El Archivo General de la Nación (AGN) custodia desde su nacimiento hace varias décadas el patrimonio documental del país. En su sede, un edificio diseñado y construido por el prestigioso arquitecto Rogelio Salmona, están almacenados las cartas, mapas, textos, manuscritos, decretos y documentos más valiosos e importantes de la historia de Colombia desde 1550, muchos de ellos incunables. En un ambiente conventual los funcionarios catalogan, preservan y restauran millones de folios que investigadores, historiadores, sociólogos, antropólogos y ciudadanos consultan a diario. Sin embargo, la tranquilidad del Archivo se empezó a ver alterada hace más de un año cuando, según algunos empleados de la entidad, llegaron en custodia 11.545 cajas con toda la información de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados que hacían parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Desde entonces, guardias de seguridad vigilan desde el exterior las seis bóvedas en las que reposan estas cajas, que son monitoreadas las 24 horas con circuitos de televisión y detectores biométricos. A esta zona solo pueden ingresar a buscar información miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia debidamente autorizados por el director de ese organismo, y lo deben hacer en compañía de funcionarios de la Procuraduría General y del mismo Archivo. También acceden, pero a una sala alterna y por orden judicial, fiscales o jueces que necesiten cierta información. Los pocos que llegan a este piso lo deben hacer siguiendo un estricto protocolo. Todo lo que allí se hace se graba en video y los documentos de consulta nunca pueden ser retirados de esa sala. Una vez finaliza la diligencia, los funcionarios regresan los documentos a las frías y oscuras bóvedas. En medio siglo, muy pocas personas han tenido acceso a los documentos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados, pues incluso dentro del propio DAS, solo un puñado de funcionarios y agentes podían hacerlo. Hoy, ni el director del Archivo, Carlos Alberto Zapata, sabe lo que hay allí. La presencia en el AGN de esa masa de información ha abierto una polémica en torno a si debe estar en esa entidad, y a la forma como todo el archivo del DAS fue depurado y repartido en varias entidades. Como se sabe, en 2011 el presidente Juan Manuel Santos decidió liquidar ese organismo de inteligencia por sus continuos escándalos y abusos, como perseguir, grabar o intimidar a magistrados, opositores y periodistas en hechos revelados por SEMANA. Ese proceso se hizo en un plazo fijado de tres años que finalizó con todo tipo de altibajos a mediados de 2014. El 11 de julio el gobierno expidió el decreto 1303 en el que estableció la forma como deberían ser distribuidos los procesos judiciales, archivos, bienes y activos de esa entidad. En vista de que las funciones del DAS, así como parte de los empleados, fueron repartidas entre la Policía Nacional, Migración Colombia, la Unidad de Protección y la Fiscalía, también les fueron entregados los archivos y series documentales correspondientes para seguir con esas tareas. Por ejemplo a Migración, que hace parte de la Cancillería, le enviaron 13.099 cajas con las hojas de vida de los extranjeros, tarjetas de extranjería, tarjetas andinas, listas de hoteles, barcos, correspondencia y todo lo relacionado con el control migratorio. Al AGN le asignaron la función de administrar y conservar todo el archivo general, incluidas las hojas de vida de los exempleados de esa entidad. De hecho, esa entidad quedó con la responsabilidad de expedir los certificados laborales y las peticiones de información. Entre las más de 25.000 cajas que le entregaron, que permanecían en una bodega cerca al aeropuerto El Dorado, estaban más de 44 millones de tarjetas decadactilares, que de no ser por la posición férrea de algunos expertos del Archivo, estuvieron en peligro de ser destruidas. Estas tarjetas eran un requisito para obtener el famoso pasado judicial del DAS, lo que quiere decir que en ellas está la información de millones de colombianos y de miles de delincuentes. Allí, por ejemplo, están dos tarjetas de Pablo Escobar. Además de que la repartición del archivo ha generado polémicas, ya que según varios expertos se debió conservar integralmente, hay serias denuncias por la forma como los documentos fueron manejados y depurados antes de entregarlos a las entidades receptoras. Varios exempleados del DAS le dijeron a SEMANA que la cafetería del edificio de Paloquemao fue acondicionada para esta tarea. En ese lugar un grupo de empleados, junto con