En Colombia hay razones suficientes para salir a marchar, pero la movilización convocada por diferentes movimientos sociales para el próximo 28 de abril tiene en alerta a las autoridades de salud debido al recrudecimiento del tercer pico de covid-19, un virus que ha dejado más de 70.000 muertos en el país. La situación debería llevar a los organizadores a pensar si esta protesta, en particular, es oportuna en medio de la difícil coyuntura sanitaria y económica. “Se viene un tsunami de muertes”, advirtió el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez.
A sus palabras se les sumaron las del secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien con justa razón dijo que “hay momentos de momentos”, y por eso les pidió a las organizaciones buscar alternativas para hacerse sentir, entre ellas, el cacerolazo, “pero no la aglomeración de personas”.
La semana pasada, Bogotá cerró con una ocupación casi al límite de sus unidades de cuidados intensivos, bajo la amenaza de un colapso hospitalario durante los próximos días. La misma crisis la sufren ciudades como Medellín y Cali. De hecho, varios pacientes han tenido que ser trasladados hasta Huila, Tolima y Caquetá, ya que las clínicas y los hospitales de las principales urbes están a tope.
Quienes organizan el paro del 28 de abril buscan sacar a la gente a las calles a protestar por múltiples razones, todas legítimas, una de ellas: la controvertida reforma tributaria. Centrales obreras, pensionados, estudiantes y líderes políticos de la oposición quieren revivir ese gran movimiento de protesta social que sacudió al país meses antes del inicio de la pandemia.
El senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, pidió incluso que la marcha sea indefinida y no se convierta en una jornada de cuatro horas. Pero eso podría empeorar la situación porque se aumentaría el riesgo de contagio. “Si Iván Duque retira la reforma tributaria del Congreso, la movilización se suspendería”, dijo Bolívar.
El Polo Democrático promueve la iniciativa y les pidió a los jóvenes salir a marchar. La representante a la Cámara María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, aseguró que la convocatoria sigue en firme y que lo único que podría cambiar las cosas es que se aplace la discusión de la reforma tributaria en el Congreso. “Lo que nosotros sabemos, por movilizaciones pasadas, es que no han generado un aumento en el contagio”, señaló Pizarro. Habrá, según ella, protocolos de seguridad, tapabocas, y será al aire libre. “Todo depende del comportamiento de la Policía, en el sentido de que no repriman la protesta y se generen aglomeraciones”, afirmó.
El problema es que, realmente, nadie puede garantizar que miles de personas acaten las normas del distanciamiento físico y usen correctamente el tapabocas, entre otras medidas. En países como España, las movilizaciones han sido muy polémicas por el alto riesgo de contagio. Igualmente, Colombia ya reporta los primeros casos de las cepas brasileña y británica, de mayor contagio.
De acuerdo con el senador Alexánder López, del Polo Democrático, el paro se organizó hace dos meses, cuando se empezó a hablar de la reforma tributaria. “Era impensable en esa época que para este momento estaríamos en una situación tan compleja de camas ucis como la que estamos viviendo”, afirmó. “Estamos literalmente entre la vida y la muerte, ante la posibilidad clara de que pueda colapsar el sistema hospitalario”, ha dicho la alcaldesa Claudia López.
Su sensato y angustioso llamado parece que no ha tenido eco, infortunadamente. Por ejemplo, la representante Pizarro le dijo a SEMANA “que si el Gobierno insiste en castigar el bolsillo de la gente, qué pretenden: ¿que la ciudadanía se muera de hambre sin decir absolutamente nada?”. Senadores como Iván Cepeda, Armando Benedetti, Feliciano Valencia, Wilson Arias, entre otros, impulsan este paro, que además tiene un innegable tufillo electoral, dada la campaña al Congreso y a la presidencia que se avecina en los próximos meses.
La izquierda, dice el analista Rodrigo Pombo, está ansiosa por salir a las calles, su principal escenario político y al que no han podido acudir en masa por cuenta del coronavirus. La pandemia disuadió las manifestaciones, pero hoy la política parece querer imponerse, sin medir las consecuencias. “Con o sin reforma saldrán a las calles porque empezó la campaña”, sostuvo Pombo.
Economía, el caldo de cultivo
A diferencia de los vecinos de la región, Colombia no se ha distinguido por ser un país de estallidos sociales. No obstante, muchos temen que la bomba estalle y que este gran paro nacional se asemeje al vivido el 21 de noviembre de 2019 y los días siguientes. En esa ocasión, Fenalco estimó pérdidas de 150.000 millones de pesos diarios. En la actualidad, la cifra podría ser menor, teniendo en cuenta que la economía sigue maltrecha por la crisis sanitaria y la producción a duras penas supera el 60 o 70 por ciento. No obstante, todo quedaría hecho pedazos si las jornadas de paro se extienden como hace dos años.
Esta semana, el Dane reveló que el PIB tuvo una contracción del 3,5 por ciento en febrero. Si bien la cifra es negativa, es el mejor registro que ha tenido el país desde que inició la pandemia. Y no es gratuito: en el segundo mes hubo una apertura que les permitió a los negocios retomar actividades y dar un paso más en el proceso de recuperación. Ahora, con los nuevos cierres presentados en abril, la cosa empeorará. El número de empresas que cerrarán seguirá creciendo y, por ende, el desempleo se mantendrá disparado. Si a esto se le suman las protestas anunciadas, tanto por la oposición como por los taxistas y otros gremios, apague y vámonos.
Si hay un mensaje que llega desde el sector privado es que este no es momento para parar. Y, en su lugar, plantean que haya alternativas a fin de que las personas manifiesten su descontento y busquen soluciones con su contraparte. Será tarea del Gobierno anticiparse a encontrar un punto medio, y la salida podría estar en el texto de la reforma tributaria. Desde el Comando Nacional Unitario, que reúne a diversos sindicatos, han asegurado que rechazarán en las calles este nuevo “paquetazo” del Gobierno Duque, al tiempo que exigen que se cree una renta básica.
Al unísono, afirman que la reforma debe hundirse, aun cuando esta amplía programas sociales y crea uno nuevo, con el cual el Ejecutivo planea darles recursos mensuales a 5 millones de hogares. Para Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, este panorama “lleva a sugerir que los líderes del paro piensen en maneras virtuales de manifestarse, para ser responsables con las prioridades del mundo de hoy, que son la salud y la vida”.
Agrega que las afectaciones económicas de este 28 de abril no se pueden estimar con exactitud, pero que, por lo general, vulneran la libre circulación, lo que desemboca en un aumento en los costos para el consumidor final y retrasos en las entregas de insumos y materias primas.
La economía se convierte una vez más en la piedra angular de las protestas y es claro que, como derecho constitucional, las personas tendrán garantías para alzar su voz. Lo que nunca será permitido es que de manera paralela haya una destrucción de la infraestructura de las ciudades y las empresas. Sobre todo porque el país avanza en su recuperación y ponerle otro palo en la rueda puede llevar a que la solución sea peor que la enfermedad.