Un vuelo que salió de Guaymaral y aterrizó en el aeropuerto de Providencia el pasado 23 de mayo de 2021 ha tenido a las autoridades dando vueltas estos últimos años. A pesar de que los vuelos a Estados Unidos con cocaína no son una rareza en el país, este en particular llamó mucho la atención.
Al aeropuerto de la isla, llamado El Embrujo, llegó la aeronave con 446 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 102.752.000 pesos, que estaban camufladas en supuestas ayudas humanitarias y material de bioseguridad por el tema de la pandemia. El momento era ideal para esa vuelta pues la droga se camufló como supuestas ayudas por la reciente destrucción de la isla tras el huracán Iota.
El Tiempo reveló un nuevo capítulo de esa historia. “En Estados Unidos están seguros de que ese narcovuelo es parte de una red —integrada por policías activos y retirados— que saca cocaína hacia Honduras para luego enviarla a territorio estadounidense”, sostiene el diario.
Las investigaciones sobre el tema han dado con varios responsables. Uno de ellos, el piloto Juan Camilo Cadena Botero, quien fue condenado a 10 años de cárcel. El Tiempo narra cómo esta semana Carlos Eduardo Restrepo Osorio, vinculado a la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi S.A.S.), a quien sus amigos conocen con el apodo de Caco, se entregó a la justicia de los Estados Unidos. Y podría tener qué ver con ese escándalo.
El hombre se habría dado cuenta de que las autoridades de los Estados Unidos estaban tras él y habría tomado la decisión de presentarse voluntariamente ante Julio Mena, del FBI, y Danny Fleycher y Daniel MacDonald, de la DEA, todos de la división de Tampa.
“El caso, que se maneja bajo absoluta reserva, ha llamado la atención porque, el pasado 10 de agosto, la empresa Sadi S.A.S. fue incluida en una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro de las indagaciones que se adelantan a las cuentas de la campaña Petro Presidente”, señala El Tiempo.
El diario recoge un aparte de la decisión de ese organismo que pide a la campaña de la Colombia Humana “entregar información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y como emisor, la empresa Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S., con NIT. 800.179.783-1, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022″.
Agregan que “se le solicitó a la Aerocivil chequear que los servicios de transporte aéreo efectivamente se hicieron, como lo aseguran los directivos de la campaña presidencial, entre ellos su entonces gerente y hoy cabeza de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán”.
El Consejo Nacional Electoral ha estado al frente de la investigación de esa campaña. Como se recordará, la entidad le metió el acelerador a ese proceso tras las revelaciones del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, de que habrían entrado 15.000 millones en la recta final de la aspiración de Gustavo Petro a la presidencia.
Ante todos estos hechos, el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación formal. El caso lo tienen los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático). Juntos expidieron un auto con fecha del 4 de julio.
Una de las pruebas que piden es “la apertura y manejo de las cuentas bancarias de la campaña en mención, en el ejercicio de la función de vigilancia atribuida al Consejo Nacional Electoral en el artículo 265 Constitucional y lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994 que confiere la facultad de inspección a esta Autoridad sobre la contabilidad de las entidades financieras”.
Según El Tiempo, hay dos gastos reportados de esa empresa de aviación. La primera, una factura SA4877, del 30 de mayo de 2022, de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S., por 2.770 millones de pesos. Y la segunda, un gasto por 799.654.000 de pesos por concepto de transporte, con la misma compañía.
Como la empresa está vinculada a Restrepo, el hombre que se habría entregado a los Estados Unidos, el tema ha generado mucha inquietud.