La bancada del Centro Democrático en la Cámara de Representantes y casi toda la del partido Conservador encendieron esta semana una polémica que ya se creía superada en Colombia: la de levantar las prohibiciones para el porte de armas. Los congresistas del partido del senador Álvaro Uribe le enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que le pedían que se flexibilizara el decreto del desarme que rigió durante 2018 en el país. Christian Garcés fue el representante que recogió las firmas de sus compañeros de bancada y salió a explicar la propuesta, en medio de críticas. En la carta los parlamentarios argumentaron que los “ciudadanos respetuosos de la ley y bajo constante amenaza están pasando por una situación de seguridad delicada. Ellos requieren de medidas amparadas en el derecho a la defensa personal y el desarme solo beneficia al delincuente que no se rige por restricciones legales”. Líneas más abajo decía que esos colombianos expuestos a riesgo constante requerían de “herramientas de protección”, entre las cuales estaba el porte de armas de bajo calibre. No fueron pocas las voces que se escucharon rechazando esa propuesta. Una de ellas fue la de la exsenadora Claudia López, quien recordó que en dos siglos Colombia nunca ha logrado el monopolio legítimo de las armas y la justicia. “Nos ha tomado 27 años desarmar 56.000 combatientes de 10 grupos armados ilegales. Batimos récords de violaciones a la vida y los derechos. ¿Y todavía hay quienes proponen armar a civiles?”, se preguntó López. El jurista e investigador Rodrigo Uprimny compartió en sus redes sociales un artículo publicado en el periódico The Guardian, que hace referencia a una investigación que demuestra que una mayor tenencia de armas en la población hace a los países menos seguros y no más seguros. El estudio es del American Journal of Medicine y fue publicado en septiembre de 2013. Pues bien, este domingo se conoció que el Gobierno prorrogará el decreto que durante 2018 suspendió el porte de armas en todo el territorio nacional. Sin embargo, también fue incluído un parágrafo que abre la posibilidad a que se expidan salvoconductos para casos especiales. Finalmente, el presidente este miércoles en la madrugada anunció que había firmado el documento, fechado el pasado 24 de diciembre.
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Pero no fue desde el Gobierno que se supieron los detalles de las nuevas disposiciones que firmó Duque. El expresidente Uribe publicó en su cuenta de Twitter un pantallazo del decreto, en que se lee el parágrafo que no estaba en el borrador que había publicado el Ministerio de Defensa unos días antes. El nuevo texto difundido por Uribe dice así: "El ministro de Defensa Nacional, durante la vigencia del presente decreto, impartirá a las autoridades militares competentes los lineamientos y/o directrices para la expedición de las autorizaciones especiales que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad y de las excepciones que corresponda, teniendo en cuenta enre otros factores, las condiciones particulares de cada solicitud".
Este es el texto del decreto anterior que rigió durante el 2018:
Este es el texto del borrador publicado por Uribe este martes en la noche:
Una hora antes de que Uribe trinara, el senador Ernesto Macías, presidente del Congreso, había celebrado que Duque hubiese prorrogado el decreto que prohibe el porte de armas en el país. E hizo la mención a los permisos especiales "para ciudadanos que así lo requieran y cumplan los requisitos".
La diferencia que marca el parágrafo respecto al decreto que regía anteriormente es la facultad explícita que se le da al ministro de Defensa para que defina los lineamientos o directrices para las autorizaciones especiales. Ante las dudas que surgieron del decreto, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que no están flexibilizando las condiciones para usar armas y quienes no cuenten con salvoconducto no las podrán usar en espacios públicos, en cambio, están aclarando las reglas de juego."Eso es lo que estamos quitando, esa discrecionalidad, se crean unas condiciones objetivas. Las condiciones objetivas pueden ser las de Ana María. Es un documento que está en construcción que explica claramente por qué necesita un arma. Ana María ya en el pasado ha sido víctima de atracadores o su familia ha recibido amenazas durante los últimos 10 años. Se puede estudiar su caso y se le podría entregar. Se disminuye la discrecionalidad", aseguró el jefe de la cartera a W Radio.