios de la JEP, ¿es cierto? C.D.: Reitero, si la persona está reincidiendo la competencia de investigar esos delitos la tiene la Fiscalía. Ya verá la JEP cuál es la consecuencia de los delitos que están bajo su jurisdicción. Un no cumplimiento de las condiciones es no comparecer, no venir a la versión voluntaria, esta es una oportunidad para comenzar a contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas. No venir a la versión voluntaria empieza a ser un récord de incumplimiento. SEMANA: ¿En el caso de Velásquez su única aparición es haber suscrito el acta? C.D.: Sí, porque él no vino a la diligencia de notificación de apertura del caso sobre secuestro. Si recordamos, a esa diligencia comparecieron el señor Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, entre otros. El señor Velásquez no designó abogado en el caso, no presentó informe de reincorporación y no vino este lunes a la diligencia de declaración voluntaria. Pues la sala con base al material probatorio que ha recaudado tiene que establecer si está incumpliendo o no. SEMANA: Uno podría entender entonces que en 20 días habrá una decisión definitiva respecto de el Paisa... C.D.: Hay que contar los tiempos, son 10 días hábiles para poner a disposición de las partes el material probatorio. Luego la sala tiene otros 10 días para convocar la audiencia y hay que hacerlo en tiempo prudencial. Luego habrá que ver si se oyen los argumentos finales de las partes para que los seis magistrados tomemos la decisión. La sala ha sido ejemplar en cumplir los tiempos y procederemos con la mayor celeridad porque hay una demanda de la sociedad colombiana. SEMANA: Otro que está desaparecido es Iván Márquez, ¿cuál es su situación judicial? C.D.: Es un compareciente del caso 01. Designó a su apoderada de confianza. Aportó un informe de sus actividades de reintegración. Su abogada solicitó con razones fundadas una prórroga para la declaración voluntaria que fue el día 14. Y se le concedió esa prórroga. Estaremos atentos a su comparecencia para la nueva fecha, 2 de mayo próximo. SEMANA: ¿Qué pasa si él, aduciendo razones de seguridad, propone no estar físicamente en la JEP? C.D.: Habría que evaluar en su momento en qué consistiría su solicitud. Pero en el marco del caso 01 se ha establecido que hay una comparecencia individual y personal a esas diligencia de versión voluntaria. SEMANA: ¿Si no es personal y voluntaria podría haber incumplimiento? C.D.: No nos adelantemos, habrá que evaluarlo. Pero en todo caso se ha establecido una comparecencia individual y voluntaria, al margen de que también puedan hacer un aporte colectivo. SEMANA: ¿En qué les afecta que la Estatutaria no esté sancionada por el presidente Duque? C.D.: Como ha dicho la presidenta de la jurisdicción, nosotros seguimos cumpliendo con nuestras competencias y funciones por el Acto Legislativo que creó la JEP. Es un instrumento robusto donde se crea la jurisdicción, la salas, las secciones, está el objetivo, el mandato central, los derechos de las víctimas. Luego, se crearon las normas de procedimiento. Lo que está pasando es que queda una sensación de inseguridad por parte de los comparecientes, de falta de certeza porque no se conoce el grupo completo de reglas de juego. Qué les va a pasar, qué sigue, cuáles son los pasos del proceso. Esos pasos están en la ley estatutaria. La ley está para delimitar la cancha y las reglas de juego. No tenerla preocupa y desestimula. Es muy desafortunado no tener claras las reglas cuando los comparecientes, incluyendo a miembros de las Fuerzas Militares, están llegando a las citaciones. Hemos oído a 60 miembros de las fuerzas militares, en el marco del caso de falsos positivos. Han cumplido rigurosamente los llamados de la JEP. Y hoy no tienen las reglas 100 por ciento claras. Lo mismo los excombatientes guerrilleros que en su gran mayoría están cumpliendo sus llamados de la JEP y no se sabe lo que les va a pasar. SEMANA: ¿Ustedes podrían estar hoy obligando a comparecer al Paisa? C.D.: Sí, la estatutaria nos da más herramientas que no están en vigencia. "El 90 por ciento de los 2.000 integrantes de la fuerza pública que se han acogido a la JEP lo han hecho por falsos positivos. Puedo decir que han venido religiosamente a sus citas, han venido de todos los rangos, se han realizado diligencias de seis horas, a veces nos hemos tomado dos días completos. Siento que hay compromiso de contribución". SEMANA: Por ejemplo.. C.D.: En la ley estatutaria están todos los elementos de la resolución de conclusiones, el procedimiento para llamar a personas que deben comparecer a la JEP (donde tiene un rol la sección de revisión), está en detalle qué sigue en proceso de contrastación de la información, está el proceso de reconocimiento en todas sus etapas. Claro, los comparecientes tienen preocupación sobre qué sigue, cuáles son los pasos, cuáles son sus derechos. Pero nosotros no podemos denegar justicia, nos creó la Constitución, nuestro mandato está ahí, y seguiremos trabajando arduamente para cumplir con nuestro mandato de investigar, juzgar y sancionar. Garantizando la participación de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes. Se debe consolidar una transición sólida pero si nos ponen palos en la rueda esa transición no se va a consolidar. SEMANA: ¿En casos de miembros de la fuerza pública hay incidentes de incumplimiento? C.D.: El 90 por ciento de los 2.000 que se han acogido a la JEP lo han hecho por falsos positivos. Se trata de personas que han sido condenadas a 40, 50 años por delitos muy graves, recibieron libertad condicional y la JEP tiene que verificar que se estén cumpliendo las condiciones. Puedo decir que han venido religiosamente a sus citas, han venido de todos los rangos, se han realizado diligencias de seis horas, a veces nos hemos tomado dos días completos. Por ahora siento que hay compromiso de contribución y no ha habido razón para abrir incidente con respecto de ellos.