jóvenes estudiantes del SENA contratados para agilizar la tarea, escogió entre miles de cajas y documentos, especialmente administrativos, lo que debía conservarse o no. “A pesar de que había algunos parámetros, terminó siendo una tarea caótica en la que cada quien decidía a su criterio lo que se debía destruir”, dijo una persona que participó. Allí también resultaron depurados los archivos de todas las seccionales que tenía ese organismo. En esta labor, según varios exfuncionarios, terminó involucrada la empresa Informática Documental SAS, que en 2012 firmó un contrato por más de 29.000 millones de pesos para prestar el servicio de archivo y correspondencia del DAS en liquidación. Algunos expertos consideran que esa empresa no tenía ni la experiencia ni la idoneidad para emprender una tarea de esas dimensiones, e incluso hay dudas sobre la forma como se le asignó el contrato y de la relación familiar entre los dueños con empleados del DAS. Con ese procedimiento caótico se habría destruido o perdido información fundamental, para aclarar numerosas investigaciones o juicios de vital importancia para la historia y la seguridad del país. SEMANA tuvo acceso hace dos años a los dossier originales de las operaciones encubiertas del DAS en Ecuador, en los que estaban los nombres de los agentes, las fachadas que usaban y las acciones que se habían adelantado, entro otros cientos de archivos originales de la institución. Incluso, exempleados de esa entidad estaban vendiendo los archivos originales de las operaciones encubiertas en Venezuela y todo el archivo paramilitar que tenía el DAS del Magdalena Medio, desde antes de la llegada de Yair Klein. La periodista Claudia Julieta Duque, quien fue perseguida y víctima del DAS, dijo que en ese proceso también se perdieron 60.000 archivos que estaban en papel de fax que se borra con el tiempo, un material que, a pesar de las peticiones de la Procuraduría, no fue reproducido en un medio más durable. Y en cuanto a la información digital, “toda la información de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados está perdida. Eran 54 gigas, según una inspección que hizo la Fiscalía a los computadores y equipos que tenía el DAS en liquidación y de las cuales solo quedarían 91 megas”. A ciencia cierta no se sabe qué información valiosa fue destruida o robada. Al final, más de 88.000 cajas fueron repartidas en cinco entidades. Lo cierto es que el gobierno, para garantizar la protección de los archivos físicos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados, decidió enviarlos al depósito, bajo extremas medidas de seguridad, al Archivo General. El director del Archivo dijo a SEMANA que se siente tranquilo al tener la custodia de ese material, pues tienen el conocimiento y la capacidad para hacerlo. “El hecho de no haberlo enviado a otra parte demuestra que el gobierno no tiene ningún interés de destruir ni ocultar una información que es fundamental para la historia y la verdad de los colombianos”. Y frente a los riesgos, dijo que el gobierno ha aumentado las medidas de seguridad. Pero algunos funcionarios y expertos consideran que el AGN, una entidad de carácter histórico y académico, no está preparada para tener esos documentos en un edificio que no cuenta con suficientes medidas de seguridad. “Si dicen que Pablo Escobar financió al M-19 para que se tomara el Palacio de Justicia con el fin de destruir los expedientes en su contra, ¿no podría pasar lo mismo hoy con alguna organización criminal, algún capo o incluso con miembros de las Fuerzas Armadas para destruir su historial criminal o evidencias contudentes en su contra?”, dice un empleado de la entidad. Para el senador Juan Manuel Galán, ponente de la Ley 1621 de 2013 sobre inteligencia y contrainteligencia, el traslado de este archivo al AGN fue una decisión desacertada: “Estos documentos que comprometen de manera sensible la seguridad nacional no solo necesitan de protocolos de seguridad para su consulta sino de una infraestructura de máxima seguridad que garantice su preservación. No estoy muy seguro que el AGN cumpla con estos requisitos”. A este riesgo se suma uno más. La ley creó una comisión que debe depurar los archivos de inteligencia, lo que genera dudas, ya que varios expertos consideran que se deben conservar como están, para que lo antiguo sea desclasificado y convertido en documentos históricos y lo reciente sea manejado en conjunto con inteligencia, la Procuraduría y el archivo. En todo caso, tres años después de haber sido liquidado, el fantasma del DAS sigue dando de qué hablar en el país.